10 de diciembre de 2022
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FIN DE SEMANA

Ante la "trama de precios, cancelación e impago del material sanitario", la distribuidora anuncia medidas legales contra el Ejecutivo de A.V. Torres

La empresa 7Academy afirma haber pagado a intermediarios para que el Gobierno de Canarias les comprase mascarillas

Exclusiva Ángel Víctor Torres.
Ángel Víctor Torres. / Presidente del gobierno canario.
La distribuidora de mascarillas 7Academy afirma que "el vocal del partido Unidos por Gran Canaria, Christian Cerpa, vinculado a la gestión de la empresa intermediaria del Gobierno de Canarias DAMCO TRADING SERVICES S.A, cobró una comisión de 4.500 euros para intermediar con el Servicio Canario de Salud con el objetivo de evitar la retirada de los almacenes del Gobierno canario de un pedido de 730.000 mascarillas FFP2 autorizadas y despachadas por esta distribuidora". Y anuncia acciones legales.

La distribuidora de mascarillas 7Academy, S.L. –empresa con autorización farmacéutica– rompe su silencio ante elcierredigital.com y revela a través de una factura –documento al que ha accedido en exclusiva nuestro periódico– que "el vocal de Unidos por Gran Canaria (UxGC), Christian Cerpa, vinculado a la gestión de la empresa intermediaria del Gobierno de Canarias DAMCO TRADING SERVICES S.A –según unos albaranes entre estas entidades con su firma–, cobró una comisión de 4.500 euros para intermediar con el Servicio Canario de Salud (SCS)".

"El objetivo de este pago era evitar la retirada de los almacenes logísticos del gobierno canario de un pedido de 730.000 mascarillas KN 95 FFP2, que habían sido previamente autorizadas y despachadas por esta distribuidora en junio-julio de 2020", según expresa la empresa, que anuncia la interposición de medidas legales contra el Ejecutivo socialista canario de Ángel Víctor Torres.

"De manera incomprensible, ante este pedido de casi un millón de mascarillas por vía de urgencia, que servimos con una gran celeridad, y que el propio Cerpa había verificado en los almacenes –tal como figura en un documento gráfico cedido por la distribuidora–, quisieron anular el servicio tras entregar este material sanitario. Fue entonces, cuando surgió la propuesta de Cerpa para una supuesta intermediación con el director del SCS, Conrado Domínguez".

Factura de la comisión de Christian Cerpa a 7Academy.

"Por esta mediación, tuvimos que pagar 4.500 euros para intentar que el Gobierno de Canarias no anulase esta operación y procediese a la distribución de las 730.000 mascarillas entre el personal sanitario. Pero las supuestas acciones de negociación por parte de Cerpa con el SCS no sirvieron para nada y sufrimos la devolución de este producto autorizado en plena pandemia", manifiesta el representante de 7Academy, S.L ante elcierredigital.com.

Además, señala que "finalmente tuvieron que retirar estas mascarillas de los almacenes Integra2, establecimientos utilizados por el SCS –con ubicación en El Goro-Telde– para el almacenaje del material sanitario adquirido por vía de emergencia para hacer frente al Covid-19". "Nos echaron del mercado sanitario a pesar de contar con los permisos farmaceúticos, con la consiguiente pérdida económica, que asciende en torno a dos millones de euros", alegan.

A raíz de estos acontecimientos, esta distribuidora sospecha que "simultáneamente, en esas mismas fechas, se podía estar fraguando la operación del SCS con la empresa de venta de automóviles RR7 UNITED, S.L para importar un millón de mascarillas 3M 1860 por cuatro millones de euros", un hecho que investiga la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas de Gran Canaria.

Comisiones y vinculaciones empresariales

Según el relato de 7Academy, S.L, que destapa esta comisión de 4.500 euros en torno a la adquisición de mascarillas anti Covid-19 en Canarias –en exclusiva ante elcierredigital.com–, "el vocal de Unidos por Gran Canaria (UxGC), Christian Cerpa, contactó con nuestra distribuidora durante la primavera de 2020 para solicitar un primer pedido de 500.000 más 230.000 unidades de mascarillas KN 95 FFP2. Para llevar a cabo esta operación, Cerpa se refirió inicialmente, a su contacto con el actual director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, en base a las empresas intermediarias contratadas por el gobierno canario".

"Las licitaciones para la obtención de mascarillas a través de nuestra empresa –7Academy, S.L– fueron concedidas por parte del SCS a la empresa DAMCO TRADING SERVICES S.A –que facturó 13 millones de euros al SCS durante la pandemia– y posteriormente, también a la entidad vinculada TANOJA SERVICES, S.L –según las facturas y albaranes que ha cedido esta distribuidora a elcierredigital.com y los contratos públicos del Gobierno de Canarias– pues la Consejería de Sanidad nunca contactó directamente".

Pero indican: "Aunque Cerpa no consta como administrador de estas entidades mercantiles, según manifestó este político actuaba como enlace entre el director del SCS, las empresas intermediarias citadas y 7Academy S.L. Por ello, se acordó la adquisición para su distribución, no sólo del pedido de 730.000 mascarillas FFP2 –por el que se abonaron 296.125 euros el 18 de junio de 2020 a través de DAMCO TRADING SERVICES S.A, a pesar de ser cancelado posteriormente– sino de otros dos pedidos a modo de compensación de 510.000 más 510.000 mascarillas quirúrgicas, que nunca abonó, pero constan en albaranes y facturas", documentos a los que ha accedido elcierredigital.com.

