La verdad sobre Ruiz Mateos (II): Así se gestó la operación para la expropiación del holding Rumasa

Todo el mundo preveía que la noche del 23 de febrero de 1983 iba a ocurrir algo de suma trascendencia política y empresarial. El entonces ministro de Trabajo y Seguridad Social, luego alto cargo de la Comisión Europea, Joaquín Almunia Amann, ya se había encargado de anunciarlo: “Esta noche va a ocurrir algo importante”, creando desde horas antes una gran expectación mediática. Todo estaba preparado, el entonces todopoderoso ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, y sus hombres lo tenían todo atado desde hacía días.

Habían bautizado la operación con el nombre en clave de “La Red” que definía el cerco gubernamental que se iba cerrando en torno a Rumasa. Lo primero que hicieron fue centralizar, junto al Banco de España y los servicios de inspección de Hacienda, toda la información sobre el holding de la abeja (en referencia a su logotipo) de forma que se fuera conociendo la verdadera situación real de la entidad empresarial: grandes deudas y sometida a una profunda auditoria por parte de la firma Arthur Andersen. 

Según el empresario, Boyer se entrevistó en una única ocasión con él para tratar el tema personalmente, justo dos días antes de producirse la expropiación. Fue entonces cuando el ministro de Economía propuso al propietario del holding de la abeja llegar a un acuerdo pactado, cambio de estrategia causado por las presiones que había recibido presiones de, entre otros, su amigo, el entonces subgobernador del Banco de España, Mariano Rubio, que no era muy partidario de la expropiación bancaria, como tampoco lo eran los principales despachos financieros de la capital de España.

La reunión se celebró en el propio Ministerio de Economía, en la calle Alcalá y cuentan que Boyer, nervioso y aparentemente descompuesto y colérico. A pesar de ello, mantenía el rostro hermético, hierático, sin apenas quebrase, una de las características que le acompañó siempre. “¿Cómo puede fiarse alguien de una persona que jamás se ríe?”, pensaba para sus adentros el empresario gaditano.

El empresario José María Ruiz Mateos.

Pero Ruiz Mateos, siguiendo el consejo de sus asesores, no firmó la carta que le había puesto sobre la mesa escrita de antemano por los asesores del Ministerio. El tiempo pasaba, la reunión se alargaba y nada se conseguía. Sólo fortalecer las posturas contrarias. Ruiz Mateos no entendía prácticamente nada. No daba crédito a las palabras amenazantes del ministro socialista. Cómo era posible que ahora Boyer pidiera su cabeza y la de su grupo si le habían dado meses antes el visto bueno para que comprara el Grupo Galerías Preciados, con una gran deuda arrastrada con Hacienda. Sin embargo, estaba dubitativo, no sabía que hacer. Temía las represalias socialistas. Su madre, Encarnación Jiménez de Tejada, ya se lo había advertido en varias ocasiones.

“Hijo, te equivocas, te equivocas…estás poniendo demasiadas abejas… y esto en España no gusta, la gente es muy envidiosa. No puedes ir presumiendo de dinero. Recapacita….”, le decía cada vez que se veían en Jerez, en la residencia familiar, en el número 13 de la calle de Porvera.

Finalmente, Ruiz Mateos se negó en rotundo a aceptar el acuerdo que le había servido en bandeja Boyer. El empresario acusaría posteriormente a sus asesores, principalmente al abogado Matías Cortés, de ser parte integrante de la conspiración tramada contra su persona y contra su imperio por el copresidente del Banco Popular, Luis Valls Taberner, y el presidente de la patronal bancaria AEB, el catalán Rafael Termes Carreró, ambos numerarios del Opus Dei. Según contaba Ruiz Mateos, se trataba de una orden emanada directamente por el Opus Dei que entonces contaba con infiltrados en las cúpulas del poder monetario y gubernamental.

El acuerdo era entregar Rumasa, un gran grupo bancario-empresarial con claras deficiencias y trampas, pero no muchas más que otras poderosas entidades de la época, a cambio de no nacionalizar el sector de los seguros ni de la Banca por parte del PSOE. En concreto, con esta medida se salvaba de la quema al Banco Popular, ligado al Opus Dei, que atravesaba una penosa situación financiera en el inicio de lo que fue la grave crisis bancaria de los ochenta. 

En este ambiente de crispación plena entre Miguel Boyer y el empresario gaditano, pocos minutos antes de la medianoche del 23 de febrero de 1983, el entonces portavoz del gobierno de Felipe González, Eduardo Sotillos Polet, apareció en el Telediario nocturno de la primera cadena de TVE interrumpiendo el normal desarrollo de la programación para leer un comunicado oficial del Gobierno socialista informando al pueblo español de la decisión de expropiar Rumasa, el primer holding privado de España cuyo volumen de negocio equivalía al 1,8 por ciento del PIB nacional.

