12 de diciembre de 2019
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FIN DE SEMANA

AUGC solicita que compañías privadas,como Ombuds propiedad de la familia Cortina y en quiebra, sean apartadas de un negocio vital para la seguridad

Piden cambiar a los vigilantes privados de las cárceles por guardias civiles en la reserva, tras la denuncia publicada en elcierredigital.com

El centro penitenciario de Valencia.
El centro penitenciario de Valencia.
La AUGC ha propuesto a la Secretaría de Estado de Seguridad acabar con el problema de vigiancia en el exterior de las cárceles españolas, donde faltan los vigilantes de seguridad privada son hasta ahora encargados de recibir a las visitas o tramitar los permisos de entrada en las prisiones. La empresa concesionaria de este servicio en algunas comunidades autónomas, Ombuds, se encuentra en concurso de acreedores y no puede prestar el servicio.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Valencia ha propuesto a la Secretaría de Estado de Seguridad la sustitución de los vigilantes privados en centros penitenciarios de la Comunidad Valenciana por agentes de la Guardia Civil en reserva sin destino. 

La asociación ha incluido esta propuesta entre los temas de la reunión del pasado miércoles. Según la AUGC, la medida “ahorraría al Estado 264 millones de euros, y evitaría problemas añadidos” derivados de contratar una empresa externa que se encargue de la vigilancia de cárceles. 

Elcierredigital.com ya publicó que desde el año 2013 la empresa Ombuds gestiona la seguridad privada de los exteriores en las siete prisiones de Madrid, la de Cáceres y las seis de Castilla-La Mancha, entre las que se encuentra La Torrecica (Albacete), donde se ha recortado la plantilla un 33 por ciento. Los puestos y las funciones de seguridad a cubrir las están haciendo guardias civiles, que denuncian la situación y piden que se anulen los contratos, así como que estas funciones pase a realizarlas el personal de reserva, según denunció la propia AUGC.

Desde el año 2013, estas funciones de seguridad las realizan empresas privadas tras su externalización por parte del Ministerio del Interior. Así, la empresa Ombuds, de la familia Cortina, tiene adjudicadas las siete prisiones de Madrid, las seis de Castilla-La Mancha y la de Cáceres.

Ombuds, empresa de la familia Cortina

Ombuds se encuentra en situación concursal y algunos de sus trabajadores aún no han percibido las nóminas de junio, julio y la extra de verano. Esta situación ha provocado que los empleados afectados decidan no hacer más horas extra desde el pasado 19 de agosto, por lo que los puestos que faltan los están cubriendo guardias civiles.

Por ejemplo, el servicio de seguridad del exterior de La Torrecica lo realizan seis vigilantes normalmente y ahora solo hay cuatro empleados trabajando, con lo que las funciones de esos dos empleados las están llevando a cabo agentes de la Benemérita y se podría estar dando un incumplimiento de contrato de la empresa adjudicataria.  

El Estado está pagando por estos servicios a una empresa de seguridad privada, pero realmente son los guardias civiles quienes están haciendo parte de esas funciones, dándose una situación parecida a la que se produjo en su día con el aeropuerto de El Prat-Barcelona, donde el Gobierno recurrió a los guardias civiles para paliar los efectos del conflicto laboral planteado por los vigilantes privados.

Los trabajadores de Ombuds hasta ahora realizaban muchas horas extra, con turnos de hasta 12 horas diarias, porque el sueldo que perciben es “ínfimo”, tal y como aseguran desde AUGC, afirmando que algunos trabajadores ya han cubierto todas las horas del mes de agosto y han superado el cupo.

Un trabajador seguridad de Ombuds.

El problema no solo afecta a este centro penitenciario, sino que todos los que controla Ombuds se están viendo perjudicados por la situación de la empresa. En este sentido, AUGC lleva seis años reclamando que se anule el contrato con Ombuds.

El pasado 31 de julio, ya denunció la situación precaria de estos trabajadores en un comunicado, donde reclamaban al Gobierno que anulara los contratos de privatización de la seguridad privada de los centros penitenciarios y que estas funciones volvieran a corresponder a guardias civiles y policías.

De esta manera, manifiestan que “la empresa de seguridad privada Ombuds se encuentra en situación concursal y sus trabajadores no han percibido las últimas nóminas, a lo cual debe añadirse la incertidumbre sobre lo que ocurrirá con sus puestos de trabajo”.

La AUGC también menciona los privilegios que Ombuds obtiene con el contrato adjudicado por el Ministerio del Interior, puesto que Ombuds llegó a acumular hasta tres de los cuatro lotes contratados (el 78% del presupuesto total), a pesar de que el propio Gobierno había anunciado que cada lote se adjudicaría a una empresa diferente. AUGC reclamó y el Ejecutivo se limitó a decir que “la adjudicación de cada uno de los lotes se realizó al licitador que presentó la oferta económicamente más ventajosa para la Administración”.

Hasta 210 millones de euros lleva gastados el Ministerio del Interior en estos servicios de seguridad privada, mientras que “los vigilantes que prestan dichos servicios perciben unas retribuciones exiguas y además sufren situaciones tan preocupantes como la que ahora se está produciendo en Ombuds”, denuncia la asociación.

Además, critican que “pueden verse afectadas cuestiones fundamentales como la libre circulación de las personas, sectores económicos relevantes, y en definitiva la seguridad pública en toda su extensión”.

Desde el sindicato de guardias civiles solicitan al Gobierno que se rescinda el contrato con la empresa Ombuds y realicen una nueva licitación. Asimismo, proponen como una de las medidas para poner fin a esta problemática que una parte del personal en situación de reserva se reincorpore “en virtud del acuerdo para la equiparación salarial” y sea destinado a esos cometidos que están llevando a cabo las empresas de seguridad privada.

Auxilio a víctimas de violencia de género

 Asimismo, la AUGC ha propuesto que la Guardia Civil refuerce las unidades con competencias para combatir la violencia de género, así como “prestar protección, ayuda y auxilio a las víctimas en el ámbito familiar”. Según AUGC, en la Comunidad Valenciana hay 8.970 casos activados por violencia de género que las unidades “no dan abasto para atenderlas, por falta de efectivos”.

La AUGC ha denunciado el retraso del pacto entre el Ministerio del Interior y las organizaciones policiales, para superar definitivamente las diferencias entre retribuciones de los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las de los cuerpos policiales autonómicos. “Poco han hecho al respecto los Gobiernos”, sostienen fuentes de la organización, que han denunciado que, hasta la fecha, no han obtenido respuesta. 

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