Eduardo Zaplana, el cabecilla del caso Erial: implicado en el desvío de diez millones a Luxemburgo por el cobro de comisiones por adjudicaciones en Valencia

La Fiscalía Anticorrupción cree que los diez millones y medio de euros presuntamente desviados por la trama se habrían cobrado como comisión por las adjudicaciones. Eduardo Zaplana habría utilizado presuntamente hasta nueve sociedades para poder desarrollar esta operativa de cobro. Juan Cotino, expresidente de las Cortes Valencianas y que ocupó varios cargos en esa comunidad.

Según el relato que hace el fiscal en las diligencias las sociedades usadas fueron Imison International, de Luxemburgo, Inversiones Imison, Servicio de Excavaciones, Valencia de Revisiones SL, Levantina de Obras y Servicios SL, Proyectos Eólicos Valencianos, Inversiones Impega y Poinds Net. Se da la circunstancia de que la sociedad radicada en Luxemburgo está administrada por Beatriz García Paesa, sobrina del espía Francisco Paesa y que residió durante muchos años en la Comunidad Valenciana.

María Isabel Rodríguez, titular del juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, cree en las diligencias que es “evidente que esta asociación de personas tiene como cabeza a Eduardo Zaplana, que presuntamente se valió en su día del cargo que ostentaba haciendo partícipes al resto de los investigados, pues los necesitaba para que desempeñaran determinados papeles, beneficiándose a su vez”.

Juan Cotino, exdirector general de la Policía.

Las adjudicaciones amañadas habían reportado unos sobornos de 10.521.311 euros que fueron desviados a dos sociedades en Luxemburgo, Imison Internacional con 6,4 millones de euros y Fenix Investments con 2.186.000 euros, gracias a una operación de compra venta de acciones realizadas por Vicente y José Cotino, sobrinos del exdirector General de la Policia. De este dinero, unos 2,9 millones de euros de Imison y 2,1 millones de Fenix volvieron a España.

La empresa Imison devolvió el dinero a España a través de otras sociedades como Costera del Glorio, Medlevante, Gesdesarrollos Intergales y Turnis Sylvatica, el resto el dinero fue desviado presuntamente, según el sumario, a las empresas Minsley y Disfey, con residencia en Uruguay y a nombre de supuestos testaferros de Zaplana.

El dinero de Fenix, unos 2,3 millones de euros, se acogieron a la última amnistía fiscal de Mariano Rajoy y fue blanqueado de esa manera, antes de liquidar la sociedad en el año 2012. Los pagos de comisiones, cerca de 8,5 millones de euros, se produjeron, según las investigaciones, durante los años 2005 y 2006 por el grupo Sedesa, propiedad de los Cotino.

La sociedad Imision Internacional es una firma radicada en Luxemburgo y controlada por Beatriz García Paesa, según dice el fiscal en varios de sus escritos, mientras que Fenix Investments es propiedad de Juan Francisco Garcia, exjefe de gabinete de Eduardo Zaplana en la Generalitat y presidente de la mesa de contratación en la que se resolvió la adjudicación de las ITV.

Casualmente, tanto Imision como Fenix se constituyeron en Luxemburgo el mismo día, el 16 de mayo de 2001, con idénticos administradores fiduciarios. En contraprestación, el grupo de los Cotino, Sedesa, obtuvo por la actividad empresarial unos beneficios de 86,6 millones de euros, que según la Fiscalía Anticorrupción, podrían dar lugar a sobornos por el 10 por ciento del negocio.

Sobornos por concesiones de las ITV y Parques Eólicos

En el caso Erial se investiga el presunto cobro de comisiones derivadas de las concesiones de ITV y parques eólicos durante la gestión al frente de la Generalitat de Zaplana, que está en libertad provisional tras más de ocho meses en prisión. También está procesados el abogado Francisco Grau, el exdirectivo de Terra Mítica Joaquín Barceló, el ex director general de la Policía y expresidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino; la mujer de Zaplana, Rosa Barceló, y la secretaria personal del expresident de la Generalitat valenciana, Mitsuko Flerida Henríquez.

Sobre todos ellos pesan acusaciones de blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental, asociación ilícita para delinquir y pertenencia a un grupo criminal.

La operación Erial arrancó tras un registro en el despacho de abogados de Marcos Benavent, famoso por autodenominarse “yonqui del dinero”, en marzo de 2017. Benavent explicó que esa documentación la obtuvo en 2012 de un ciudadano sirio llamado Imad Ahmad Al Naddaj Yalouk, que lo habría encontrado en su domicilio, casa que fue antes de Eduardo Zaplana. Se trataban de tres documentos donde se destacaba, según la Guardia Civil, una connivencia en la adjudicación de concesiones públicas del Plan Eólico puesto en marcha en 2003 y las ITV a favor de la empresa Sedesa a partir de 1997.