El sindicato ARP propone a cinco policías demócratas en plena dictadura para otorgarles la medalla al Mérito en el Trabajo

La Agrupación Reformista de Policías (ARP), en base a los méritos contraídos por cinco trabajadores funcionarios de la Policía Armada, se ha dirigido el pasado día 14 de noviembre, a la Vicepresidenta Segunda del Gobierno, Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Diaz Pérez, al considerar que reúnen méritos suficientes, para ser reconocidos, por dicho ministerio, y para ello, ha solicitado la apertura del correspondiente procedimiento y se les conceda la Medalla y la Placa al Mérito en el Trabajo.

Los cinco policías que pretende condecorar son: José López González, jubilado y pensionista, José Manuel Osorno Marín, jubilado y pensionista, y a título póstumo a José Guillermo Gómez Cunningham, Carlos Jiménez Fernández y Manuel Tapada Pérez. Estos cinco incansables luchadores, personas trabajadoras y profesionales, contribuyeron al incremento de la dignidad, la igualdad y la calidad del trabajo conseguido en el Ministerio del Interior, su Dirección General de la Policía, donde desarrollaron una actividad de extraordinaria valía profesional, sindical y social, según la ARP.

La petición de la Agrupación Reformista de Policías se basa en "rescatar el legado, principios y valores de estos cinco trabajadores, para que las futuras generaciones de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, conozcan unos hechos de tuvieron trascendencia en la propia institución policial y en la sociedad civil, hasta ahora solapadas, y que derivaron en la consecución de una serie actuaciones por parte de un gobierno que tuvo que asumir como propia, para dar fortaleza a unos pilares fundamentales de la democracia, la seguridad y la defensa de los derechos y libertades de todos los ciudadanos residentes en este país a través de un cuerpo policial, sus miembros, comprometidos con la neutralidad política y la defensa de los derechos humanos".

Medallas de un policía. Diario de Sevilla

José López González, José Manuel Osorno Marín, José Guillermo Gómez Cunningham, Carlos Jiménez Fernández, y Manuel Tapada Pérez contribuyeron y arriesgaron una vida profesional y familiar, dedicados a las mejoras del colectivo policial en unas condiciones y circunstancias en una etapa no democrática. Concurre en todos ellos, méritos excepcionales y con alta estima social, durante las distintas situaciones administrativas como personal en activo, hasta sus retiros por razones de edad (jubilación) en la Policía Nacional.

En la actualidad los dos primeros se encuentran jubilados y residentes en la ciudad de Sevilla, y los tres reseñados en último lugar, desgraciadamente fallecidos, no habiendo sido reconocidos hasta ahora por el estado español por sus méritos en el ejercicio de su trabajo o por su contribución al incremento de la dignidad, la igualdad y la calidad del trabajo profesional y a la desmilitarización de un cuerpo policial, reconvertido en instituto con carácter civil.

Esta labor ejercida en la clandestinidad, durante la transición política en España, inequívocamente se tradujo en un esfuerzo para la trasformación de un sistema policial militar, en lo que hoy en día, es el Cuerpo Nacional de Policía, producto de una decidida y arriesgada apuesta en favor de modelos laborales más justos e igualitarios y a la lucha contra la discriminación en el trabajo. Firmaron un acta fundacional, el 28 de febrero de 1978, para poner en marcha un sistema celular clandestino, con el que organizar grupos de policías, y poder resistir de manera más efectiva el propósito iniciado. Estas células clandestinas se extendieron por todas las dependencias policiales del territorio nacional, hasta su legalización en noviembre de 1984, por el gobierno del Partido Socialista Obrero Español. Fue el origen del primer sindicato policial, legalizado en plena transición democrática, le hicieron llamar Sindicato Unificado de Policía.