29 de octubre de 2020
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FIN DE SEMANA

Su empresa Sapa Placencia, de armas, habría vendido una pieza de motor para un vehículo anfibio destinado al ejército de Irán

EEUU contra Jokin Aperribay, presidente de la Real Sociedad: Juicio en Washington en febrero

Jokin Aperribay, presidente de la Real Sociedad.
Jokin Aperribay, presidente de la Real Sociedad.
Ya hay fecha para la vista oral de la Corte de Estados Unidos contra Jokin Aperribay, presidente de la Real Sociedad. Será el próximo 17 de febrero en Washington. El presidente de la Real fue investigado por la Fiscalía norteamericana porque su empresa Sapa Placencia fabricó y vendió piezas de un venículo anfibio al ejército de Irán a pesar de la prohibición de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN.

La Corte Federal de Washington ha establecido el 17 de febrero de 2021 como fecha para la vista oral contra Jokin Aperribay, presidente de la Real Sociedad y propietario de la empresa armamentística Sapa Placencia. El fiscal estadounidense lo acusa de lavado de dinero, asociación con banda de malhechores y terrorismo (venta de armas a Irán).

Todo comenzó hace años con la apertura de una investigación por el tráfico de armas hacia Irán por parte de la empresa de Jokin Aperribay, presidente de la Real Sociedad de Fútbol de San Sebastian. El informe consta de 328 páginas y fue concluido en agosto de 2019. En él, se explica detalladamente que “agentes especiales de la NSA y la ATF han investigado al presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, por estar en el negocio internacional de armas ilegales".

La exclusiva publicada en noviembre del año pasado por elcierredigital.com cayó como una bomba entre los estamentos deportivos y políticos nacionales, pero sobre todo en la sociedad vasca y en los círculos del Partido Nacionalista Vasco (PNV) donde Aperribay tiene gran predicamento.

Según los dos informes a los que ha tenido acceso elcierredigital.com, el empresario y presidente donostiarra Aperribay comenzó siendo objeto de investigación el 2 de septiembre de 2009. Según consta literalmente en el primer informe de la inteligencia americana por el “lavado de dinero y delitos financieros”.

La investigación arrancó por orden de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA), que dio traslado de sus averiguaciones al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE), como también a la Agencia Federal de Seguridad, Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y a la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Denuncia criminal

El expediente final que sirvió para abrir la denuncia criminal contra el empresario  y dirigente deportivo Jokin Aperribay. Así, en él se explica que “agentes especiales de la NSA y la ATF han investigado a presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, por estar en el negocio internacional de armas ilegales. También forman parte de esta investigación Omar H. Ismanbuli y Raúl T. López del Campo. Hemos reunido todas las investigaciones de la CIA y hemos compartido información con el ICE, DHS y Europol. Toda la investigación familiar de Aperribay debe continuar”. Este segundo informe está firmado por Chester M. Calabert, un agente especial que no se especifica para qué agencia trabaja. 

El Gobierno de Estados Unidos contra Jokin Aperribay.

Elcierredigital.com muestra en exclusiva en esta nueva entrega la apertura de esta denuncia criminal firmada por un juez estadounidense. La conclusión final de todas las investigaciones fue, precisamente, la judicialización de las mismas por la Corte del Distrito Norte de Texas como "Caso Número 573/2019".

Fue el 20 de agosto de 2019, cuando el juez Mark Steven Davis, en la ciudad de Alexandria, del Estado de Virginia, a diez kilómetros de distancia de Washington D.C,  decidió abrir un “criminal complaint”. Es decir, una denuncia criminal por los supuestos delitos relacionados con “armas de fuego y munición”.

“La denuncia criminal está basada en los siguientes hechos: Investigaciones Internacionales de la NSA-ATF-DHS”, explica en su resumen datado en el condado de Fairfax. Además del juez, esta denuncia de Estados Unidos contra las tres personas mencionadas está firmada por otro agente de la investigación, Cral F. Barcherie, un funcionario especial de la NSA.

