Militares españoles piden en la ONU mejorar las pensiones a los miembros que han sufrido heridas graves y a sus viudas

La ONU ha recibido la petición de mejoras en las pensiones de los militares o viudas de ellos que han perdido o bien la vida, o bien han sido heridos de gravedad por delincuentes comunes. “El ejemplo es claro. En un atraco un policía o militar que es herido de gravedad por un ladrón normal percibe una pensión de 800 o 900 euros, si quién le provoca esas heridas irreversibles es un terrorista aumentan considerablemente. Es a todas luces ilógico cuando el resultado de las acciones es el mismo independientemente de quién las provoca”, asegura el abogado Fernando Osuna que ha llevado a cabo la defensa de estos miembros de los cuerpos de seguridad a Elcierrdigital.com.

“Los denunciantes son Militares Profesionales, Policías Nacionales y Guardias Civiles, que han pasado a situación de retiro o jubilación por incapacidad permanente derivada de acto de servicio, es decir, por accidente ocurrido durante el desarrollo de la actividad propia de su profesión”, explica el abogado.

“Pues bien, la cuestión que se plantea en esta denuncia es que la diferente consideración de las pensiones extraordinarias de esos dos colectivos, al excepcionar el límite de unas y no excepcionar del límite a las otras, vulnera el artículo 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y esa vulneración se produce por cuanto se priva a las pensiones extraordinarias de retiro de militares, policías y guardias civiles derivadas de incapacidades ocurridas en acto de servicio de parte del importe de su pensión de incapacidad, que cubre sus necesidades personales y familiares, y esa limitación de las pensiones, no rige sin embargo para las pensiones extraordinarias de retiro derivadas de actos de terrorismo”, ha puntualizado Osuna.

La historia de esta pelea por que se reconozca esta mejora en sus pensiones arrancó en una petición a los Ministerios de Defensa e Interior que lo denegó. De ahí pasaron a un Tribunal Económico-Administrativo con el mismo resultado. Lo mismo ocurrió cuando recurrieron a la Audiencia Nacional y después al Tribunal Constitucional.

Sede internacional de la ONU / Europa Press

Lo peor estaba por llegar. Cuando recurrieron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la petición fue rechazada por el magistrado andorrano Pere Pastor. Ahora, Fernando Osuna ha pedido la recusación del juez ya que considera que, aunque se ha cumplido la norma europea de que no estuviera un juez del país afectado, “se puede considerar que, con todos los respetos, España y Andorra son prácticamente lo mismo”.

Los militares, guardias civiles y policías consideran que no había justificación para dicho límite, que se estableció sin una base que lo fundamentase, y que fue una medida provisional que se sigue manteniendo. Así, este tope no se justifica en la exposición de motivos de la Ley en la que, por el contrario, se afirma: "El presupuesto para 1984 potencia, dentro de las posibilidades existentes, la cobertura de los servicios sociales, desempleo, pensiones y haberes pasivos, cuyas dotaciones son las que experimentan mayores aumentos".

 La medida se ha prolongado, y las Leyes de Presupuestos Generales del Estado establecen anualmente un límite máximo de percepción para las pensiones públicas, que no puede ser superado por la pensión o la suma de las pensiones públicas que perciba un mismo beneficiario, y de este modo, el tope de las pensiones se mantiene desde hace 26 años, si bien actualizado todos los años en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Únicamente están excluidas de la aplicación de dicho límite las pensiones derivadas de actos de terrorismo, así como la prestación complementaria que otorga tanto el mutualismo administrativo (MUFACE, MUGEJU e ISFAS), como la Seguridad Social, en concepto de “Gran Invalidez” (50% de la pensión).

Guardias Civiles piden reingreso en el cuerpo después de ser expulsados

No es la única reclamación que en los últimos días han protagonizado los cuerpos de seguridad del Estado. Las asociaciones de guardias civiles han pedido al Gobierno de Pedro Sánchez el reingreso de aquellos miembros del Cuerpo que fueron expulsados en la década de los ochenta por liderar o participar un movimiento para democratizar este cuerpo de seguridad, mediante del derecho a asociarse o coaligarse a través de sindicatos o asociaciones.

Joaquín Parra Cerezo, líder de IGC (Independientes de la Guardia Civil) fue uno de los expulsados y acusados de sedición en aquella época. "Se nos acusó de sedición, pero ninguno fue condenado. Entonces optaron por acudir a la vía disciplinaria y nos expulsaron”, afirma el presidente de IGC.

“Intentamos crear un sindicato y si no salía adelante la idea, pues asociarnos de cualquier otra manera. Sufrimos persecución, porque por entonces se creía que era subvertir el orden constitucional”, asegura Parra, quien ganó la batalla judicial en dos ocasiones y fue readmitido por sentencias del Tribunal Constitucional. Parra presidió el antiguo sindicato clandestino SUGC (Sindicato Unificado de la Guardia Civil) y actualmente es sargento en activo.

Desde IGC aseguran que fueron muchos los guardias civiles que sufrieron cárceles y calabozos militares, hasta que los procedimientos judiciales se sobreseyeron o se obtuvieron las sentencias en el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo. Incluso Tribunales Militares reconocieron vulneraciones de derechos humanos a la Guardia Civil, sin que tuviera justificación por su naturaleza militar.

Hasta el año 2007 no entraron en vigor leyes para la protección de estos derechos en el ámbito de la Guardia Civil. Pero la mayoría de los guardias civiles que lucharon por el derecho de asociarse o terminaron jubilados a edad temprana por su “incompatibilidad moral” con el sistema que regía la Guardia Civil o no pudieron reingresar. “Por no acertar en su defensa jurídica no han conseguido ganar los recursos, pero lo único que querían es que se respetaran sus derechos fundamentales”, manifiesta Joaquín Parra.

Quieren que les escuchen

Por ello, piden al Gobierno que escuche la reivindicación de reingresar a los guardias civiles pioneros en esta lucha expulsados en su momento y que se actúe a través de todos los mecanismos legales para reincorporar a estos miembros de la Guardia Civil.

Parra no pierde la esperanza de que esto ocurra, pero con el anuncio de las elecciones generales para el 28 de abril este deseo puede verse truncado. "Lo que está claro es que hay una deuda histórica y los afectados sufren una situación de cierta injusticia", asegura y añade que "espero que en dos meses pueda haberse resuelto la situación, antes de que se cambie de Gobierno".

Entre los agentes de la Benemérita que nunca consiguieron el reingreso se encuentra Manuel Rosa Recuerda, uno de los más destacados en la participación de este movimiento democrático, conocido como Cabo Rosa. Otro es el Sargento José Morata Gargallo, que fue expulsado tras conseguir el registro de la asociación cultural conocida como Coordinadora Pro (COPROPRER), más tarde denominada como AUGC. Según IGC fueron perjudicados por la gestión de Luis Roldán (ex Director General de la Guardia Civil).

En este grupo también se encuentra José Piñeiro Gónzalez, primer presidente de COPROPER y promotor del movimiento en Navarra o el ya fallecido Manuel Linde Falero, quien coordinaba el movimiento democrático a finales de los años ochenta en La Rioja.

Actualmente, debido a la edad de los perjudicados únicamente podrían reingresar en el cuerpo en la situación de Retirados o Reserva, aspirando como mucho a un reconocimiento de su antigüedad, ascenso al empleo que les correspondiera y a una indemnización pactada con la Administración, además del reconocimiento público de sus compañeros.