13 de julio de 2020
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FIN DE SEMANA

Está fechado en 1984, firmado por Colin Winston, dentro de 32 páginas dedicadas al terrorismo en Europa y sobre el que se levantó la censura en 2011

Éste es el informe de cinco páginas de la CIA sobre los GAL y Felipe González

Ronald Reagan, entonces presidente de los EEUU, y Felipe González.
Ronald Reagan, entonces presidente de los EEUU, y Felipe González.
Un informe de 32 páginas, cinco de ellas destinadas a analizar el terrorismo de ETA y los GAL, fechado en 1984, y elaborado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) ha levantado la polémica al recogerse en el mismo que "González está de acuerdo con la formación de un grupo de mercenarios, controlado por el Ejército, para combatir el terrorismo fuera de la ley", aunque falta la primera parte, censurada, de esa frase.

Todos los países tienen desplegados en los territorios de países amigos analistas, "antenas" y efectivos que a veces son conocidos por las autoridades del país en cuestión, pero en otras ocasiones no. La polémica ha surgido después de que se haya publicado un informe de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) elaborado en 1984, sobre la lucha antiterrorista del gobierno de Felipe González y la relación con los GAL que entonces se comenzaban a publicar en los periódicos de la época.

Página 16 donde se incluye Iparralde como parte del País Vasco.

Cinco páginas, desde la 16 a la 20 ambas incluidas, volvieron a poner sobre la mesa la polémica de los GAL. El diario La Razón publicó el siguiente titular: “Felipe González ha acordado la creación de un grupo de mercenarios para combatir fuera de la ley a terroristas”.

En realidad, un documento de la CIA de donde sale esa información recoge en la página 19, en su segundo párrafo, literalmente: “González está de acuerdo con la formación de un grupo de mercenarios, controlado por el Ejército (Army), para combatir el terrorismo fuera de la ley”. El problema es que delante de esa frase falta otra, censurada, como es habitual en los informes desclasificados de la CIA.

                                                     El polémico párrafo donde se nombra a González.

La ley de secretos oficiales de Estados Unidos dice que esa censura solo se aplica a los casos donde estén involucradas terceras personas y pueda verse afectada su intimidad, pero en la realidad se usa para censurar todo lo que a nuestros aliados no les interesa que conozcamos.

Un buen conocedor de los servicios de Inteligencia de la época aseguró a elcierredigital.com que "el documento no es nada especial, se nota que lo hizo un analista sentado en una mesa con recortes de Prensa y poco más". Ese analista en cuestión se llama o llamaba Colin Winston.

                                           Página 17 del informe de la CIA.

Colin Winston era seguramente un "analista” de la CIA en nuestro país, seguramente al servicio de la “embajada bis”, un apartamento en la calle Alfonso XII frente al Retiro madrileño, donde tenían su sede los agentes de la CIA en Madrid. Winston (seguramente apellido inventado) trabajaba para la Oficina Europea de Análisis de la CIA en la década de los 80. Los analistas eran en realidad empleados que leían la prensa, veían las noticias y hacían resúmenes semanales de lo que pasa en el país donde están destinados. Un trabajo mucho más burocrático y aburrido que el que pintan en las novelas o películas de espionaje. "Pero muy importante también. Hasta la muerte de Franco los espías de la CIA vivían en clandestinidad y después algunos eran oficialmente conocidos como los que estaban de enlace con el CNI, Policía, etcétera, otros continuaron y continúan en la clandestinidad, sin ser reconocidos", añade la misma persona.

                                          Página 18 del citado informe.

En este caso el informe español fue unido a otros del resto de Europa ya la copia censurada recibió el visto bueno el 4 de junio de 2011 con el sello "sanitized copy approved for release", literalmente "copia desinfectada aprobada para su lanzamiento", pero que viene a decir que es una copia censurada para su publicación. Es decir, que a partir de esa fecha se podría haber consultado o pedido, ya que la ley obliga a publicarlo pasados 35 años, pero si está antes "desinfectado" ese informe se podría haber pedido por cualquier ciudadano que conociese su existencia, algo bastante improbable.

