Caso PCR Canarias: Las investigaciones de El Cierre Digital base para los interrogatorios de la acusación popular

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, Francisco García García-Sotoca, juez instructor de la causa penal contra responsables del Servicio Canario de Salud (SCS), y la empresa RR7 UNITED SL, ha accedido a la solicitud de la ‘Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias’ para ‘ejercitar la acción penal mediante la actuación de la acción popular’ en este procedimiento, según avanza el presidente de este colectivo sanitario, el médico Guillermo de la Barreda, en base al auto judicial, documento al que ha accedido en exclusiva El Cierre Digital.

De la Barreda señala ante este diario que "la notificación  judicial -del pasado 22 de septiembre- estima su personación en este caso bajo una fianza de 3.000 euros, tras adherirse a la querella formulada por la Fiscalía Anticorrupción contra los denunciados". Sin embargo, aclara, aunque han intentado ingresar la fianza, "por un error administrativo todavía no se ha podido realizar", aunque están pendientes de hacerlo en cuanto se solucione la incidencia, para poder ejercer la acción popular y acceder al procedimiento.

El presidente de la asociación confirma que "la intención es estar presente en el interrogatorio, que se celebrará el próximo 28 de septiembre en sede judicial, para formular una serie de cuestiones a los imputados: al director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez -prevaricación administrativa y tráfico de influencias-, a la exdirectora de Recursos Económicos de esta entidad, Ana María Pérez -prevaricación administrativa-, y al administrador único de la empresa de venta de automóviles de alta gama, RR7 UNITED SL, Rayco Rubén González -estafa agravada y blanqueo de capitales.

La organización indica que ya están "preparados para las primeras comparecencias que se produzcan, aunque todavía carecemos de mucha documentación, pero hemos ido siguiendo las noticias de prensa, estudiamos las investigaciones de El Cierre Digital sobre este caso -denominado ‘PCR Canarias’, destapado por este medio-, para recopilar información de cara al interrogatorio a los imputados".

Objetivo: acabar con la corrupción en la sanidad canaria

"Este caso de las mascarillas 3M, identificadas FFP2 según un informe de la UDEF, pero no FFP3 como indicó la Consejería de Sanidad, que nunca fueron entregadas al Servicio Canario de Salud, pero que, además, fueron licitadas por 4 millones de euros por el propio director, Conrado Domínguez, a una empresa de venta de automóviles lujosos, RR7 UNITED SL, que nunca había tenido actividad en el área sanitaria y que se gestionó entre amigos de amigos durante la pandemia, sin dar cuenta de estos fondos públicos tras el incumplimiento de esta contratación, es un asunto que apesta", subraya De la Barreda, quien revela que el abogado José Luis Gutiérrez, experto en casos de corrupción, se encargará de la representación letrada de la asociación en su ejercicio de la acción popular.

Auto judicial. 

"El objetivo de nuestra organización es destapar la corrupción que se produce en el sistema sanitario del archipiélago. En este sentido, cabe destacar que algunos miembros del gobierno canario del presidente Ángel Víctor Torres han estado vinculados anteriormente a la actividad profesional en empresas sanitarias privadas. Por este motivo, es posible cuestionarse al menos su imparcialidad en las adjudicaciones públicas", argumenta De la Barreda. 

"La sanidad canaria ocupa uno de los últimos puestos en el ranking sanitario en cuanto a gestión, como resultado del proteccionismo y servilismo histórico de los diferentes ejecutivos canarios a favor del sector privado en detrimento de la sanidad pública, en la que sólo se invierte el 0,98 por ciento del presupuesto público destinado a la Sanidad canaria", manifiesta, pero también añade, "no nos extraña nada de la gestión durante la pandemia porque, realmente, ha sido solo la punta del iceberg, se están ocultando más datos, por lo que esperamos que se clarifiquen todos los hechos, salgan a la luz todas las mentiras y falsedades que tapan, y se haga justicia".

La polémica foto del presidente Torres con afines a RR7

"Tuvimos conocimiento de la denuncia que interpuso el empresario grancanario Juan Manuel Pérez [revelada por El Cierre Digital] contra una serie de irregularidades en las licitaciones públicas aprobadas por el Servicio Canario de Salud durante la pandemia, de las cuales, también nos venían informando personal sanitario", expresa De la Barreda.

Y denuncia la impunidad, según su opinión, "con la que se funciona en Canarias en el caso de algunos políticos, como la comisión de 1.350.000 euros cobrada por la mercantil RR7 UNITED SL que empleó para adquirir coches de alta gama" (incautados por la Policía Nacional tal como reveló este diario).

No obstante, el presidente de esta organización insiste en que "ante un escándalo como este, el Gobierno de Torres debería haber apartado a Conrado Domínguez del SCS, máxime cuando se ha conocido una imagen de Torres en un almuerzo con miembros cercanos a la empresa RR7 [el cuñado y asesor fiscal del querellado Rayco Rubén González] que está siendo investigada por la fiscalía", alega mientras defiende que los responsables del ejecutivo canario, Torres, Trujillo y Domínguez, tengan "que comparecer ante el Senado para dar explicaciones sobre los contratos Covid-19", tal como publicó El Cierre Digital.

Denuncias previas contra el director del SCS

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias recuerda que "con anterioridad se presentó otra denuncia contra el responsable del SCS, Conrado Domínguez [durante el mandato del ex presidente del gobierno canario, Fernando Clavijo, en la anterior legislatura 2019], por una prórroga que aprobó para las clínicas privadas, sin tener en cuenta al Parlamento de Canarias. El juzgado inició una investigación que, finalmente, quedó archivada al resolver el concierto sanitario el propio ejecutivo, no exento de manipulación política".

Y lanza una sospecha al aire, "Domínguez, podría haber sido ‘colocado’ por el gobierno actual en el SCS, debido a las presiones ejercidas por la sanidad privada, con el propósito de integrar un ‘submarino’ dentro de la sanidad pública para seguir manteniendo la sanidad concertada en las islas".