30 de octubre de 2020
|
Buscar
FIN DE SEMANA

El juez llama la atención a los responsables de Tragsa por los perjuicios de la paralización continuada de las obras del colector de aguas residuales

Arranca el juicio por la grave contaminación por E.Coli de la bahía de Santoña que no permite mariscar por las aguas fecales

El conflicto entre TRAGSA y ACCIONA-ASCAN por la construcción de un colector subfluvial en Santoña (Cantabria) llega a los tribunales después de dos años con las obras paralizadas. La falta de acuerdo entre las dos empresas, por motivos económicos, está provocando grandes pérdidas sociales poniendo en peligro uno de los ecosistemas más ricos de España

El juicio arrancó con un amonestamiento público por parte del titular del Juzgado de Instrucción número 89 de Madrid, José Manuel Manzanares Codesal. Recriminó el Magistrado en su alocución a las empresas litigantes, Tragsa y la Unión Temporal de Empresas (UTE) Acciona-Ascán, el hecho de tener que haber llegado a esta situación, máxime cuando sólo “hay 11 puntos de desencuentro y 10 millones de euros” cuando, como señaló el juez, “el perjuicio social es mucho mayor”.

Manzanares Codesal dejó claro también que el juicio tendrá un punto final este miércoles a las 12 de la mañana. Será un juicio rápido debido a la “gravedad del asunto”, a la existencia de una gran cantidad de pruebas y a que éstas son “suficientemente claras y sin interpretaciones posibles”. Se obviarán preguntas fuera del “sentido común” y no permitirá a las partes “justificar lo injustificable”.

El origen del conflicto

El conflicto entre Tragsa y la empresa subcontratista nace hace ya dos años cuando la tuneladora que realiza el tramo subfluvial del colector rompió sus escudos de perforación por causas geológicas imprevistas, quedando pendientes 1.200 metros del túnel que atraviesa la bahía de la localidad cántabra.

Por esta causa la obra está paralizada desde noviembre de 2016. Desde el punto de vista técnico, la UTE Acciona-Ascan no ha logrado la autorización por parte de Tragsa de la solución presentada, que permita el necesario reemplazo de los elementos de corte que requiere la tuneladora para proseguir los trabajos de perforación en el fondo del mar.

Jesús Casas, presidente de Tragsa

Desde el punto de vista legal, la historia se retrotrae a mayo de 2017 cuando la citada UTE solicitó la resolución del contrato con Tragsa o la modificación económica del mismo, ya que consideraba que la responsabilidad de Tragsa en la cartografía geológica era manifiesta y ello la obligaba a correr con los gastos de reparación. Ésta se opuso a la demanda y por consiguiente al modificado del contrato o a la resolución del mismo con la correspondiente indemnización. Todo esto mantiene bloqueada la obra y la tuneladora allí enterrada.

Más allá de los datos judiciales y económicos de este conflicto, lo realmente importante son las consecuencias sociales y medioambientales que esta paralización de casi dos años está generando. Mientras las empresas han llevado su enfrentamiento a los tribunales, la bahía de Santoña sigue recibiendo aguas fecales, lo que ha obligado a cerrar completamente la explotación de almejas y ostras, recursos de los que subsisten el 60% de los mariscadores cántabros.

Por otra parte, la tuneladora sigue bajo las aguas de la bahía, varada desde hace dos años y degradándose lentamente, con la consiguiente afección a esta importantísima reserva natural.

La decisión, en manos del Ejecutivo de Pedro Sánchez

Las autoridades cántabras, así como organizaciones sociales y asociaciones de mariscadores no se han quedado callados ante esta injusta situación e instan al Ministerio de Transición Ecológica, al frente del cual se encuentra Teresa Ribera, a la solución inmediata de este problema.

Hace meses el Ejecutivo inició sus contactos con las empresas, pero la llegada del juicio demuestra que la intervención del Gobierno no ha sido precisamente positiva. A mediados de septiembre, el Consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación de Cantabria, Jesús Oria, mantuvo una reunión con el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, donde se puso de manifiesto la urgencia de la situación y las soluciones existentes, incluido un informe elaborado por el CEDEX.

Tesesa Ribera, Ministra de Transición Ecológica

El Ayuntamiento de Santoña envió una misiva a Ribero en verano para quejarse de la situación que se está viviendo y en la que solicitaban que “la obra se reanude con las alternativas o modificaciones que fueran precisas lo antes posible”. En la misiva dejaban claras las consecuencias nefastas que están teniendo para el medio natural y la economía de la zona. Las labores de los mariscadores son prácticamente irrealizables a lo que se suma el impacto medioambiental que podría recordar “a las peores imágenes del Prestige” si la tuneladora empezara a verter grasas al mar.

El Cierre Digital seguirá de cerca la evolución de lo que podría suponer, si alguien no lo remedia pronto, pérdidas millonarias para esta comarca marisquera de Santoña.

COMPARTIR: