Caso menas Puerto Bello: Denuncian a excargos de la Fundación Siglo XXI tras prostitución y abuso de los internos

El Juzgado de Instrucción número 1 de San Bartolomé de Tirajana, en el procedimiento judicial que sigue la causa penal sobre la Fundación Respuesta Respuesta Social Siglo XXI, ha acordado citar a algunos testigos que comparecerán en sede judicial el próximo 28 de febrero, según han informado fuentes cercanas a este caso ante elcierredigital.com. Esta entidad fue denunciada por algunos de sus extrabajadores a causa de la polémica gestión ejercida por la directiva del Centro de Menas de Puerto Bello -un recurso alojativo dependiente de esta misma fundación al Sur de Gran Canaria destinado a acoger menores extranjeros no acompañados-.

La Fiscal jefe de Las Palmas, Beatriz Sánchez, tomó declaración a varios ex educadores y a los responsables de este alojamiento para menas a raíz de un correo electrónico –revelado por este diario– remitido en mayo de 2021 por exmonitores del Centro de Puerto Bello a algunas instituciones públicas y al presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres. Este correo hacía referencia a "presuntos abusos sexuales, prostitución, uso de drogas, tabaco y alcohol, conductas vejatorias y golpes violentos sufridos por menores migrantes en este centro".

Por otra parte, la Guardia Civil también investigó -en el marco de las diligencias abiertas por la fiscalía- posibles irregularidades acaecidas en Puerto Bello en relación a la seguridad, condiciones sanitarias, educativas, alimentarias y de habitabilidad para los jóvenes migrantes, tal y como confirmaron a este diario fuentes cercanas a la investigación.

En función de las Diligencias de Investigación Penal abiertas en 2021 sobre este asunto, el Juzgado de Instrucción número 1 de San Bartolomé de Tirajana ha activado las Diligencias Previas 0002148/2022, en la que constan como denunciados algunos miembros directivos del Centro de Puerto Bello, gestionado, a su vez, por la Fundación Respuesta Social Siglo XXI. Para tal encomienda, esta fundación desempeñó la acogida de los menas llegados en pateras al archipiélago canario con cargo a fondos públicos licitados por la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, cuya titular es Noemí Santana (Unidas Podemos), quien ostenta la tutela pública de estos menores.

Tal como explican estas mismas fuentes a este periódico, por el momento el juzgado mantiene en calidad de denunciados a los siguientes cargos del Centro de Puerto Bello: el exdirector Fernando Pérez Romero, el exsubdirector y exadministrativo Omar Mohamed Grahim, el exsubdirector José Jonathan Apolimario Martín, el ex director técnico Manuel Díez Sánchez, el ex técnico educativo, Khalil Dkhil y el responsable de la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, Rafael Bautista González. Por otra parte, este juzgado ha citado a otros extrabajadores de este alojamiento para menas en calidad de testigos.

El Gobierno canario adjudicó 861.060 euros a la Fundación Siglo XXI

El ejecutivo regional del presidente canario, Ángel Víctor Torres, junto a la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, aprobaron la licitación de 13.368.019 euros -destinados a hacerle frente al Covid-19- para ejecutar 30 adjudicaciones a seis ONG por ‘tramitación de emergencia’ para la contratación del servicio de atención inmediata a menores extranjeros no acompañados -tal como desveló El Cierre Digital.

Estos menores fueron alojados en 28 hoteles turísticos, residencias privadas o centros públicos en las islas, entre los que se encuentra el Centro de Puerto Bello, un complejo turístico ubicado en la localidad de Puerto Rico-Gran Canaria.

El procedimiento de adjudicación denominado ‘Acelerado Pandemia Covid-19 y fenómeno migratorio Islas Canarias’, otorgó a la Fundación Respuesta Social Siglo XXI un total de 861.060 euros. En concreto, estos fondos públicos fueron destinados a la gestión de tres centros dependientes de esta fundación: ‘Puerto Rico’ -Puerto Bello-, en Mogán-Gran Canaria (415.912 euros); ‘Acorán’ (304.615 euros) y ‘Guiniguada’ (140.533 euros), en Las Palmas de Gran Canaria.

Cierre del centro de menas de Puerto Bello

No obstante, el desalojo de los menores migrantes del centro de Puerto Bello se produjo entre el 14 y 15 de julio de 2021 tras las denuncias de los exeducadores y las concentraciones convocadas por la 'Plataforma Salvemos el Turismo en Mogán'. Este colectivo vecinal puso de manifiesto en diferentes actos el descontento de los vecinos residentes en esta zona que, según denunciaban, sufrían continuos altercados relacionados con este alojamiento de menas con intervenciones policiales y se quejaban de la inacción del gobierno canario. Finalmente se procedió a la clausura definitiva de estas instalaciones, unos hechos relatados por elcierredigital.com, medio de comunicación de referencia en este caso.

Uno de los momentos más tensos después del cierre de este centro fue la aparición, en noviembre de 2021, en la Playa de Las Canteras de Las Palmas de Gran Canaria, del cadáver del menor extranjero no acompañado Barrag E. tras denunciar "palizas, maltrato y venta de drogas" contra la Fundación Respuesta Social Siglo XXI. Barrag había sido usuario del centro de Puerto Bello al llegar en patera al Puerto de Arguineguín en 2020, tras partir de su tierra natal de Dakhla, como avanzó este diario.

Consultados algunos extrabajadores de la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, éstos señalan a elcierredigital.com, que "durante la crisis migratoria de 2020-2021 el ejecutivo canario contrató con diferentes ONG que ni siquiera eran conocidas en el ámbito de la cooperación en el archipiélago. Sin embargo, una vez que se fueron cerrando los diversos alojamientos para menas, al haber menos demanda y al trasladar a estos menores a la península, se han producido despidos masivos de monitores que se han ido a la calle sin más opciones laborales en las islas". 

Piden comparecencia en el Senado por el caso de los menas

Los senadores pertenecientes al Grupo Parlamentario Mixto, Emilio Argüeso -designado por las Corts Valencianes- y Ruth Goñi -electa por Navarra-, solicitaron en 2022 las comparecencias ante la Cámara Alta de la consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, de la viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez, y del director general de Derechos Sociales e Inmigración, Francisco Javier Bermúdez, "para que expliquen la situación de los menores extranjeros no acompañados (MENAS) llegados a Canarias desde 2020 hasta la actualidad", según se puede leer en el documento presentado que obra en poder de este medio.

El objetivo de esta petición, subrayan los senadores, es aclarar "el estado de estos menores víctimas del tráfico ilegal de personas desde las costas africanas, conocer su realidad una vez que desembarcan de las pateras en las Islas Canarias y cuál es el proceso de seguimiento y tutela hacia los menas ejercido por el Gobierno de Canarias respecto a su alojamiento, sanidad y educación para su ulterior desarrollo y protección de sus derechos en el archipiélago".