17 de octubre de 2019
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FIN DE SEMANA

El Gobierno de Sánchez presiona a la cúpula eclesiástica con cobrar el IBI, quitarle sus propiedades y un nuevo régimen fiscal

Fuentes próximas a la Iglesia acusan a la Vicepresidenta Carmen Calvo de intento de chantaje al Vaticano por los restos de Franco

La obsesión del Gobierno de Pedro Sánchez por sacar a Francisco Franco del Valle de los Caídos ha acabado provocando una guerra entre el Ejecutivo socialista y el Vaticano. La reunión del lunes de la número dos del Gobierno, Carmen Calvo, en la que se dirimían los flecos del nuevo acuerdo económico Iglesia-Estado derivó en un supuesto chantaje para que los restos del dictador no descansen tampoco en la cripta familiar de la Almudena

La Oficina de Prensa del Vaticano ha desmentido en un comunicado la versión dada por la Vicepresidenta Carmen Calvo de su encuentro con el Cardenal Pietro Parolin, en el marco de la negociación del Gobierno español con el Vaticano, que tenía como uno de su fines principales conseguir que la cúpula de la Iglesia no se opusiera de entrada a la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, pero fundamentalmente en la necesidad, compensada aparentemente con otras prebendas económicas de relieve, de "buscar una solución adecuada“ al lugar sepulcral donde serían trasladados los restos del dictador. El Gobierno intenta, ya como última bala en su recámara, que sea ahora el Vaticano quien “sugiera” a los nietos del General que no sea la Catedral de La Almudena, en el centro de Madrid, el lugar donde sean enterrados.

El Gobierno de Sánchez pretende así solucionar el problema que les ha sobrevenido con la decisión de exhumar al dictador de su tumba en el Valle de los Caídos. El Ejecutivo pretendía que no hubiera un monumento dedicado a Francisco Franco, pero todo apunta a que los restos acabarán a en los nichos que la familia del dictador tiene en la catedral de Almudena. Ironías del destino, lo que pretendían evitar lo verán aumentado, con el cadáver inhumado en pleno centro de Madrid, ni más ni menos que en la catedral donde se casaron los actuales Reyes, Felipe VI y Letizia y a unos pocos metros del histórico Palacio de Oriente que, además de ser la residencia oficial de los Reyes españoles hasta Alfonso XIII, era el lugar que utilizaba Franco para arengar a las masas cada 18 de julio, en los que celebraba el Alzamiento Nacional, es decir, el inicio de la Guerra Civil española que lo llevaría a la Jefatura del Estado durante cuarenta años. Esto supondría un gran problema para el Gobierno socialista, máxime cuando se acerquen fechas de relumbrón para los nostálgicos del régimen franquista como el propio 18 de julio o el 20-N, aniversario de la muerte del dictador.

La Santa Sede desmiente al Gobierno

Sobre lo tratado entre el Cardenal Parolin y Carmen Calvo, la visión del Gobierno era del todo alentadora. Sin embargo, la Oficina de Prensa del Vaticano ha desmentido al gobierno con una nota del todo aclaratoria.

El cardenal Pietro Parolin no se opone a la exhumación de Francisco Franco, si así lo han decidido las autoridades competentes, pero en ningún momento se pronunció sobre el lugar de la inhumación”, exponen desde el Vaticano.

Comunicado emitido por el Vaticano / Oficina de Prensa de la Santa Sede 

“Es cierto que la señora Carmen Calvo expresó su preocupación por la posible sepultura en la catedral de la Almudena y su deseo de explorar otras alternativas, también a través del diálogo con la familia. Al Cardenal Secretario de Estado le pareció oportuna esta solución”, remata el comunicado firmado por el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Greg Burke. 

Las "sugerencias" del Gobierno

Debido a que la iglesia no puede negarse a la inhumación, el Gobierno ha puesto al Vaticano contra las cuerdas. A cambio de presionar a la familia Franco para no enterrar a su abuelo en el nicho de Almudena y llevárselo al panteón de su propiedad en Mingorrubio en El Pardo, mucho menos accesible para el público, el Ejecutivo estaría dispuesto a ser más flexible en temas que preocupan mucho a la Iglesia: pagar el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) y la titularidad de algunos templos.

Respecto al IBI recordemos que, La Ley Hipotecaria que el Partido Popular, presidido por José María Aznar, aprobó en 1998 permitió a la Iglesia la autoridad para inmatricular a su nombre los inmuebles que considerara propios sin la necesidad de acreditarlo, teniendo así la misma potestad de un organismo público. El Gobierno de Mariano Rajoy acabó con esta potestad de la Iglesia en 2014.

Estos inmuebles de la Iglesia están exentos del pago de diversos impuestos como el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles), o el impuesto de sucesiones entre otros muchos. El resto de terrenos e inmuebles no lo está, especialmente si están destinados a algún tipo de actividad económica. El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ya advirtió en su día que estas exenciones tributarias podrían considerarse ayudas ilegales que el Estado permite a la institución eclesiástica.

Mezquita de Córdoba 

Por su parte, la Iglesia en su página web argumenta que “solo ha inmatriculado aquellos edificios que en su momento construyó el pueblo cristiano con un fin muy determinado: rezar, celebrar la eucaristía juntos, reunirse, etc. Ha inmatriculado, por tanto, también las casas anexas a las parroquias”.

Respecto a la titularidad de algunos templos, esto afectaría a algunos tan significativos como la Mezquita de Córdoba. Desde hace tiempo se discute legalmente la validez o no de la inmatriculación de Mezquita, usada desde hace siglos como catedral para el culto, en el Registro de la Propiedad. Sin duda, que el Gobierne tercie en este tipo de situaciones, teniendo en cuenta que de él depende el Patrimonio Nacional, deja a la Iglesia en una situación más que complicada.

La sombra de la exhumación de Franco es alargada y parece que el Ejecutivo se ha encontrado con un problema sobrevenido con un “enemigo que no esperaba”: la Santa Sede. Es la crónica de un "chantaje" en el que el Vaticano tendrá que elegir entre presionar a la familia Franco o enfrentarse a un nuevo régimen fiscal dictado por el Gobierno en el que la Iglesia no saldría favorecida. 

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