El presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, denunciado por el Gobierno de Estados Unidos por vender armas a Irán

Según los informes a los que ha tenido acceso elcierredigital.com el presidente Aperribay comenzó siendo objeto de investigación el 2 de septiembre de 2009, literalmente por “lavado de dinero y delitos financieros”. Quien comenzó la investigación fue la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA), que dio traslado de sus averiguaciones al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE), a la Agencia Federal de Seguridad, Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Una copia de este primer expediente, que ocupó 317 páginas, fue enviada al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), como archivo de seguridad. También se indica que Aperribay puede “ser localizado en España, Europa y América”. La información contenida dentro está firmada por Saharline M. Johston, tal y como consta en la documentación remitida al DHS.

Primera página del informe americano de Aperribay.

En este primer documento sólo aparece identificada la figura de Jokin Aperribay, sin embargo, el 9 de septiembre del mismo año un nuevo informe especifica que además de Aperribay han sido investigadas otras dos personas: Omar H. Ismanbulo y Raúl T. López del Campo. En ese caso, además, se aclara que el informe ya consta de 328 páginas, es decir, que “engordó” 11 páginas en una semana.

En un apartado se explica que “agentes especiales de la NSA y la ATF han investigado a presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, por estar en el negocio internacional de armas ilegales. También forman parte de esta investigación Omar H. Ismanbulo y Raúl T. López del Campo. Hemos reunido todas las investigaciones de la CIA y hemos compartido información con el ICE, DHS y Europol. Toda la investigación familiar de Aperribay debe continuar”. Este segundo informe está firmado por Chester M. Calabert, agente especial, sin especificar para qué agencia trabaja. 

Todas las investigaciones fueron judicializadas poco después por la Corte del Distrito Norte de Texas como "Caso Número 573/2019" y el 20 de agosto de 2019, por el juez Mark Steven Davis, en la ciudad de Alexandria, del estado de Virginia, a diez kilómetros de distancia de Washington D.C. Este magistrado decidió en agosto de este año abrir un “criminal complaint”, es decir, una denuncia criminal por los supuestos delitos relacionados con “armas de fuego y munición”. “La denuncia criminal está basada en los siguientes hechos: Investigaciones Internacionales de la NSA-ATF-DHS”, explica en su resumen. Además del juez, firma esa denuncia de Estados Unidos contra las tres personas mencionadas, Cral F. Barcherie, agente especial de la NSA. 

Imagen de la copia de la CIA.

Tal y como ya contamos en elcierredigital.com, la investigación contra el presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, fue reactivada después de que su empresa familiar Sapa Placencia de la Armas cobrase 28 millones de euros del ministerio de Defensa de Irán por proveer de un motor propulsor a un nuevo vehículo anfibio comprado por el ejército de aquel país. La operación Ruho, iniciada por la CIA dio con el origen de estas piezas en una fábrica de la localidad guipuzcoana de Andoain. Esto es lo que da lugar a la apertura de una denuncia judicializada. 

Sapa es la empresa de la familia Aperribay, en la que Jokin consta como apoderado solidario. La empresa factura en 2017 unos 2,5 millones de euros y se dedica a “cualesquiera actividades comerciales, industriales de construcción, fabricación, reparación, mantenimiento, tecnológicas, de servicio post-venta o de investigación relacionada con material de defensa, preferentemente de sistemas para cualquier tipo de vehiculos o carros de combate (…)”, como figura en el registro mercantil. 

Esta investigación contra Aperribay se inició después de que el gobierno estadounidense de Donald Trump decretase un embargo tecnológico y de venta de armas por parte suya y de sus socios de la OTAN, entre los que figura España. La empresa de Aperribay, Sapa Placencia de las Armas SL, firmó el mencionado contrato en 2015 con el régimen de los Ayatolás de Irán. Para ello contó con el visto bueno del entonces ministro de Defensa del Partido Popular, el vizcaíno Pedro Morenés, ya que fue durante su época como titular ministerial del gabinete de Mariano Rajoy cuando se firmó este sustancioso contrato con los iraníes para la producción del motor propulsor y generación de energía para los sistemas “embarcables” de los vehículos 8x874, unos coches anfibios usados para el desembarco de tropas y material.

Primero de los informes realizados a Aperribay por la NSA.

El negocio se cerró por 28 millones de euros de coste total, aunque realmente los costes de producción sumaron 17 millones, lo que supone un beneficio de 11 millones de euros. Es decir, un margen comercial de más del 40 por ciento del importe real, algo habitual en las empresas dedicadas al negocio armamentístico. A pesar de todo, la empresa Sapa Placencia presenta pérdidas en sus balances anuales con alguna frecuencia. 

En la operación se estipuló que el contrato se pagará en cuatro plazos por parte del gobierno de Irán. El primero de los cuales se realizó a principios de 2019. Fue entonces cuando el gobierno de Estados Unidos intentó bloquear las cuentas de la familia Aperribay y de su empresa Sapa Placencia de las Armas SL, que esperaban la recepción del primer plazo en este mes de septiembre en una cuenta en el extranjero que el servicio secreto americano de la CIA ha conseguido bloquear. Sin embargo, según las fuentes consultadas por elcierredigital.com, el primer plazo ya ha sido cobrado en otra cuenta.

Sede de Sapa Placencia de las Armas.

El contrato fue firmado en el año 2015 y durante dos años se realizó la producción en las fábricas de Sapa. Curiosamente, en este período el consejo de administración de la empresa de los Aperribay fichó a el exministro popular Pedro Morenés, tras abandonar el último gobierno de Mariano Rajoy. 

La última investigación que ha dado lugar a su judicialización se enmarcada dentro de una operación que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) denominó "Operación Ruho", en clara referencia a Ruhollah Musavi Jomeini, el ayatolá iraní fallecido en septiembre de 1983. 

Curiosamente, el 28 de diciembre de 2007 -día de los Santos Inocentes- se aprobó una iniciativa legislativa por la cual el Gobierno Vasco se comprometía a no colaborar con “aquellas personas físicas o jurídicas dedicadas a la producción, comercialización y financiación de armas”. Sin embargo, ocho días más tarde, el Boletín Oficial del País Vasco anunciaba la concesión a la empresa armamentística SAPA de una subvención de 3.000.000 de euros.

Puestos en contacto con la fábrica de Sapa Placencia en Andoain, una portavoz aseguró hasta en dos ocasiones a elcierredigital.com que “el señor Aperribay no tiene ningún problema legal en Estados Unidos”, enfatizando esta afirmación y negándose a dar cualquier otra explicación, al igual que ocurre habitualmente con el Gabinete de Prensa de la Real Sociedad.