Las puertas giratorias en las eléctricas: Más de 60 políticos han ocupado puestos de relevancia super remunerados en las compañías de la luz

El precio medio diario de la electricidad en el mercado mayorista ha experimentado en las últimas semanas una escalada sin precedentes alcanzado cifras como la del pasado jueves, cuando se disparó hasta los 188,18 euros el megavatio hora, una subida del 268% respecto al mismo día del año anterior, cuando se registró un precio de 51,05 euros. 

La "empatía social" a la que aludía la vicepresidenta tercera del Gobierno de Pedro Sánchez y responsable de la cartera para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, parece que no es motivo suficiente para que las empresas eléctricas rebajen unas tarifas cuyas continuas alzas asfixian ya a pequeñas, medianas y grandes empresas, que trasladan este incremento en el coste de sus productos y servicios, con el consiguiente encarecimiento del carrito de la compra y sus consecuencias para los bolsillos de todos los ciudadanos que residen en España. 

Un auténtico despropósito por el que el Ejecutivo socialista ha aprobado una batería de medidas destinadas a que este descontrol no se traslade a la factura final de los consumidores, que esperan se reduzca hasta un 22%. Entre las propuestas, la rebaja del impuesto especial de la electricidad, la suspensión del impuesto de generación eléctrica, el recorte de los beneficios extra de las generadoras mediante un mecanismo que permitirá al sistema eléctrico recuperar 2.600 millones de euros hasta marzo de 2022 o la limitación de la tarifa regulada del gas.

El plan de choque, que expertos tildan de "alivio transitorio" e "insuficiente", ha despertado, no obstante, la ira de las empresas eléctricas que, tras el anuncio, amenazaron con cerrar las centrales nucleares del país alegando una supuesta inviabilidad económica. Toda una ofensiva que pretende ser un pulso al Gobierno -hay que tener en cuenta que los reactores operativos en España cubren entre el 20% y el 22% de la demanda eléctrica- y que es resultado de años de un sistema de 'puertas giratorias' que ha mantenido en la total inmunidad a un sector que especula con un bien de primera necesidad. 

El coste de las 'puertas giratorias' 

La lista de políticos que se sientan o se han sentado en los mullidos sillones de, por ejemplo, Endesa, Naturgy o Iberdrola produce sonrojo. De siete presidentes del Gobierno que ha tenido España desde la muerte de Francisco Franco, tres de ellos terminaron a sueldo de las eléctricas. Véase Leopoldo Calvo Sotelo, segundo presidente de la democracia (1981-1982), que fue fichado por Unión Fenosa -ahora Naturgy- en 1998 y que ejerció el cargo en el consejo de administración de la compañía hasta 2002. También el socialista Felipe González, quien en 2010 fichaba como consejero de Gas Natural con un sueldo mínimo de 126.500 euros anuales. Cinco años después, el expresidente abandonó su puesto ya que el trabajo le resultaba “aburrido”. El 'popular' José María Aznar, que presidió el Gobierno entre 1996 y 2004 e impulsó la privatización definitiva del sector, fichó en 2014 como asesor del Consejo de Administración de Endesa con un sueldo de 200.000 euros anuales, ampliables a 300.000. 

Además, más de 20 ministros, tanto del PSOE como del PP, pasaron de diseñar e impulsar las normas que rigen el mercado eléctrico a ocupar los altos cargos del sector. Por ejemplo, los socialistas Miguel Boyer -que dejó su cargo en Red Eléctrica de España en 2014 después de agotar el número máximo de mandatos-, Joan Majó i Cruzate, Josep Borrell, Narcís Serra i Serra, Javier Solana, Ángeles Amador Millán, Luis María Atienza Serna, Jordi Sevilla, Pedro Solbes, Beatriz Corredor, Cristina Garmendia y Elena Salgado. Si sumamos además, secretarios de Estado, consejeros y demás cargos políticos, en las filas del PSOE, una treintena de nombres han pasado por las 'puertas giratorias'. 

Pedro Solbes. 

En cuanto al Partido Popular, ministros como Rodolfo Martín Villa, Isabel Tocino, Josep Piqué, Ángel Acebes, Pío Cabanillas Alonso, Ana Palacio, Luis de Guindos, Fátima Báñez e Isabel García Tejerina también pasaron de la política a las eléctricas. Rodrigo Rato, aunque no estuvo directamente en plantilla, facturó a Endesa 25,8 millones de forma ilegal. Así, excluyendo a Rato, de las filas del PP un total de 36 cargos acabaron trabajando para los intereses de las eléctricas.