En elcierredigital.com se ha contado en exclusiva como la investigación contra el presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, fue reactivada después de que su empresa familiar Sapa Placencia de la Armas SL cobrase 28 millones de euros del Ministerio de Defensa de Irán por proveer de un motor propulsor a un nuevo vehículo anfibio comprado por el ejército de aquel país.

La Operación Ruho, iniciada por la CIA, comprobó que el origen de estas piezas vendidas a Irán tenían su sede en una fábrica de la localidad guipuzcoana de Andoain. Fue esto lo que dió lugar a la apertura de una denuncia judicializada, ya que existe un embargo de venta de armas a determinados países que Estados Unidos incluyó en una lista, entre ellos Irán.

La empresa de los Aperribay

Sapa es la empresa de la familia Aperribay, en la que Jokin figura como apoderado solidario. La sociedad facturó en 2017 cerca de 2,5 millones de euros. Su objeto social es la dedicación a “cualesquiera actividades comerciales, industriales de construcción, fabricación, reparación, mantenimiento, tecnológicas, de servicio post-venta o de investigación relacionada con material de defensa, preferentemente de sistemas para cualquier tipo de vehiculos o carros de combate (…)”, tal y como figura en el Registro Mercantil. 

Esta investigación contra Aperribay se inició después de que el Gobierno estadounidense de Donald Trump decretase un embargo tecnológico y de venta de armas por parte suya y de sus socios de la OTAN, entre ellos España, contra Irán.

La empresa de Aperribay, Sapa Placencia de las Armas SL, firmó con el régimen de los Ayatolás de Irán el mencionado contrato en 2015. Para ello contó con el visto bueno del entonces ministro de Defensa del Partido Popular, el vizcaíno Pedro Morenés, durante su época como titular ministerial del gabinete de Mariano Rajoy.

Morenés estaba al frente de dicho Ministerio cuando se firmó este sustancioso contrato con los iraníes para la producción del motor propulsor y generación de energía para los sistemas “embarcables” de los vehículos 8x874, unos coches anfibios usados para el desembarco de tropas y material.

Primero de los informes realizados sobre Aperribay por la NSA en 2009.

El negocio se cerró por un coste total de 28 millones de euros, aunque realmente los costes de producción sumaron 17 millones, lo que supuso un beneficio de 11 millones de euros. Es decir, un margen comercial de más del 40 por ciento del importe real, algo habitual en las empresas dedicadas al negocio armamentístico. A pesar de todo, la empresa Sapa Placencia presenta pérdidas en sus balances anuales con cierta frecuencia.

En la operación se estipuló que el contrato se pagaría en cuatro plazos por parte del Gobierno de Irán. El primero de los cuales se realizó a principios de 2019. Fue entonces cuando el Gobierno de Estados Unidos intentó bloquear las cuentas de la familia Aperribay y de su empresa Sapa Placencia de las Armas SL, que esperaban la recepción del primer plazo en este mes de septiembre en una cuenta en el extranjero, que el servicio secreto americano de la CIA consiguió bloquear. Sin embargo, según las fuentes consultadas por elcierredigital.com, el primer plazo sí que ha sido cobrado en otra cuenta bancaria.

Sede de Sapa Placencia de las Armas.

El contrato fue firmado en el año 2015 y durante dos años se realizó la producción en las fábricas de Sapa. Curiosamente, en este período el consejo de administración de la empresa de los Aperribay fichó a el exministro popular Pedro Morenés, tras abandonar el último gobierno de Mariano Rajoy. 

La última investigación que ha dado lugar a su judicialización se enmarcada dentro de una operación que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) denominó "Operación Ruho", en clara referencia a Ruhollah Musavi Jomeini, el ayatolá iraní fallecido en septiembre de 1983. 

Curiosamente, el 28 de diciembre de 2007 -día de los Santos Inocentes- se aprobó una iniciativa legislativa por la cual el Gobierno Vasco del PNV se comprometía a no colaborar con “aquellas personas físicas o jurídicas dedicadas a la producción, comercialización y financiación de armas”. Sin embargo, ocho días más tarde, el Boletín Oficial del País Vasco anunciaba la concesión a la empresa armamentística SAPA de una subvención de 3.000.000 de euros.

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