Estas urgencias del gobierno de Felipe González, sin embargo, provocaron graves errores y omisiones en la redacción del Decreto Ley de Expropiación al incluir en el texto aparecido en el BOE empresas que no pertenecían al holding y omitir otras pertenecientes a la Rumasa oculta o sumergida.

Logró sacar 220 millones de euros al extranjero

Pero, a pesar del llanto de sus palabras, el empresario gaditano sí que logró sacar una ingente cantidad de dinero fuera de España y mantener a salvo, al menos, siete grandes empresas no controladas por Miguel Boyer y el gobierno socialista, que luego fueron vendidas en los cinco años posteriores con importantes plusvalías. Se trataba de empresas situadas fuera de España.

Ruiz Mateos contaba con una densa red empresarial en Europa y América de la que Boyer no tenía conocimiento oficial. Una maraña de sociedades sumergidas o instrumentales que el gaditano fue creando para dar forma a su emporio empresarial al margen de cualquier norma monetaria establecida y de la legislación económica vigente. Por ejemplo, se hizo con la segunda bodega de vinos por importancia en Argentina, de nombre Graffigna, ubicada en la provincia de San Juan, la Rioja argentina, que fue vendida una semana antes del famoso corralito a Freixenet por mas de 30 millones de euros; el Hotel Everglades, en Miami (EEUU), vendido por 40 millones de dólares a un lobby judío; el Union Bank, en Frankfurt (Alemania), al 50 por ciento con el BBV, que fue lo primero que se vendió en 1983 tras la expropiación por varios millones de euros y cuyo presidente era el sobrino materno de Ruiz Mateos, Alfonso Barón Rivero, la persona que manejaba las cuentas de la familia en el extranjero y que poseía una llave electrónica que permitía el acceso a cuentas de dinero en Suiza.

También la firma Rodes, la mayor bodega de vinos a granel de toda Europa situada en Ámsterdam (Holanda), traspasada por varios millones de euros; también una cadena de bebidas en Holanda, con más de 150 marcas, que fue vendida por 50 millones de euros; la bodega Da Silva, situada en Oporto y comprada luego por la firma Pernod Ricard por 30 millones de euros; y una gran Bodega en Chile, con viñedos incluidos.

En total se calcula que los Ruiz Mateos consiguieron por estas ventas B, sin que Boyer se enterara, unos 220 millones de euros, dinero que nunca se ingresó en España y del que no tuvo conocimiento alguno el gobierno socialista ni su todopoderoso ministro de Economía, ajeno a las muchas actuaciones en la retaguardia del empresario gaditano, que burló a sus anchas los nefastos controles gubernamentales.

No hay que olvidar que Boyer no llevaba ni siquiera tres meses al frente de la cartera de Economía y su gente aún no había tomado posesión de sus despachos, ni conocía con exactitud lo que ocurría en el sector financiero-empresarial español cuando lanzó el órdago de la expropiación de Rumasa, siguiendo las órdenes concretas dictadas por su amigo Felipe González que quería dar un ejemplo preciso al poder económico. “Busca los motivos para expropiar”, le dijo.

Felipe González y Miguel Boyer. 

Cuentan los expertos que toda la expropiación del holding de la abeja se hizo en base a una memoria conmemorativa que había realizado y editado la propia Rumasa con motivo de su vigésimo aniversario (1961-1981). Así se lo confirmó meses después la secretaria personal de Miguel Boyer a Ruiz Mateos, a quien ofreció sus informaciones a cambio de una ayuda económica, “ya que lo estaba pasando muy mal”.

Además, en un edifico adyacente a las célebres torres de la madrileña Plaza de Colón, los inspectores encontraron en el registro de las oficinas un listado de ordenador de 119 páginas que resumía el balance y cuenta de resultados del holding durante el ejercicio contable de 1982.

Esta información demostraba que, al margen de las múltiples contabilidades paralelas que utilizaba el grupo en función del destino que hubiera que darle al dinero o de la identidad de la persona que había detrás, la realidad contable era muy distinta de la ofrecida por los informes oficiales elaborados por Ruiz Mateos. Así, días después, se comprobó que en realidad las empresas reales eran un número muy insignificante en comparación con las sumergidas o no declaradas, que duplicaban esa cifra.

Los errores fueron muchos y de bulto. Así, los hombres de Miguel Boyer expropiaron empresas que pertenecían ya al sector público desde 1969, como Túneles del Tibidabo, propiedad del Ayuntamiento y de la Diputación de Barcelona. Lo mismo ocurrió con Roca Radiadores, sin vinculación alguna con Rumasa o con el Atlántico de Comercio, un banco inexistente que también se incluyó en el decreto. