28 de septiembre de 2021
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FIN DE SEMANA

La fiscal Pilar Santos solicitó en el juicio una condena tres años y tres meses de cárcel para la exlíder del PP en la comunidad madrileña

Esta es la sentencia del 'Caso Máster': La expresidenta Cristina Cifuentes, absuelta del delito de falsedad documental

Cristina Cifuentes.
Cristina Cifuentes.
La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a la expresidenta regional Cristina Cifuentes del delito de falsedad documental del que había sido acusada por la Fiscalía de Madrid por inducir la falsificación del acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM) del curso de postgrado que cursó en 2012 un Instituto de Derecho Público, adjunto a la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

Acompañada por su hijo, Cifuentes ha acudido esta mañana a la sede judicial de la calle Santiago Compostela para conocer la sentencia, que ha sido notificada a las 12.00 horas a los abogados de las partes y a las propias acusadas. Elcierredigital.com reproduce a continuación dicha sentencia:

Acceder a sentencia pinchando en imagen

La Fiscal Pilar Santos solicitó en el juicio una condena tres años y tres meses de cárcel para la exlíder madrileña al quedar acreditado para la Fiscalía que indujo la falsedad del documento objeto del juicio, dado que la exdirigente popular era "la única, la primera y la última beneficiaria" de esa falsificación.

También pidió la misma pena para Maite Feito, ex asesora de Educación, mientras reclamó 21 meses para la directora del polémico máster Cecilia Rosado; y de forma subsidiaria que se apreciaran las atenuantes de confesión y miedo insuperable por las presiones que habría recibido del director del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde, ya fallecido en abril de 2019.

Cristina Cifuentes. 

Cifuentes afirmó durante su declaración que cursó el máster sin ir a clase, sin realizar exámenes y entregando el 2 de julio de 2012 el TFM sin exponerlo ante el Tribunal, algo que también hicieron otros alumnos. "Actué de buena fe", afirmó en relación al acta que mostró a los medios el día que estalló la polémica, el 21 de marzo de 2018, al desconocer que contaba con firmas falsificadas, un hecho del que responsabilizó a la propia universidad.

Cifuentes dimitió el 25 de abril de ese año después de que a esta polémica se sumara la difusión de un vídeo en el que aparecía supuestamente robando unas cremas. En su declaración, la profesora Cecilia Rosado reconoció que falseó el acta a instancias de "presiones" de Enrique Álvarez Conde y de Maite Feito, manifestando que Conde la llamó más de veinte veces el día que saltó la polémica mientras que Feito lo hizo unas quince veces.

El abogado defensor, José Antonio Choclán, reclamó la absolución de la expresidente autonómica de Madrid, defendiendo al final de la vista que la acusación de la fiscal fue "puramente selectiva" y "arbitraria" al no ser "objetiva por ir en contra de los propios actos de la Fiscalía en la instrucción y de los tribunales de Justicia".

El letrado Choclán aludía a las "irregularidades" detectadas en una pieza separada en "todos los alumnos investigados", un hecho que quedó patente en la vista oral y que en la instrucción se archivó. "Todo se cocinó en la universidad", manifestó.

Feito y Rosado, condenadas

Respecto a otras dos personas implicadas: por una parte, la profesora y exasesora del Gobierno regional María Teresa Feito, el Tribunal la ha condenado a la pena de tres años de prisión como autora responsable de un delito de falsedad en documento oficial relativo a la falsificación del acta de Trabajo Fin de Máster (TFM) de la que fuera máxima responsable del ejecutivo regional madrileño.

En cuanto a la tercera acusada, Cecilia Rosado, profesora de la URJC, que en la vista oral reconoció haber colaborado en la falsificación del documento, los jueces la condenan por este hecho a un año y seis meses de prisión, tras aplicarle la atenuante de confesión y miedo insuperable y, subsidiariamente, una atenuante muy cualificada por su colaboración con la justicia.

El juicio quedó visto para sentencia el pasado 5 de febrero y diez días después se ha podido conocer la sentencia. Ahora tanto la Fiscalía como la propia Universidad Rey Juan Carlos estudian recurrir dicha sentencia.

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