21 de junio de 2021
|
Buscar
FIN DE SEMANA

El sindicato ACAIP-UGT ha mandado una carta a Ángel Luis Ortiz, secretario de Instituciones Penitenciarias, en protesta por la orden

Los funcionarios de prisiones indignados por un "Protocolo de denuncias por malos tratos" enviado por Interior

Ángel Luis Ortiz, secretario de Instituciones Penitenciarias.
Ángel Luis Ortiz, secretario de Instituciones Penitenciarias.
El sindicato ACAIP-UGT de Instituciones Penitenciarias acaba de dar respuesta por medio de carta a una orden de este organismo dirigida a los funcionarios para que "erradiquen la duda sobre la existencia de posibles abusos". La misiva ha indignado a los funcionarios de prisiones a quienes la orden considera capaces de ejercer este abuso de autoridad sobre los presos.

El sindicato ACAIP-UGT ha enviado una carta a Ángel Luis Ortiz, secretario de Instituciones Penitenciarias, en protesta por una orden de Interior recibida hace unos días. Por su interés reproducimos la carta de los funcionarios de Prisiones:

"En esta semana, hemos tenido conocimiento de la entrada en los centros penitenciarios de un "Protocolo de denuncias por malos tratos" elaborado por la Subdirección General de Análisis e Inspección supuestamente complementaria de la Orden de Servicio de 1 de julio de 2019 de la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social sobre el “Deber del parte de Lesiones”.

De nuevo, la Administración Penitenciaria que usted dirige vuelve a faltar al respeto, la profesionalidad y la honorabilidad del personal penitenciario, reiterando, en el tiempo, la mezquindad de sembrar dudas en nuestra actuación profesional.

Ya en el año 2019, esta organización sindical presentó un escrito al Ministro del Interior solicitando su cese y la retirada de la Orden citada, por motivos realmente obvios y que siguen siendo perfectamente aplicables a este momento temporal:

1.   Cuando se habla de “erradicar la duda sobre la existencia de posibles abusos y desviaciones de poder por parte de quienes ejercemos una función pública”, se generaliza y criminaliza a un colectivo sin ningún motivo objetivo. Sobre todo, cuando usted conoce perfectamente los datos referidos a los expedientes disciplinarios y las sanciones a los trabajadores penitenciarios: sobre 758 Informes de Inspección por supuestos malos tratos en el periodo 2009-2018 únicamente se han producido 11 sanciones y en los nueve primeros meses de 2020 según una respuesta parlamentaria se habían recibido 18 denuncias, estando todas archivadas excepto cuatro que seguían investigándose judicial o institucionalmente.

2.   Señor Ortiz, los trabajadores penitenciarios cumplimos la legalidad, y los partes de lesiones de los internos se elevan a los órganos correspondientes y usted eso también lo sabe perfectamente; el Señor Pérez Peña, como responsable de la Inspección, si tiene conocimiento de estos hechos que actúe contra quien no lo cumpla, pero no ponga en entredicho la actuación de los facultativos de nuestros centros.

El Protocolo objeto de este escrito se justifica, según su autor, el Sr. Pérez Peña, en que “se aprecian discrepancias y disfunciones en la forma de proceder de algunos centros cuando se tiene conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de delito, específicamente, ante la emisión de partes de asistencia por lesiones por parte del personal sanitario y ante la recepción de quejas o denuncias específicas en materia de malos tratos infligidos a las personas privadas de libertad”. Y esta afirmación nos resulta sorprendente, desde el momento en que este Sindicato no conoce que ante este “cúmulo de irregularidades” que justifican el protocolo se haya actuado contra ninguno de los presuntos incumplidores, a pesar de ser el autor el responsable de la Inspección Penitenciaria. Parece más fácil difundir en una apariencia de “buen derecho” un reproche genérico a todo el colectivo, por indigno que esto sea.

Permítame, Señor Ortiz, que ya que desde la Administración que usted dirige se duda de la profesionalidad y del cumplimiento de nuestras obligaciones, yo haga lo mismo con su gestión al frente de la Institución, aunque espero realizarlo con algo más de rigor:

1. Su cargo de responsable de la Institución Penitenciaria también conlleva la obligación de garantizar el normal desarrollo de los servicios y de dotar a los centros penitenciarios de los medios humanos y materiales necesarios para desarrollar dignamente nuestra función; y no como la venimos realizando en unas situaciones de falta de personal muy elevada en muchos centros y con un gran número de vacantes en el sistema. Pero, es más, asistimos a una dejadez importante como se comprueba ante la falta de convocatoria del proceso selectivo del año 2020, a pesar de estar finalizando el primer trimestre de 2021; vamos, como si no nos hicieran falta.

 Un funcionario de Prisiones.

2. Su obligación consiste, en mi opinión, en modernizar la Administración Penitenciaria y fomentar el diálogo social que nos permita avanzar en esa dirección, como debería ocurrir con el Proyecto de la Ley de Función Pública Penitenciaria; sin embargo, desde la Mesa Delegada del pasado

24 de febrero estamos esperando se dignen a indicarnos en qué situación se encuentran las gestiones que debían realizarse en el Ministerio del Interior. También como usted sabe perfectamente, el plazo establecido está próximo a su finalización.

3. Creo Señor Ortiz, que su obligación consiste en trasladar a otras instancias de la Administración y del Gobierno, el buen hacer de nuestros profesionales, tal como ha ocurrido en la pandemia; el trabajo que se realiza y en las condiciones en las que trabajamos; quizás de esta forma nuestras legítimas reivindicaciones podrían tener un amplio eco o apoyo. No hay más que ver la gravedad de las últimas agresiones que se han producido en algunos centros.

4. Fíjese Señor Ortiz, echamos en falta que también se preocupe para que las comunicaciones al juzgado de informes y partes de lesiones de trabajadores que han sido agredidos o han sufrido lesiones en reducciones, lleguen todas a los órganos jurisdiccionales.

5. Su obligación, Señor Ortiz, debe ser, por poner otro ejemplo, conseguir que el uniforme de los funcionarios sea adecuado y funcional, de la mejor calidad posible, en lugar de que la Administración empeñe todo su esfuerzo en conseguir que sea la Entidad TPFE la que realice el mismo, sabiendo que no tiene ni la capacidad ni la calidad suficiente para confeccionarlo de forma digna.

6. En definitiva, Señor Ortiz, su obligación debería consistir en defender nuestra imagen pública en lugar de ponerla a los pies de los caballos de forma sistemática a través de diferentes personas de su equipo. Si nuestros propios responsables no nos defienden o generan graves dudas sobre nuestra profesionalidad, a pocos sitios podemos ir. Espero y deseo que este no sea el verdadero interés.

Por tanto, le rogaría que realice una reflexión de lo que está sucediendo en los últimos años, modifique su actitud y consigamos entre todos que esta Institución sea respetada y, por extensión, los profesionales que trabajamos en ella".

 

COMPARTIR: