Caso Hegeno: Denuncian al ministro Torres por supuesto uso de la base 'clandestina' de datos de la Guardia Civil

La repercusión de la denuncia interpuesta ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en marzo de 2023 sobre "la creación y uso de una base de datos supuestamente 'clandestina' denominada Hegeno, mantiene en vilo a guardias civiles y mandos de la Benemérita destinados en Canarias", indican fuentes consultadas del Instituto Armado a elcierredigital.com. Y es que, según estas fuentes, temen "que la AEPD imponga una posible sanción por el uso de esta información sensible sin control ni fiscalización".

Hay recordar que, tal y como informó elcierredigital.com en exclusiva, la base Hegeno es "una base 'no oficial' que comenzó a ser utilizada por la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas en 2020 para remitir datos personalísimos entre funcionarios e instituciones públicas, como el Cuerpo General de la Policía Canaria, sin pedir autorización al Ministerio del Interior". Así lo describían fuentes consultadas por este diario.

Estas mismas fuentes confirman que "la denuncia de este caso habría alcanzado recientemente al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres; al exconsejero de Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez; a otros miembros del anterior gobierno regional de Torres en Canarias; al delegado de Gobierno de Canarias, Anselmo Pestana; y a mandos policiales".

Cabe destacar que la denuncia inicial del 'caso Hegeno' —revelada por nuestro diario—, con sucesivas peticiones de investigación durante los últimos meses por el denunciante, "ha llegado a repercutir hasta a seis mandos de la Guardia Civil, como ha sucedido con el general jefe de la Guardia Civil de la Zona de Canarias, Juan Hernández Mosquera". Tras esta denuncia, "la Benemérita precintó su propia base de datos no oficial 'Hegeno'", indican las fuentes consultadas.

Según ha sabido elcierredigital.com, el denunciante de este caso ha presentado una nueva ampliación ante la AEPD para que "se investigue esta cesión y el posterior tratamiento, supuestamente ilícito, de los datos personales de terceras personas, que se ha materializado bajo la responsabilidad directa del entonces presidente del Gobierno de Canarias, y ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres". Este documento viene a manifestar, que "el ministro Torres nunca dictó, en teoría, orden ni mandato expreso para evitar que se produjera este traspaso y uso presuntamente ilícito de datos personalísimos por parte de agentes del Cuerpo Policial Autonómico de Canarias".

Según sostiene la denuncia, "este tipo de datos de terceras personas, transferidos presuntamente sin su consentimiento desde la base oficial SIGO a la base 'Hegeno' por parte de la Comandancia de Las Palmas", serían datos de información personalísima, como "datos de víctimas de violencia de género, operaciones de Policía Nacional y Guardia Civil, delitos y detenidos, procesos judiciales, o visitas de autoridades civiles y militares —como presidentes y ministros de otros países—, llegadas de pateras al archipiélago canario y datos de inmigración".

Pero además de al ministro Torres, esta cesión ilícita de información sensible también apuntaría al delegado del Gobierno de Canarias, Anselmo Pestana, quien "era destinatario a diario de datos personalísimos almacenados en esta base supuestamente clandestina 'Hegeno'. Recibía los correos electrónicos remitidos por el Centro Operativo de Servicios de la Comandancia de Las Palmas, en los que se remitían los informes generados a partir de esta base no oficial". A pesar de "ser conocedor de esta cesión ilícita de datos personales, Pestana nunca ordenó [al parecer] al jefe de la Zona de Canarias, o al al jefe de la Comandancia de Las Palmas que se cesara la cesión de datos personales", recoge el escrito.

Es decir, la denuncia apuntaría a los responsables que se encontraban en el Gobierno Canario cuando se creó esta base de datos. Además del ministro Torres señala a otros miembros de su gobierno autonómico entre 2019 a 2023, como el exconsejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, y el exdirector general de Seguridad y Emergencias Gustavo de Armas.

Recibo de la ampliación de denuncia.

En esta solicitud también se ha hecho hincapié en la supuesta responsabilidad de otros mandos policiales que "tuvieron conocimiento de la base de datos 'no oficial'", como es el caso del coronel de la Zona de la Guardia Civil de Canarias, Luis Felipe Hurtado, y del comisario jefe del Cuerpo General de la Policía Canaria, Luis Alonso Santos.

