La posible disolución de Muface incendia a sindicatos y policías: "Colapsaría todo el sistema"

Hace tan solo dos días la nueva ministra de Sanidad, Mónica García, tomaba posesión del cargo. En menos de 72 horas la que era líder de Más Madrid en la Comunidad de Madrid se ha puesto manos a la obra para llevar a cabo las propuestas que recogía Sumar en su programa electoral. No todo proviene de Sumar, ya que García tiene la intención de crear una compañía farmacéutica pública. Esta iniciativa, que proviene de Más País, tiene la intención de convertir el hospital Isabel Zendal en una zona industrial bajo el nombre de FarmaNorte.

Lo que sí constaba en el programa de Sumar era la disolución de las mutuas de prestación sanitaria privada: Muface, mutualidad de funcionarios, Mugeju, cuerpo judicial e Isfas, fuerzas armadas. La nueva ministra de Sanidad pretende acabar con las mutuas de funcionarios y que los integrantes pasen a la sanidad pública, algo que podría colapsar el sistema al tratarse de unos dos millones de personas. Cabe recordar que el modelo Muface se encuentra en una delicada situación debido a la falta de dotación presupuestaria. 

"El sistema se colapsaría, el ministro del Interior debe intervenir"

Ante esta posible situación, desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) han elaborado un comunicado reclamando la intervención inmediata del ministro del Interior para frenar el plan de desaparición de Muface. “La eliminación de la mutualidad de los funcionarios supondrá un descalabro en el sistema público por saturación y sobrecoste”, reclaman desde el sindicato.

El SUP ha remitido también varias peticiones de apoyo para la defensa de la mutualidad de funcionarios a los grupos parlamentarios, después de constatar que la noticia ha generado una grave sensación de incertidumbre en miles de policías de toda España. 

Fernando Grande-Marlaska.

Desde el SUP reclaman que “acabar con nuestra mutua supondría un descalabro para el equilibrio sanitario y social de todo el colectivo, la saturación del sistema público sanitario para todo el conjunto de la sociedad y sobrecostes innecesarios. El traslado al sistema público del millón y medio de funcionarios a los que da cobertura Muface augura un panorama bastante complejo para los funcionarios y para el conjunto de la ciudadanía que obviamente se vería afectado con esta medida”.

Es importante destacar que Muface se encarga de gestionar un plan de pensiones de 640 millones de euros que cuenta con el mayor número de partícipes de toda Europa, en total 640.000 funcionarios. 

Desde el SUP vienen solicitando de manera reiterativa a la Dirección General de la Policía “la reactivación del Fondo de Pensiones de la Administración General del Estado, F.P. depositado en BBVA del que disponíamos en Policía Nacional y que desde julio de 2011 la Administración abandonó las aportaciones, las cuales venían efectuándose desde 2004 y manteniéndose un incremento de las mismas hasta 2010. La DGP nos aseguró que se realizarían gestiones al respecto sobre la viabilidad de lo solicitado. Gestiones que, a tenor del paso del tiempo no han sido productivas, negándose a impulsar medidas, como la expuesta, para la mejora de las jubilaciones del colectivo policial”.

Muface.

“Por todo ello, hemos solicitado un estudio pormenorizado del impacto que la eliminación de Muface tendría en los presupuestos y en los servicios públicos (Alianza de la Sanidad Privada Española ASPE ya ha asegurado que el mutualismo ahorra al sistema público entre 720 y 800 millones de euros por año), así como una evaluación sobre las nuevas coberturas y servicios que tendrían ahora los funcionarios. Hemos solicitado a los grupos parlamentarios reuniones urgentes para hacer frente a esta medida de gran trascendencia, tanto para los policías como para todos los ciudadanos que se verían afectados por la misma”, concluyen desde el SUP.

Por su parte, desde CSIF señalan que “necesitan que la financiación de las mutualidades administrativas mejoren, ya que en estos momentos la sanidad que reciben nuestros funcionarios mutualistas está muy en precario. Este gobierno tiene que apostar por el mutualismo administrativo y es algo que desde CSIF vamos a defender a ultranza. El modelo de las mutuas es compatible con el Sistema Nacional de Salud público, ya que llevan conviviendo 48 años”.