Preocupante incremento de agresiones homófobas: Más de 300 en el último año

El pasado 1 de julio, tras más de diez meses, Galicia reabría el ocio nocturno. Esa misma noche, en A Coruña, un joven sale de un pub junto a una amiga y tras un malentendido provocado por una videollamada. lo matan a golpes entre varios jóvenes al grito de “maricón”. Desgraciadamente, este hecho no es algo nuevo.

Noche del 29 de mayo. En una playa de Barcelona dos parejas gais y una heterosexual hablan tranquilamente hasta que tres personas se acercan. Tras proferir varios insultos, se abalanzan sobre los cuatro homosexuales. Uno de ellos, el más malherido, acaba con una rotura maxilofacial.

Una semana después, en un parque de Basauri (Vizcaya), de madrugada, un joven pasa el rato con amigos. Esta vez es un grupo de trece individuos el que, al grito de "maricón de mierda", lo golpea con puñetazos y patadas hasta que, con él ya inconsciente, los testigos alejan a los agresores.

Valencia, durante la noche de San Juan. Un joven de diecisiete años es agredido por el simple hecho de ir de la mano con otro chico.

Todos estos acontecimientos suceden en lugares distintos, alejados unos de otros,  pero todos tienen una misma causa y un mismo trasfondo: la homofobia.

"Estas agresiones están aumentando. La LGTBIfobia no nos la hemos inventado en 2021, pero la realidad es que se está produciendo un incremento", explica Amets Martínez de Heredita, coordinador de Ikusgune, el Observatorio contra la LGTBI+fobia de Vitoria-Gasteiz, sobre una situación que varía en cada autonomía pero que, solo en Catalunya, deja este año, más de 90 incidentes registrados, según l’Observatori contra l’Homofobia de Catalunya (OCH).

No son datos infrecuentes. Si se comprueba el número de víctimas de delitos de odio por orientación sexual o identidad de género, el ‘Informe de la evolución de los delitos de odio’ en el año 2019, el último con datos recopilados por el Ministerio del Interior en toda España, ya señalaba que al menos 321 personas habían sufrido ataques por estos motivos.

Para Rafael Ruiz, trabajador social de la asociación Lambda y coordinador del Servicio Orienta en Valencia, detrás de estos ataques existe "un odio hacia los grupos vulnerables, un ‘no queremos que estés aquí’". Es una visión alimentada por los discursos lanzados especialmente desde la extrema derecha. En Madrid, sin ir más lejos, Vox ya ha pedido a la presidenta Isabel Díaz Ayuso que derogue las normas LGTBI autonómicas por ser "leyes de género propias de la izquierda más radical" y la presidenta del PP se ha mostrado dispuesta, al menos, a revisar algunas. Este tipo de mensajes, según comenta Rubén López, director de Observatorio Madrileño contra la LGTBIfobia, da "una coartada a la gente que piensa que tiene el derecho a agredirnos".

Justicia

"El imaginario que se ha construido socialmente sobre el castigo imputable por agredir a una persona LGTBI es cero, es gratis", lamenta Eugeni Rodríguez, presidente del OCH. "Las víctimas tienen una sensación de desolación absoluta, de no entender nada, de impotencia máxima", relata.

Acabar con las agresiones homófobas sigue siendo una prioridad para las asociaciones y para el Estado, pero el camino por recorrer es aún muy largo. Toño Abad, director del Observatorio valenciano contra la LGTBfobia y López coinciden al señalar que uno de los muchos escollos a superar es la falta de sensibilidad de los jueces. "El poder judicial no está sensibilizado con la realidad LGTBI, y eso es lo que pedimos mejorar. El agravante de delito de odio no se tiene en cuenta prácticamente nunca en los juicios, aunque esté contemplando en la ley".

Manifestación a favor del colectivo LGTBI.

"La homofobia y la discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género es una agravante que contempla el Código Penal", sostiene Abad. "Aquí hay un orden legal y jurídico y hay que respetarlo. Lo que pasa es que sale muy barato pegar una paliza a un maricón. Muchas veces se juzga una agresión homófoba y no se aplica el agravante de odio, por lo tanto, ya no se considera un delito homófobo", añade el director del Observatorio Valenciano contra la LGTBFobia.

El coordinador de Ikusgune destaca la importancia del trabajo de empoderamiento de la víctima, porque "cuando estamos frente a un delito de odio como una agresión LGTBI-fóbica, no se trata de una agresión concreta a esa persona, sino que de un ataque a todo el colectivo". "Hay que enviar el mensaje de que son nuestros derechos y hay que defenderlos. El colectivo tiene que estar unido", coincide Rafael Ruiz.

Un problema de educación

Como explica Rodríguez, "las administraciones públicas tienen que trabajar siempre con la complicidad del tejido asociativo". Así, frente a casos como el de Hungría, donde una polémica ley ha prohibido que se hable a los menores de homosexualidad en los centros educativos, los responsables asociativos coinciden en la importancia de actuar justamente desde este ámbito, el de la educación para que los más jóvenes se formen desde la base en la igualdad. "Para nosotros esto es crucial porque precisamente el agresor sigue siendo una persona muy joven, menor de 30 años en un alto porcentaje", narra López.

Según los datos del ‘Informe de la evolución de los delitos de odio’, de los 137 agresores identificados en 2019 por motivo de orientación sexual o identidad de género, el 41 % (57) tenía menos de 25 años.

Sin embargo, como recuerda Martínez de Heredita, la educación en las aulas no es el único camino, ya que en sus casas los más jóvenes pueden encontrarse también esos discursos discriminatorios.

"Nosotros siempre decimos que cuando hablamos de gente joven vemos el mundo que tenemos. Y este mundo no lo ha creado la gente joven", reflexiona el dirigente asociativo vasco, que añade la importancia de que se realicen campañas "muy concretas" dirigidas al colectivo heterosexual para sensibilizar en la lucha. 

Chica con pancarta LGTBI.

Asimismo, como reconoce el coordinador de Ikusgune, otro de los puntos clave a desarrollar es el de mejorar la formación en ámbitos como el policial. "Hacen falta formaciones de verdad para que quien tenga que redactar una denuncia sepa cómo tiene que hacerlo y no haga preguntas que no debe hacer", subraya Martínez de Heredita. "Hay que educar en el trato a la persona que va a hacer una denuncia, para que se sienta protegida", añade Rafael Ruiz.

Esta sensación de seguridad, no en vano, resulta elemento esencial para que las denuncias se acaben efectuando, más aún si se tienen en cuenta los obstáculos que aún hoy frenan parte de las mismas, desde no hacer pública su orientación sexual a las propias dificultades del proceso, pasando por las vivencias personales o el miedo a ser juzgado o rechazado.

Y es que la lucha contra la discriminación LGTBI aún tiene muchos retos por delante.