27 de mayo de 2022
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FIN DE SEMANA

Las propiedades que incluye en la lista la Conferencia Episcopal son 34.976 registros y figuran fincas, garajes y extensiones agrarias

Pedro Sánchez llegó a un acuerdo con la Iglesia para que hiciera pública la lista de bienes inmatriculados

En 2020, el Gobierno de Pedro Sánchez exigía a la Conferencia Episcopal Española (CEE) que hiciera pública la lista de bienes inmatriculados por la Iglesia en virtud de la reforma de la Ley Hipotecaria de 1998 en su artículo 206, llevada a cabo por el Gobierno de José María Aznar. Entre el 1998 y el 2015 se registraron 34.976 bienes inmuebles inmatriculados por parte de la Iglesia en España. Ahora, la CEE hace pública la lista de todos los bienes que el Gobierno exigió.

El pasado 24 de enero se hizo público el informe sobre bienes inmatriculados de la Iglesia entre 1998 y 2015. La situación ha generado un gran revuelo en la opinión pública, y se han vertido enérgicos juicios sobre la Iglesia y sus amplias pertenencias. En la lista aparecen desde secanos hasta extensiones agrícolas, pasando por algún que otro olivar y pisos dúplex en Puerto del Rosario, en Tenerife.

La confesión mayoritaria acumula en España una enorme cantidad de bienes inmuebles inmatriculados que, en un ejercicio enorme de transparencia, lleva tiempo tratando de esclarecer. El origen de algunos es un misterio, el uso de otros, lo mismo, pero la realidad es que la gran mayoría de las pertenencias corresponden a lugares en los que la Iglesia celebra actos religiosos o que están destinados a sus labores sociales de ayuda. Sin embargo, la Conferencia Episcopal Española deberá rendir cuentas y explicar el porqué de la tenencia de pisos, fincas, plazas de garaje y demás propiedades que nada tienen que ver con su ejercicio.

Los bienes de la Iglesia

La realidad nos enseña que, en el pasado, todo lo referente a las pertenencias de la Iglesia era una incógnita mayúscula. Sí es cierto que hay algunos de los bienes que aún no se han investigado a fondo y por los que la Conferencia Episcopal tendrá que responder en caso de que se produzca algún tipo de irregularidad. La Iglesia se ha mostrado participativa en este proceso de investigación y parece haber tratado de revisar todas las pertenencias.

En el informe que se publicaba hace unos días aparecen, sobre todo, lugares destinados al ejercicio de la religión cristiana y a labores de ayuda a los más desfavorecidos. Sin embargo, sorprende la gran cantidad de solares y zonas calificadas como “rústicas”, además de varias extensiones agrarias, olivares, secanos y prados, según lo descrito en el informe mencionado. También se registran pisos, fincas, plazas de garaje e incluso garajes completos.

En el registro se incluyen 34.976 bienes, de los cuales se han podido verificar correctamente 32.401. Los errores que se contemplan en el resto de registros son varios: bienes que pertenecen a otras comunidades religiosas, registros duplicados, falta de datos para su identificación, bienes fuera del rango de tiempo que se estudia, algunos que se han adquirido de distinto modo… En fin, los casos son muy variopintos. Lo cierto es que la realidad de la mayoría de los bienes ha podido ser explicada y esclarecida por parte de la Conferencia Episcopal Española.

El acuerdo Gobierno-Iglesia

Pagar el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) y conocer el número exacto de bienes inmatriculados para proceder a la devolución de aquellos que no estén dedicados al culto y tengan dueño legítimo, era el objetivo del Gobierno de Pedro Sánchez. La otra cara de la misma moneda es la Iglesia española, que quiere mantener algunas prebendas mientras lidia con el temporal de sus guerras internas.

Mezquita de Córdoba.

Al margen del IBI, algo que se ha conseguido en otros países de mayoría católica como Francia o Italia, Sánchez exigió a la Conferencia Episcopal en 2020 que hiciera pública la lista de bienes inmatriculados por la Iglesia en virtud de la reforma de la Ley Hipotecaria de 1998, en su artículo 206, llevada a cabo por el Gobierno de José María Aznar y que otorgaba facultades casi notariales a Obispos para poder registrar propiedades. Un asunto que genera mucha polémica tanto en círculos eclesiásticos como entre la sociedad.

Entre las inmatriculaciones que más llaman la atención destacan la de la Mezquita de Córdoba, que fue de titularidad pública hasta que en 2005 fue registrada como propiedad de la Iglesia. El Comité que realizó el informe en 2018 para el presidente Sánchez concluyó que el Gobierno debería impugnar todas las inmatriculaciones llevadas a cabo por la Iglesia entre 1998 y 2015, cuando se inscribieron catedrales y otros inmuebles considerados hasta ese momento como bienes de titularidad pública. Entre los monumentos más emblemáticos inmatriculados por la Iglesia destacan también la Giralda, la Catedral de Sevilla, la de Zaragoza, la de Valladolid o la de Granada, por poner ejemplos de monumentos conocidos.

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