Las polémicas urbanísticas del alcalde de Estepona: De la construcción de la Senda Litoral a las expropiaciones

El político popular José María García Urbano llegó a la alcaldía de Estepona en 2011 y desde entonces se ha mantenido en el puesto. En 2023 volvió a ser reelegido alcalde de la localidad malagueña. Sin embargo, desde que fue elegido por primera vez “siempre ha tenido actitudes presuntamente discriminatorias y de presunto trato de favor en lo que respecta al urbanismo de Estepona”, señala Emma Molina, Secretaria General del PSOE en Estepona. 

Es relevante mencionar que uno de los hijos del alcalde, Pablo García Romero, salió concejal en este último mandato y a los tres meses de ser nombrado se fue de la corporación para entrar como director de operaciones de la constructora Construcciones Bonifacio Solís S.L, empresa propiedad de Bonifacio Solís. Cabe subrayar que este empresario y el actual alcalde eran socios de la empresa Nuevos Aires 2002 S.L. En una entrevista concedida a Marbella Confidencial en septiembre de 2023 Solís explicaba que “el señor García Urbano me vendió sus participaciones en la sociedad Nuevos Aires 2002 S.L. hace dos o tres años”.

Bonifacio Solís.

Emma Molina indica que “casi todas las inversiones importantes de la ciudad han sido adjudicadas a su exsocio Bonifacio Solís, que tiene una constructora potente en la Costa de Sol. Aunque es verdad que siempre ha sido a través de un procedimiento de concurrencia pública y una licitación, Solís es quien ha hecho las obras más importantes de Estepona, tanto como parte de la Senda Litoral como aquellas infraestructuras que se han construido durante estos 12 años de gobierno”. 

“La última fue la torre Mirador del Carmen, algo que nosotros vamos a llevar a Fiscalía porque la parte de arriba se ha concesionado a la novia del hijo del alcalde, cuya empresa se montó un mes antes de que saliese la oferta pública. Además, esta empresa cuenta con una sede social en el mismo lugar de una de las empresas que tiene el alcalde. Al señor Solís le dieron la adjudicación de los antiguos locales donde estaba ubicado el Ayuntamiento, que actualmente se llama Puerto Sol”, añade la Secretaria General del PSOE en Estepona. 

La polémica relacionada con la Senda Litoral

Entre las sombras que parecen cernirse sobre García Urbano se encuentra la construcción de la Senda Litoral, que es un proyecto de la Diputación Provincial de Málaga y casi el cien por cien de la financiación ha corrido a cargo de la Diputación. “La Senda Litoral se comenzó a construir al principio del primer mandato de José María García Urbano. Estamos a favor de la Senda Litoral, pero no estamos a favor de que se construya en zonas donde no se debe hacer. A unas urbanizaciones se les ha permitido construir el trozo de senda correspondiente para evitar expropiaciones, pero a otras urbanizaciones no se les ha permitido”, observa Emma Molina.

Respecto a la Senda Litoral, el PSOE de Estepona denunció ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y ante el Ayuntamiento la pavimentación de parte de las Dunas de Punta del Saladillo para continuar con la elaboración de la Senda Litoral.

José María García Urbano.

La portavoz del PSOE explica que “se trata de una zona de alta protección incluida en la Red Natura 2000, como Zona Especial de Conservación y Zona Especial de Protección de Aves. Comenzó a construir en las Dunas sin licencia. Finalmente se levantó una sanción por disciplina urbanística que establecía la obligatoriedad de un restablecimiento de la zona tal como estaba en su origen. Sin embargo, todavía seguimos esperando a que se restablezca. Pero no es la primera vez que hay controversia entre los vecinos y el ayuntamiento con la ejecución de la Senda Litoral”.

Otras polémicas urbanísticas relacionadas con el alcalde de Estepona

La polémica respecto a la Senda Litoral no es la única que rodea al actual alcalde de Estepona. Una de las más llamativas es la expropiación de un vial privado a la urbanización Albayalde porque presuntamente se iba a abrir un centro comercial en la zona. Coincidentemente, el propietario del centro comercial también es amigo del alcalde y constructor, por lo que se investigó como presunta prevaricación. Los magistrados señalaron que había “una ausencia absoluta de competencias para iniciar la expropiación”. Sin embargo, el alcalde avanzó en noviembre que no iba a ejecutar la sentencia ni a devolver el vial.

Respecto al centro comercial, este es propiedad de Galería Comercial Albayalde, S.L., una sociedad administrada por Miguel Ortega, dueño de Construcciones OV. Ortega es amigo personal de García Urbano y se le ha visto como apoderado del PP en las pasadas elecciones, según algunos vecinos.

Según ha podido saber elcierredigital.com por parte de uno de los vecinos afectados por las decisiones del actual alcalde de Estepona “hay una diferenciación de trato por parte del alcalde hacia unas viviendas u otras. Todo esto viene relacionado con el modelo de actuación que tiene el alcalde y su equipo de gobierno con relación al urbanismo y a cómo entienden la política urbanística en Estepona”.

Camino construido a raíz de la dana. 

Emma Molina sostiene que el alcalde “tiene una presunta actitud de discriminación y un presunto trato de favor de unos con relación a otros. Tiene controversias con muchas urbanizaciones que lo único que piden es que si hay una expropiación forzosa se les dé una indemnización, tal y como se marca en la Ley. Sin embargo, el alcalde se niega a dar estas indemnizaciones. Debería ser un trato igual para todos y no hacer diferenciación. También es clave remarcar la presunta impunidad de sus decisiones”.

Hace poco más de un año una dana que sacudió Estepona destruyó un camino que no se podía reparar sin los permisos de costas necesarios. “Sin embargo, había afectada una villa de seis millones de euros, de modo que si se hacía el camino nuevo había que quitarle parte de la piscina. Entonces ,el alcalde lo hizo por su cuenta y riesgo fuera del límite de costas, es decir, sin meterse en esa villa”, explica uno de los afectados.

A consecuencia de su decisión, el alcalde fue multado, ya que era una obra que estaba fuera de la legalidad. Uno de los afectados recalca que “no puede querer por su propio pie pagar una multa de cientos de miles de euros a costas para evitar expropiar parte del terreno a una villa de seis millones. Sin embargo, luego se come a las pequeñas casitas que hay allí y no valen millones de euros. Se trata de una irregularidad enorme y descarada. Lo que está haciendo es recortar metros a los ‘pobres’ y a los millonarios con villas no les está recortando metros”.

“Estamos de acuerdo en que nos quite el linde que corresponda de acuerdo con la ley de costas, pero encima no nos quieren indemnizar cuando estamos legalizados y tenemos la licencia de urbanismo. Sin embargo, respecto a casas de millones el Alcalde paga una multa a costas por no tener que expropiar. Este alcalde está incumpliendo muchas cosas legales que tenía que haber hecho”, concluye uno de los afectados.