La lucha de los abogados y procuradores mutualistas: Reclaman una jubilación digna

El 28 de septiembre tuvo lugar una concentración de abogados y procuradores vizcaínos pertenecientes al movimiento #J2 a las puertas del Palacio de Justicia de Bilbao en defensa de unas pensiones que les permitan vivir con dignidad llegado el momento de su jubilación. Asimismo, reclaman que se reforme el actual sistema legal para que se les conceda trasladar las cotizaciones realizadas hasta la fecha a la Mutualidad de la Abogacía, único sistema al que se les permitía acogerse hace unos años, al sistema de la Seguridad Social para autónomos, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

En el mismo contexto de acción, el 29 y el 30 de septiembre se sumarán los letrados y procuradores de #J2 Araba, Barcelona, Valencia, Málaga, Córdoba, León, Almería, Jaén, Ponferrada, Huelva, Santiago de Compostela, Murcia, Lugo, Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife y no se descarta que lo hagan otros. Esta movilización es una llamada a las autoridades para que se reconozcan los derechos de estos profesionales.

El origen del problema y sus consecuencias tras la jubilación

El problema parte de una discriminación histórica al colectivo, pues únicamente podía ejercerse la profesión adscribiéndose a las Mutualidades, entonces obligatorias. Y si bien en 1995 se permitió la cotización al RETA, había ya muchos atrapados en el sistema, que continuó vendiéndose desde los Colegios como la mejor opción.

Con el cambio de 2005, en el que las Mutualidades se convierten en compañías aseguradoras, las Mutualidades profesionales que constituyen sistema alternativo son una reminiscencia del pasado, de forma que sus pensiones se han convertido en productos financieros que no se sostienen y normalizan unas prestaciones que distan mucho de los mínimos que en virtud del mandato Constitucional debían garantizarse para los profesionales.

El colectivo de abogados y procuradores mutualistas afecta a unos 1.300 letrados y unos 150 procuradores en Bizkaia. Y en el conjunto de España a un total 70.000 letrados y 8.000 procuradores. Este colectivo ha explicado que los profesionales que cuentan en la actualidad con la mutualidad como único sistema de jubilación se enfrentan a pensiones de entre 200 y 400 euros, sin pagas extras ni actualización del IPC. Esto supone una pensión de jubilación de entre la mitad y un tercio de la mínima del RETA

Tampoco existe pensión de viudedad ni de orfandad, los siniestros se cubren con las propias aportaciones personales. Las incapacidades temporales motivadas por problemas de salud mental son de un máximo de 60 días para toda su vida profesional. Además, las incapacidades temporales motivadas por enfermedad o accidente cubren un máximo de 365 días. En el disfrute de la sanidad pública aún tienen limitaciones y condiciones diferentes y en relación al copago farmacéutico afrontan en torno al 50% del pago de sus medicamentos.

En una conversación con elcierredigital.com la procuradora bilbaína Carmen Miral señala que “las pensiones que se están dando a los abogados y procuradores adscritos a la mutualidad no se corresponden con una jubilación digna. La jubilación actual no está ni equiparada a la mínima jubilación que percibe un autónomo. Nuestra intención principal es conseguir un cambio de ley que mejore estas condiciones. Debería haber un apoyo por parte de la seguridad social”. 

Asimismo, el colectivo ha denunciado que con tales cantidades "los profesionales no se pueden jubilar, y deben seguir trabajando hasta edades avanzadas. Además, carecen de coberturas elementales, pues en caso de enfermedad, solo se recibe una pequeña asignación durante un máximo de un año y, por ejemplo, las bajas por enfermedad mental solo se cubren durante un total de dos meses en toda la vida laboral”.

“Junto con las irrisorias pensiones y el déficit de coberturas, hay otro problema. Estamos atrapados a perpetuidad en el nefasto sistema. La normativa actual no permite trasladar la cotización mutual al RETA o al Régimen General. De modo que, si marchamos al sistema público, partimos de cero, en cotizaciones y tiempo de cotización, dando lugar a que, si quieres cambiar de actividad o te contratan por cuenta ajena, las cotizaciones no te sirven, si ya estas dentro de los 15 años mínimos necesarios para tener derecho a pensión pública”; añade el colectivo. 

La propuesta de soluciones

Para este colectivo la solución es evidente: “Debe realizarse una reforma legal, para que, como ocurre para todos los ciudadanos, que cotizan en régimen general o en RETA, ambos sistemas se compatibilicen a la hora de cobrar una pensión. Es decir, que la cotización en la Mutualidad se pueda compatibilizar con la pública, y ello es tan sencillo como permitir a través de la oportuna reforma legal que los fondos individuales de cotización acumulados en la Mutualidad se puedan traspasar al RETA como cotizaciones en dicho sistema y como años cotizados en el mismo. Por simplificar, es como si la Mutualidad hubiera actuado como una recaudadora y depositaria de pagos al RETA”.

También ven necesario que se lleven a cabo mejoras fiscales, ya que “esto no son planes de pensiones complementarios a la jubilación sino jubilaciones en sí mismas, y no es posible que si recuperas tu fondo acumulado a la edad de jubilación la carga impositiva suponga que Hacienda se quede con la mitad de ese fondo”; concluyen desde el colectivo.