Conversación de 7Academy con Christian Cerpa.

No obstante, el representante de 7Academy S.L, señala como dato relevante que "el cargo público con el que se tiene constancia de estas operaciones entre Christian Cerpa y las empresas intermediarias del gobierno canario es con el actual director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez,  pero no con el que era responsable del SCS en aquel entonces, Antonio Oliveira. Se da la circunstancia de que Domínguez, no tomó posesión de su cargo en el SCS hasta septiembre de 2020, pues pertenecía a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias".

Posibles 'irregularidades' con las mascarillas

La distribuidora alberga la sospecha de que "la adjudicación a TANOJA SERVICES, S.L. -empresa vinculada a DAMCO TRADING SERVICES S.A- a través de un documento público emitido por el propio director del SCS, Conrado Domínguez, -al que ha accedido este diario-, por el que se concede la licitación de un millón de mascarillas quirúrgicas por 880.000 euros, podría tener, presuntamente, una vinculación directa con los pedidos de 510.000 más 510.000 mascarillas quirúrgicas que nunca nos abonaron, por lo que solicitaremos verificar este extremo ante el Gobierno de Canarias’.

Contrato del Gobierno de Canarias con Tanoja Services.

Además, tal como figura en una de las facturas emitidas por 7Academy S.L. con cargo a TANOJA SERVICES, S.L. -que obra en poder de elcierredigital.com-, esta empresa adquirió las mascarillas quirúrgicas a esta distribuidora a un precio de 0,27 céntimos por unidad, por lo que facturó un primer pedido de 510.000 unidades por 137.700 euros. Muy al contrario que esta intermediaria del SCS, que facturó a un precio infinitamente superior, en relación al contrato público de 880.000 euros -documento al que ha accedido este medio-, por lo que en función del coste de 0,27 euros por unidad al precio de mercado, realizando simples cálculos, TANOJA SERVICES, S.L, presuntamente, podría haber obtenido un margen de beneficios de 660.000 euros aproximadamente", argumenta el representante de la distribuidora.

Albarán de mascarillas de 7Academy firmado por Christian Cerpa.

En relación a las licitaciones públicas de 700.000 mascarillas KN95 y un millón de mascarillas FFP2 adjudicadas por el SCS a la empresa DAMCO TRADING SERVICES S.A. -documentos a los que ha accedido este diario-, 7Academy S.L., de igual forma, advierte del ‘presunto sobrecoste en la operación pues estas mascarillas costaban 0,90 euros cada unidad en el mercado y se vendieron por 1.15 euros, con un escaso beneficio para esta distribuidora, mientras la empresa adjudicataria del contrato público, DAMCO, vendió estas mismas mascarillas al triple de su precio según estas contrataciones".

Blas Trujillo y los precios de las mascarillas

A raíz de la comparecencia del consejero de Sanidad, Blas Trujillo, a petición propia ante el Parlamento de Canarias –el pasado 20 de mayo– por la denuncia interpuesta contra el Gobierno de Canarias por el empresario grancanario Juan Manuel Pérez, la entidad 7Academy, S.L. ha emitido un comunicado 'desmintiendo' a Trujillo respecto a algunas afirmaciones y sobre las cifras de los precios de las mascarillas que aportó en sede parlamentaria.

La denuncia de Pérez se interpuso por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos en relación a 23 adjudicaciones de contratos de material anti Covid-19 por 32 millones de euros, unos hechos que investiga la Fiscalía Anticorrupción, UDEF, Tribunal de Cuentas y Fiscalía Europea.

Documento de 7Academy 'desmintiendo' las afirmaciones de Blas Trujillo.

Por su parte, Trujillo reconoció que "la Fiscalía ha solicitado a la consejería varios contratos públicos adjudicados durante la pandemia para su investigación". Pero en este sentido, 7Academy, S.L. insiste en que "aunque Trujillo exprese que no había mascarillas en Canarias en junio de 2020, disponían en sus propios almacenes de 730.000 mascarillas FFP2 ya servidas, más un millón más que nuestra distribuidora tenía en stock en Gran Canaria".

Además, la distribuidora señala como ‘falsa’ la afirmación de Trujillo que identifica las mascarillas 3M 1860 sin homologación en Europa -adquiridas por la empresa investigada RR7 UNITED, S.L- con el modelo FFP3, cuando son productos sanitarios diferentes. Igualmente "desmiente" al consejero de Sanidad sobre el coste de las mascarillas 3M 1860 KN95 entre cinco y seis euros por unidad, "cuando el precio de mercado en junio de 2020, para 50.000 unidades, era de un euro por mascarilla".

Finalmente, especifica que cuentan con "albaranes que marcan precios de 0,26 céntimos cada unidad de mascarillas FFP2 y, por otra parte, jamás se ha visto en el sector sanitario que una empresa ajena a este servicio cobre cuatro millones de euros por adelantado, como fue el caso de RR7 UNITED, S.L".

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