28 de noviembre de 2021
|
Buscar
FIN DE SEMANA

La titular de Justicia y sindicatos alcanzaron en septiembre un acuerdo para acabar con la desigualdad territorial que ahora el Gobierno ha bloqueado

La ministra Pilar Llop traiciona a los funcionarios: "Exigimos que dé la cara y cumpla con la subida salarial"

La ministra de Justicia, Pilar Llop.
La ministra de Justicia, Pilar Llop.
La "traición" de Pilar Llop a los funcionarios de Justicia se convertía este martes en arma arrojadiza para la oposición, que ha cargado contra la ministra por "no defender el acuerdo" alcanzado con los sindicatos en septiembre. El pacto, por el que se prometía poner fin a la discriminación territorial con una subida salarial para los cerca de 15.000 empleados de las autonomías que no tienen transferidas las competencias en esta materia, ha quedado bloqueado por Hacienda.

"Cada día que pasa sin que dé la cara, el descrédito de la ministra Pilar Llop aumenta y su credibilidad como responsable política disminuye exponencialmente". Los funcionarios de Justicia plantan cara al Gobierno de Pedro Sánchez por el "bloqueo de Hacienda a la subida salarial" del personal dependiente del Ministerio. Una "traición" que deja sin efecto el acuerdo que habían alcanzado trabajadores y Ministerio, y por el que se prometía poner fin a la discriminación territorial

El pacto, firmado en septiembre tras meses de negociaciones, recogía, entre otras cuestiones, una subida salarial de entre 80 y 195 euros para los cerca de 15.000 funcionarios de Justicia de las autonomías que no tienen transferidas las competencias en esta materia, es decir, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Baleares, Murcia, Extremadura, Ceuta y Melilla, así como para los trabajadores de los servicios centrales.

Hace unas semanas, el asunto, sin embargo, quedó en agua de borrajas. La mejora salarial finalmente no se aplicará porque, según Hacienda, el Ministerio de Justicia no tenía la potestad para cerrar ese acuerdo. "Ahora el Ministerio de Hacienda culpa al de Justicia diciendo que no tenía autorización para pagar esas cantidades, aunque Justicia dice que sí... y al final pagan los trabajadores, con una oferta muy a la baja", denuncian desde la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF).  Según datos del sindicato, un funcionario de las comunidades que no tienen transferida la competencia en Justicia o de los servicios centrales cobra de media 250 euros menos al mes, una cifra que aumenta hasta los 600 euros en el caso del País Vasco y los 350 en Madrid.

Protesta de los funcionarios de Justicia.  

"Lo pactado es para cumplir" advierten desde CSIF, al tiempo que señalan que "un Gobierno que no tiene palabra no tiene credibilidad, es un Gobierno que se tiene marchar y convocar elecciones". Los trabajadores, según indican, "están hartos de este desprecio a su dignidad profesional, de esta burla y de este cachondeo de las dos ministras y de todo el Gobierno".

Críticas de la oposición 

Tal y como señalan desde CSIF, las negociaciones se habían desarrollado al amparo de la Ley de los Presupuestos Generales del Estado. Por ello, este martes, cuando la ministra de Justicia Pilar Llop defendía la partida reservada a su departamento, la oposición ha cargado contra su Ministerio por el trato a los funcionarios. 

El diputado y portavoz de Justicia del Partido Popular, Luis Santamaría, ha calificado su actuación de "novia a la fuga para no firmar". Además, ha asegurado que la ministra "ni supo ni quiso" defender el acuerdo porque "no pinta demasiado, por no decir nada, en este Gobierno". 

También desde las filas de Ciudadanos han censurado a Pilar Llop. Edmundo Val, portavoz de de la formación naranja, ha asegurado que "lo que clama al cielo de estos presupuestos es que, habiendo llegado usted a un acuerdo de dignificación salarial con los tres cuerpos al servicio de la Administración de Justicia haya llegado el Ministerio de Hacienda y haya dicho que no cumple con ese acuerdo"

El diputado, además, ha pedido que "de una vez por todas este ministerio se ocupe de dignificar retributivamente a nuestros profesionales de la justicia y no a cargar sobre sus hombros la responsabilidad de que este servicio público al final se preste a los ciudadanos".

Protestas de los sindicatos

Los sindicatos reclaman al Ministerio de Justicia que cumpla con los 15.000 empleados públicos de la Administración que "llevan trece años sufriendo una gravísima discriminación respecto de sus compañeros destinados en comunidades autónomas con competencias que realizan el mismo trabajo, tienen la misma responsabilidad y, lo más importante, pertenecen a los mismos cuerpos nacionales".

Por ello, CSIF y el resto de sindicatos de la Administración de Justicia han declarado "conflicto colectivo" hasta que el Gobierno cumpla con los compromisos adquiridos en la mesa de negociación. 

COMPARTIR: