Acaip denuncia que Instituciones Penitenciarias castiga a la prisión de Valencia en la dotación de elementos de seguridad

Desde Acaip-Ugt denuncian el maltrato al que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias vienen sometiendo desde hace años al Centro Penitenciario de Valencia, en Picassent.

Así, el sindicato de prisiones señala que "en materia de personal, no cubriendo todas las vacantes de trabajadores existentes; no asignando personal en prácticas que, al menos, suplan las jubilaciones o pases a la situación de segunda actividad".

También denuncian "una insuficiente dotación de mobiliario y de equipos de climatización, que hace que no se renueven sillas que hace años superaron su vida útil, o haya puestos de trabajo sin una climatización adecuada para desempeñar el trabajo durante 14 horas seguidas y los arcos detectores de metales son fundamentales en varios lugares de un centro penitenciario: A la hora del acceso al centro (visitantes, familiares de internos, abogados…) y como elemento de detección de objetos metálicos y/o prohibidos de los internos, en especial los considerados más peligrosos, que puedan ser utilizados contra trabajadores u otros internos y para evitar que a la salida de los talleres se puedan ocultar objetos que luego puedan ser convertidos en armas".

Escasez de arcos detectores

Desde Acaip se solicitó información al Ministerio del Interior del número de arcos detectores existentes en cada uno de los centros penitenciarios para ver si hay una distribución proporcional a su tamaño o número de internos.

En un primer momento la Secretaria General de Institiuciones Penitenciarias facilitó el número total existente (1.038), pero no la distribución por centros por entender que “supondría un perjuicio para la seguridad nacional”.

Ante esa descabellada respuesta, desde Acaip se interpuso el correspondiente recurso que fue aceptado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que obligó al Ministerio del Interior a facilitar ese desglose por centros ya que “no sólo no atenta contra la seguridad nacional, sino que facilitar esa información cumple con el principio de rendición de cuentas”.

Finalmente, al Ministerio de Interior no le quedó otra opción que facilitar toda la información solicitada.

Una vez facilitada ésta "se ha podido comprobar que ese maltrato por parte de la SGIP al Centro Penitenciario de Valencia se ha extendido también a la dotación de estos elementos de seguridad, pese a que es la prisión española con más módulos, la que más internos alberga (muchos de ellos especialmente conflictivos), una de las que más talleres tiene, dispone de un número muy inferior de estos elementos de seguridad al de otros centros mucho más pequeños", señala Acaip en su comunicado.

Arco detector de metales.

"No es que el resto de centros penitenciarios tenga demasiados arcos, detectores de metales que no los tienen, es que el centro penitenciario más grande de España tiene un número claramente insuficiente para garantizar la seguridad", añaden. 

Esta falta de arcos detectores de metales implica que para comprobar si los internos llevan encima objetos metálicos peligrosos se utilicen raquetas detectoras que suponen un mayor contacto físico de los funcionarios con los internos, que en muchos de los casos presentan estados agitados y/o alterados, por lo que el riesgo de agresión se incrementa notablemente.

Esta situación es especialmente grave en aquellos departamentos que albergan a internos/as especialmente peligrosos o conflictivos, muchos de los cuales ya han protagonizado graves incidentes con anterioridad, en ocasiones con la utilización de “armas” o “pinchos” metálicos.

"Se echa en falta una mayor presión desde el equipo directivo del centro hacia los Servicios Centrales de Instituciones Penitenciarias para reclamar una mejor dotación de estos elementos de seguridad, al igual que en el caso de la falta de personal, en el excesivo número de internos del centro, en la falta de instalaciones adecuadas para albergar a internos clasificados en primer grado (los más peligrosos", indica Acaip.

Por tanto, se puede decir que este “castigo” por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias pone en un riesgo mayor a los trabajadores de este centro respecto a los de otros, pero también está en entredicho la seguridad del mismo y de los internos que alberga.