Denuncian a los cargos de Torres por el "uso de datos personalísimos" 

La citada solicitud de investigación ante la AEPD viene a manifestar que "el exconsejero de Seguridad, Julio Pérez, era el máximo responsable del Cuerpo General de la Policía Canaria, siendo una entidad que depende orgánicamente de esta consejería". El denunciante indica que "al igual que Torres, el consejero Pérez, en su momento, jamás dictó orden o instrucción alguna para evitar que se vulneraran los derechos en materia de protección de datos de carácter personal de terceras personas que, por su parte, nunca prestaron su consentimiento para que sus datos personales fueran cedidos a la Policía Autonómica. Tampoco los afectados dieron permiso para que sus datos fueren tratados de forma ilícita, cuando ni siquiera habían cometido ningún hecho ilícito de carácter penal o administrativo".

En el supuesto del exdirector general de Seguridad del gobierno canario, Gustavo de Armas, prosigue la denuncia, "ejercía de enlace intermedio entre el exconsejero Pérez y los mandos policiales del Cuerpo General de la Policía Canaria, sin que en ningún caso, en la misma línea que estas autoridades políticas, dictara orden o instrucción concreta para cesar en el tratamiento ilícito de datos personales de terceras personas que nunca autorizaron dicho tratamiento".

Es más, el denunciante ha insistido en su escrito que "las autoridades conocedoras de la actividad ilícita que se venía realizando con los datos personalísimos no aplicaron acciones bilaterales de coordinación entre las diferentes Administraciones implicadas a los efectos de normalizar y establecer legalmente la cesión de datos personales. Tal es así, que tras la denuncia del caso 'Hegeno' ante la AEPD en 2023, la actual consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, solicitó al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, avanzar en el uso compartido de las bases de datos, en una reunión mantenida en septiembre pasado".

Por otra parte, también se deja constancia de que "la Dirección General de la Guardia Civil confirma que no existían acuerdos de traspaso y cesión de datos de terceros entre la Benemérita y el gobierno regional canario ni su policía autonómica".

Señalan a mandos policiales ante la AEPD 

Tal como argumenta la denuncia, "el coronel de la Zona de la Guardia Civil de Canarias, Luis Felipe Hurtado, un mando con pleno conocimiento de la cesión de datos personales por parte del Centro Operativo de Servicios de la Comandancia de Las Palmas,  jamás ordenó que se dejara de facilitar los datos personales de terceras personas al Cuerpo General de la Policía Canaria". 

Y añade: "Hurtado consintió el uso y la explotación de esta base de datos, así como el posterior traspaso ilegítimo de datos personalísimos de ciudadanos que nunca dieron su consentimiento". En el caso de los agentes de la Guardia Civil, "excediéndose de sus funciones, autorizaron y consintieron la cesión ilegítima de datos personalísimos de terceras personas obtenidos de las Bases de Datos Oficiales de la Guardia Civil SIGO para ser facilitados a los Agentes del Cuerpo General de la Policía Canaria, quienes sin justificar el fin de dichas consultas las realizaban de forma normalizada para posteriormente proceder al tratamiento ilícito de los mismos, vulnerando el derecho al honor y a la intimidad".

Policía Canaria.

Respecto al comisario jefe del Cuerpo General de la Policía Canaria, Luis Alonso Santos —máximo responsable de este Cuerpo Policial—, el denunciante expresa que "los agentes subordinados realizaban las consultas de datos personales mediante llamadas telefónicas al Centro Operativo de Servicios de la Comandancia de Las Palmas y tras obtener la información y los datos personalísimos de terceras personas que nunca prestaron su consentimiento para esta cesión de datos, los mismos eran tratados de forma ilícita en claro perjuicio para el ciudadano del que se cedieron dichos datos personales". 

De este modo, en la denuncia se considera que "existe un evidente cumplimiento por parte de los policías autonómicos de las órdenes impartidas por el comisario del Cuerpo Policial, sin que conste la existencia de un convenio de ningún tipo, ni entre el Ministerio del Interior, la Delegación del Gobierno en Canarias, ni la Subdelegación del Gobierno en Las Palmas con el Gobierno de Canarias ni con el Cuerpo General de la Policía Canaria que ampare la realización de estas consultas de datos personales que implican de forma directa la cesión y el posterior tratamiento ilícito de datos personales de terceras personas". Al igual que las otras autoridades, tampoco se ha recibido "ninguna orden para poner fin a esta actividad ilícita cometida por agentes autonómicos a cargo del comisario Santos".