Caos en cárceles españolas por falta de médicos: "Hay un 64 por ciento de plazas sin cubrir"

La situación en los centros penitenciarios continúa con sus problemas. El pasado 12 de julio el sindicato ACAIP-UGT presentó una queja ante el Ministerio del Interior por la diferencia de plazas de empleo público ofertadas para instituciones penitenciarias y las anunciadas por el Ministerio. Ahora es turno de la sanidad penitenciaria. Según datos oficiales, de las 525 plazas de médicos existentes en las prisiones españolas 336 están vacantes, lo que significa que el 64 por ciento de las plazas está sin cubrir.

Desde el sindicato ACAIP-UGT denuncian que “esta situación es insostenible. Tenemos muchos centros sin médicos y en otros la atención es muy precaria por el déficit de facultativos. Hace unos meses se anunció la contratación de nuevos interinos para paliar el problema, sin embargo, no solo no se ha producido esta contratación, sino que se ha despedido a los que ya estaban ejerciendo, dejando en precario los centros en plena época estival”. 

"Los médicos son claves para el buen funcionamiento"

Dentro de las prisiones los médicos son una pieza clave del engranaje de los centros, ya que tienen la misión específica de atender a los internos a su ingreso y de hacer una valoración clínica y cribado para evitar problemas de salud pública en el interior, como brotes de enfermedades infecciosas. Además, tienen un papel esencial en la detección precoz de enfermedades mentales y en la correcta administración de fármacos. Por ende, los médicos intervienen en muchos aspectos regimentales y de tratamiento de las personas privadas de libertad.

Elcierredigital.com ha contactado con Joaquín Leyva, portavoz de ACAIP-UGT, que confirma que “la función de los médicos no es meramente sanitaria, sino que además tienen otras funciones de carácter regimental que los convierte en una parte esencial de las prisiones y de la reinserción de los internos. Nos abocamos a un problema serio de salud pública porque si no se hace un correcto cribado de enfermedades cuando un interno acaba de ingresar, se puede contagiar el resto de la población reclusa.

Si esta problemática no se solventa, vamos de cabeza hacia el caos. Estamos hablando de que está en riesgo la vida de los internos, es un tema muy serio. La sociedad de prisiones no es una sociedad al uso, por lo que la ratio enfermo-médico no puede ser la misma que en la calle”.

Centro penitenciario.

La población reclusa se caracteriza por contar con elevados problemas de salud derivados de adicciones o de una atención deficitaria en el exterior ya que, normalmente, se trata de personas poco sujetas al sistema, por lo que es prioritaria la atención médica inicial. 

"La situación es preocupante porque solo va a peor"

“En el año 2021 tuvieron que ser atendidas 26.5847 urgencias, casi veinte mil de las cuales vinieron derivadas de incidentes regimentales, además, el 43% de las altas en las camas de enfermería de los centros están relacionadas con patologías psiquiátricas, por lo que la supervisión médica es imprescindible. Centros como Murcia, Tenerife o Cáceres no tienen ninguna plaza cubierta y en otros como Zuera, Castellón II o Valladolid, el déficit es del 90%. Un dato destacado también es el de Valencia, la prisión más grande de España, con 2.000 internos solo cuenta con 3 médicos”, señalan desde ACAIP-UGT. 

Joaquín Leyva argumenta que “lo peor de todo es que cada vez que tenemos una actualización de las plazas de médico vamos incrementando las vacantes. El año pasado, en estas mismas fechas, el déficit era del 61% y este año ya vamos por el 64%. No se cubren plazas y cuando se ofertan nuevas plazas no se presentan casi médicos porque no es atractivo, ya que ganan menos, tienen exclusividad y el riesgo es mayor. En las últimas convocatorias tan solo se cubrió un 10% de las plazas”. 

Centro penitenciario de Botafuegos.

Desde el sindicato reclaman que “el colapso de la sanidad penitenciaria es cada vez más palpable, no se pueden poner parches a un problema cuya solución pasa por el cumplimiento de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del sistema de salud, que, en su disposición adicional sexta, establece que las comunidades autónomas, en el plazo de 18 de meses, debían hacerse cargo de las transferencias sanitarias de prisiones. Veinte años después tan solo Navarra las ha asumido, junto con las comunidades que tienen las competencias en la gestión penitenciaria, Cataluña y País Vasco”.

“Desde ACAIP-UGT entendemos que la solución del problema pasa por un compromiso por parte de la administración penitenciaria y de las propias comunidades autónomas de no dejar caer el sistema sanitario penitenciario. No es solo una cuestión de atención médica, se trata de la más elemental asistencia y de no establecer una doble pena a quienes se encuentran privados de libertad, sin obviar la grave alteración del orden y los problemas de seguridad que genera en los centros penitenciarios la falta de atención sanitaria”, concluyen desde el sindicato.