19 de octubre de 2019
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FIN DE SEMANA

A los ocho acusados se les impusieron penas entre dos y doce años de prisión por la Audiencia Nacional

El Tribunal Supremo dicta hoy sentencia sobre los recursos presentados por los acusados de los incidentes de Alsasua

Una manifestación a favor de los detenidos de Alsasua.
Una manifestación a favor de los detenidos de Alsasua.
El caso por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en la localidad navarra de Alsasua en octubre de 2016 llega este miércoles al Tribunal Supremo, que revisa la condena de entre 2 y 13 años de cárcel que la Audiencia Nacional impuso a los ocho jóvenes acusados.

El Tribunal Supremo no entrará a valorar en esta sentencia si cometieron o no un delito de terrorismo, ya que la asociación Covite que ejercía la acusación particular renunció a presentar un recurso contra la sentencia revisada de la Audiencia Nacional el pasado 7 de marzo. El Tribunal está presidido por el magistrado Andrés Martínez-Arrieta.

Tras dos sentencias de la Audiencia Nacional, la de la Sala de lo Penal y la de la Sala de Apelaciones, que rechazaron que aquello fuese terrorismo, la Fiscalía decidió no recurrir al Supremo, como tampoco lo hicieron las otras acusaciones, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite). Pero sí recurrieron la sentencia las defensas de los ocho acusados, que pidieron la absolución de sus defendidos a lo que ses opone la Fiscalía.

Los acusados, Iñaki Abad, Jokin Unamuno, Ohian Arnanz, Jon Ander Cob, Julen Goicoechea, Aratz Urrizola, Adur Ramírez y Ainara Urkijo, fueron condenados por delitos de atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas, pero no por terrorismo al no ver el tribunal que la agresión tuviese tal finalidad o se pudiese vincular con la estrategia de ETA.

Los hechos se remontan al 15 de octubre de 2016 cuando los dos guardias civiles y sus parejas fueron increpados en el bar Koxka de Alsasua y rodeados por un grupo de unas 25 personas que les gritaban para que se fueran con expresiones como "os vamos a matar por ser guardias civiles", "hijos de puta", "cabrones" o "txakurras".

Una manifestación a favor de los presos de Alsasua.

Así consideró probado la Audiencia Nacional, que señaló en su sentencia que los acusados les propinaron "golpes, patadas y puñetazos" hasta el punto que el teniente de la Guardia Civil cayó porque una de las patadas le produjo la rotura de la tibia y el peroné. De hecho, apreció las agravantes de abuso de superioridad y de odio y consideró probado que actuaron por animadversión a la Guardia Civil y por motivos ideológicos.

Una pelea de bar

No piensan lo mismo los acusados, que insistirán durante la vista en su absolución, si bien alguno también planteará como alternativa una posible reducción de condena o la eliminación de las agravantes, ya que las defensas argumentaron que aquello "fue una pelea de bar como hay en otros lugares de España". De los ocho, siete están en prisión y solo Urkijo, condenada a 2 años por amenazas y desórdenes públicos, no ingresó en prision.  

La acusación popular en el caso de Alsasua ha renunciado a presentar recurso contra la última sentencia que no condenaba por terrorismo a los acusados. Ya la fiscalía de la Audiencia Nacional renunció a presentar recurso ante el Tribunal Supremo por la sentencia emitida el pasado 7 de marzo sobre los incidentes de esta localidad navarra, ocurridos en 2016, durante una pelea en un bar donde fueron atacados dos guardias civiles y sus parejas.

El fiscal y la acusación popular ejercida por la asociación Covite pidió ante la Audiencia Nacional la condena por terrorismo de los acusados. Pero la sentencia desestimó esta petición y rebajó las penas iniciales de algunos de los acusados.

En el resto de los casos, la Audiencia confirmó la sentencia inicial que impuso 13 años de cárcel para Ohian Arnanz, 12 para Jokin Unamuno y Adur Ramírez, 9 años en el caso de Jon Ander Cob, Julen Goicoechea y Ararz Urriola y 2 años para Ainhara Urkijo, la única condenada que no ha llegado a ingresar en prisión.

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