El juicio por el crimen del alcalde de Polop sigue sin pruebas definitivas contra los siete acusados

La Fiscalía presentó su escrito de acusación en agosto de 2017, pero el colapso de los tribunales han provocado que las vistas orales con jurado público comenzasen este miércoles 15 de enero. Los hechos juzgados se refieren a que el 19 de octubre de 2007, en torno a las 21.20, Ponsoda fue acribillado en su garaje. El alcalde era apreciado por sus vecinos, ya que encadenaba varias victorias seguidas del PP.  Durante ocho días luchó entre la vida y la muerte en el hospital hasta que Juan Cano asumió la alcaldía.

Juan Cano a su llegada a juicio.

Las investigaciones descubrieron que el concejal Cano fue relegado en las listas de 2003, pero fue nombrado presidente local del PP en 2007 y se colocó como número 2 de la lista municipal. Para la Fiscal, el crimen fue fruto de "la animadversión que sentían hacia Ponsoda por razón de su cargo de alcalde".

Para el crimen los siete acusados se reunieron en un prostíbulo de la zona, el Mesalina. Juan Cano y el empresario de Polop Salvador Ros son acusados de instigadores. El dueño y el gerente del club, Pedro Hermosilla y Ariel Gatto, respectivamente, son acusados de conseguidores o intermediarios. Y como presuntos autores materiales de los hechos se juzga a un narcotraficante extremeño, Raúl Montero Trevejo. Dos sicarios checos, Robert Franek y Radim Rakowski, fueron los presuntos autores materiales. Todos permanecen en libertad provisional. Los instigadores se enfrentan a 25 años de cárcel, mientras que la petición para el narco y los dos sicarios es de 27 años.

Testigo protegido

Sin embargo, no existen pruebas científicas u objetivas que demuestren la participación de los enjuiciados. La acusación de la Fiscalía se ha basado en la declaración de un testigo protegido, exmercenario reconvertido en portero de discoteca a quien, según su versión, le ofrecieron ejecutar el asesinato pero se negó.

Este testigo protegido aseguró que el concejal, el empresario y los dos responsables del Mesalina le encargaron el asesinato a cambio de 35.000 euros. El problema es que el guardia civil que lo tenía como confidente y al que le contó estos hechos no le dio entonces mucha credibilidad.

Imagen del juicio de estos días.

Hasta ahora ha declarado el principal acusado, Juan Cano, solo ha reconocido haber contratado de manera irregular en el ayuntamiento a una de las hijas del alcalde fallecido y ha negado cualquier implicación en el asesinato. Todos los acusados han señalado la vida íntima del alcalde asesinado como detonante. Doce años después del crimen, habrá que esperar hasta el 31 de enero para conocer la verdad.