Sindicatos policiales se unen a las críticas a Interior por las devoluciones de menores a Marruecos

El procedimiento de devolución a Marruecos de los 700 menores que entraron en Ceuta durante la crisis migratoria del pasado mes de mayo es, para muchas organizaciones, todo un despropósito que atenta contra la integridad de estos niños. 

Las instituciones y organismos que denuncian el procedimiento de entrega consideran que el proceso está vulnerando al menos dos normas. La primera es la Convención de los Derechos del Niño de la ONU, que fue ratificada por España en 1990 y que establece, en su artículo 12.2 que “se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado”.

La segunda, la Ley de Extranjería del año 2000, que exige un informe previo de los servicios de protección de menores, así como de la Fiscalía, en los procedimientos de repatriación de menores.

Mientras se suceden las denuncias, el Ministerio de Interior, sin embargo, mantiene su cuestionado plan de repatriación, pactado con Rabat y en el que participa también el Gobierno autónomo de Ceuta.

ARP pide garantías jurídicas 

Ahora, a las denuncias se suma también el sindicato Agrupación Reformista de Policías (ARP) que, a través de un comunicado, ha solicitado el cumplimiento de las máximas garantías jurídicas en la repatriación de estos menores.  "El Ministro del Interior, Sr. Marlaska, debe atender en estos momentos al Defensor del Pueblo de España, al Ministerio de Derechos Sociales del propio Gobierno actual, a la Audiencia Nacional, a UNICEF, al Comité de Derechos Humanos de la ONU, a las organizaciones políticas, profesionales de la abogacía, entre otros, que son algunas de las instituciones, personas físicas jurídicas, discrepantes con estos procedimientos que se llevan a efecto en la Ciudad Autónoma de Ceuta, paralizadas por un juzgado, lo que nos obliga a ARP decir que estamos en el lugar adecuado, posición inequívoca que solicita se informe a la sociedad la duda técnica que haya surgido al Ministerio del Interior o a los responsables policiales de la Jefatura Superior de Policía de Ceuta, en estas devoluciones con menores, si las hubiera, lo que supone un serio problema que hay que atender desde el ejecutivo central y no solo a nivel policial". 

Policía Nacional. 

La Administración, explican desde el sindicato, se fundamenta para la repatriación colectiva de estos menores en un Convenio Bilateral entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre la cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado, hecho en Rabat el 6 de marzo de 2007 que entró en vigor el 2 de octubre de 2012. El citado convenio, no obstante, "origina serias dudas en su estricto cumplimiento a todas estas organizaciones y a este sindicato libre y autónomo, no sujeto a servidumbres políticas, alejado del corporativismo, lo que favorece seguir cumpliendo fielmente la creencia en unos valores y principios que contemplan nuestros estatutos, propuestas profesionales y cívicas que nos obliga a disentir ante cualquier actuación fuera del contexto legal de derechos y obligaciones que nos impone el derecho constitucional y las normas internacionales en materia de derechos humanos". 

"Induce pensar que la Fiscalía General del Estado y el Consejo General de la Abogacía española, en su oposición a cómo se están materializando estas devoluciones, están trasladando un mensaje claro al conjunto de la sociedad y a los responsables policiales dependientes del Ministerio del Interior", prosiguen en su comunicado. 

Y finalizan, "no queremos dejar de recordar que el Parlamento Europeo condenó recientemente a Marruecos por el uso de menores para provocar la crisis existente con los denominado 'MENAS' (menores extranjeros no acompañados), por tanto, cualquier acuerdo con ese país en materia de devolución requiere las máximas garantías jurídicas, en evitación de que el Cuerpo de Policía Nacional, sus miembros en las ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, puedan sufrir una condena social o judicial por tratar estas devoluciones, alejadas en este caso de la opinión y recomendación expresa y mayoritaria de la Unión Europea, con respecto al país vecino".