La portada del documento de la CIA.

El documento titulado “España, terrorismo vasco y respuesta gubernamental” se incluye dentro de uno más extenso de 32 páginas, con 3 folios censurados por completo, fechado el 19 de enero de 1984, titulado “Revisión del terrorismo” y ha sido desclasificado con un año de retraso, ya que la ley de secretos oficiales dice que pasados 35 años hay que desclasificarlos. Claro, que los documentos españoles del 23F no han sido desclasificados todavía y han pasado ya 39 años -cuatro años de retraso- y nadie protesta.

                                       La página 19.

“Desde hace 20 años el gobierno español está bloqueado en la lucha contra ETA, la organización terrorista vasca”, así arranca el famoso informe, que recuerda episodios como que “en octubre (1983) los polimilis secuestraron y asesinaron al capitán Alberto Martín Barrios, Brigada de Farmacia del Ejército Español”.

                                    Página 20 del informe sobre los GAL.

Un apartado dedicado a “la respuesta en Madrid” dice que “González reconoció que nunca negociaría con asesinos” para decir unos párrafos más abajo que “sin embargo, el gobierno parece decidido a adoptar una estrategia poco ortodoxa para tratar con ETA”, después hay un gran espacio en blanco de prácticamente una línea y la famosa frase “González está de acuerdo con la formación de un grupo de mercenarios, controlado por el Ejército (Army), para combatir el terrorismo fuera de la ley”. Es imposible saber si la frase que falta se refiere a una hipótesis, "existe una teoría según la cual...", a lo que publican algunos medios de comunicación como aparece poco después, "el periódico publicó que..." o realmente acusa al entonces presidente del Gobierno de haber dado el visto bueno a la creación de los GAL.

                                    El índice del informe sobre terrorismo.

Otros párrafos del informe hacen alusión a la relación del PNV con HB, recogiendo que "el comité ejecutivo del PNV acordó remitir a sus sedes locales una orden para que cesaran toda colaboración con HB". En cualquier caso, el informe sí habla de los asesinatos del GAL en el sureste de Francia, en concreto del "secuestro y asesinato de dos simpatizantes de ETA militar", en clara alusión a José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala y al secuestro de "un hombre de negocios en el País Vasco" en alusión a Segundo Marey. Tras un párrafo censurado el analista norteamericano escribió: "Si la supuesta participación de Madrid se confirmada, las credenciales democráticas del gobierno español y del Partido Socialista estarían seriamente manchadas".

"Hay que entender el contexto histórico, hacía poco del golpe de Estado del 23F y los militares estaban todavía muy cabreados porque ETA mataba a los suyos. Para mi el informe no dice nada novedoso, es bastante plano. Ahora seguramente habrá alguien escribiendo que el Gobierno de Pedro Sánchez y su alianza con Podemos no es bueno para los intereses americanos, luego analizarán al resto de candidatos y darán su opinión sobre cuál sería más beneficioso para EEUU. Esto es muy normal", asegura el mismo experto consultado por elcierredigital.com.

El docmento muestra un mapa del País Vasco incluyendo Iparralde (País Vasco francés).

Hay que recordar que los GAL actuaron en España y Francia entre 1983 y 1987 dejando tras de si un rastro de cerca de 60 muertos y heridos. En muchas ocasiones el GAL llegó a pedir disculpas por asesinar a pacíficos ciudadanos franceses a los que confundieron con etarras.

Por todas estas acciones fueron condenados por el Tribunal Supremo español 11 personas, entre ellas altos cargos de la Administración del presidente Felipe González el exministro del Interior José Barrionuevo, el exsecretario de Estado Rafael Vera, el excoronel de la Guardia Civil Enrique Rodriguez Galindo y los policías José Amedo y Michel Domínguez, considerados brazos ejecutores de la organización delictiva. 

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