Las dudas marcan el inicio del juicio por el Crimen de la viuda de la CAM entre 19 indicios policiales muy discutibles

 Este lunes comenzó el juicio contra Miguel López, acusado de matar a su suegra María del Carmen Martínez, viuda del presidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Vicente Sala.

El juicio comenzó tras debatirse dos peticiones previas de la defensa del único acusado por parte del Tribunal de la Audiencia Provincial de Alicante. La primera es la de celebrar el juicio a puerta cerrada y la segunda trasladar al jurado, seis mujeres y tres hombres, al lugar donde se cometió el crimen para mostrar la ubicación de las cámaras a las seis de la tarde. La presidenta de la Sala le hizo la pregunta de rigor a Miguel López sobre la acusación que se hace de asesinato sobre él. El acusado respondió que no mató a su suegra.

Después el jurado se trasladó al lugar de los hechos. Se trataba de demostrar que el lavadero no disponía de cámaras, aunque el informe policial aseguraba que se encontraban desconectadas en el momento del crimen. El Tribunal accedió a esta prueba, pero no a la del juicio a puertas cerradas y las vistas serán abiertas. El martes declarará el acusado más extensamente y el miércoles lo hará Vicente Sala, hijo varón de la fallecida y único ejerciente de la acusación particular.

María del Carmen Martínez, de 72 años, falleció el 9 de diciembre de 2016, minutos después de haber recibido dos disparos en la cabeza a corta distancia en el lavadero del concesionario de coches Novocar, propiedad de la familia y que regentaba entonces Miguel López, quien fue detenido en febrero de 2017, acusado de ser el autor material del crimen. López quedó en libertad al depositar una fianza de 150.000 euros tras haber pasado 40 días en prisión.

El lavadero donde se produjo el asesinato.

Ahora se enfrenta a una pena de 24 años de cárcel que piden para él la Fiscalía y la acusación particular, ejercida por Vicente Sala, hijo de la fallecida. Las otras tres hijas, incluida su esposa, Fanny, lo apoyan y no creen que haya matado a nadie.

La Fiscalía acusa a López de un delito de asesinato tipificado y penado en el art 139 del Código Penal, otro delito de tenencia ilícita de armas tipificado y penado en el artículo 564 del mismo Código Penal, y aumentados con el agravante de parentesco, ya que López era yerno de la fallecida. A esta tipificación se adhirió la acusación particular ejercida en solitario por Vicente Sala, hijo de la víctima, ya que el resto de las tres hijas de la fallecida se negaron a acusar del asesinato a López.

Existen muchas incógnitas e interrogantes en torno al caso. Solo hay indicios y no muy certeros, como ha ido desvelando elcierredigital.com estos meses atrás. Según la defensa del sospechoso,  Miguel López ya se había marchado cuando su suegra murió y hay grabaciones de las cámaras de tráfico en las que se ve su paso en coche por la salida hacia Madrid. Sin embargo, la acusación particular que ejerce el hijo mayor de la víctima y el fiscal insisten en que acompañó a la viuda a recoger su todoterreno después de haberlo lavado y él tenía las llaves.

No hay ADN de Miguel López

Tampoco se ha encontrado ADN suyo ni restos de pólvora en sus manos o ropa. El único ADN que no pertenece a la fallecida, encontrado en un casquillo de bala, no pertenece a Miguel López, sino a alguien no identificado, a pesar de haberlo cotejado con trabajadores y personal sanitario que estuvo en la escena del crimen.

En cuanto al posible móvil del crimen, y en el que se apoya sin una prueba concluyente para la acusación es el económico. En la familia había en juego muchos ingresos provenientes de su conglomerado empresarial en Hispanoamérica, que factura unos 400 millones al año .

La decisión de María del Carmen Martínez de poner al frente de todo su emporio a su primogénito, Vicente, y relegar a otras funciones menores a sus tres hijas -Mar, Tania y Fanny Sala, provocó el enfado de varios familiares,  incluso de algunos nietos, según las investigaciones.  Pero hoy las tres hermanas defienden sin fisuras la inocencia de López, que tenía dinero heredado de su familia para vivir sin tener que trabajar. Así que el móvil económico no parece muy defendible en esta causa.

Vicente Sala y Maria del Carmen Martínez.

Para terminar de sembrar dudas razonable, en agosto de 2019, el inspector de Homicidios que dirigió toda la investigación en la Jefatura del Grupo de Delincuencia Violenta de la Brigada de Policía Judicial de Alicante, fue apartado del departamento. Por ello,  no podrá declarar en su calidad en el juicio. El funcionario fue destinado a la Unidad de Tráfico Ilícito de Vehículos con idéntica categoría.

La decisión fue tomada por su jefe máximo, el comisario Alfonso Cid. Para el entorno del funcionario ahora apartado de la jefatura de Homicidios, "Cid quería castigar al inspector por razones sindicales".  Pero otros policías cercanos a esta unidad, que conocían la situación, aseguraban “que no llevaba el cuerpo como debía y era solo cuestión de tiempo que le trasladaran”.

Borradas las conexiones a internet

Una de las grandes incógnitas del caso se refiere a la presunta alteración de pruebas.  El abogado de Miguel López señaló en su escrito de absolución presentado ante el Tribunal que  "se ha podido alterar la prueba mediante el borrado de los elementos –archivos–que beneficiaban al investigado, y la mejor prueba de ello es que tal circunstancia ya se ha hecho también así en otro de los elementos informáticos, el móvil de la víctima". Es decir, que cierta información, como las conexiones a Internet y las horas, fue borrada del móvil de María del Carmen Martínez.

El catédratico Javier Sánchez Vera, abogado de López, explicará durante el juicio que faltan 138 archivos fotográficos tras el registro en casa de su defendido y la retirada de discos duros y ordenadores que no se habría hecho conforme a derecho: "No consta tampoco que esos elementos informáticos se precintasen de nuevo, sirviendo así como garantía de la autenticidad e indemnidad de la prueba (...). Es más, la valoración de la prueba ha de tener en cuenta que, como a continuación vemos, han sido borradas ilícitamente las conexiones de internet del teléfono de la víctima del día del suceso y de los días previos, y ello es la acreditación definitiva de la inocencia de Miguel López".

Pero también el móvil de la víctima, María del Carmen Martínez, viuda de Vicente Sala, "fue manipulado por parte de la policía, quien mantuvo el móvil de la víctima durante horas, sin precintar, y no solo como dice el auto que ahora impugnamos en los primeros minutos nada más encontrar el cadáver, con fines perentorios y de rapidez de la investigación para ver si averiguaban algo en esos primeros minutos. En suma, de un móvil en el que se han realizado llamadas, y de un móvil en el que se han borrado las conexiones de internet, no se puede decir que tenga cadena de custodia de clase alguna y, sobre todo, que no haya sido manipulado. Lo fue y estamos instando que el órgano jurisdiccional así lo declare", explica el abogado defensor.

Son algunos de los grandes interrogantes de un juicio con un sospechoso y sin pruebas definitivas y claras hasta el momento.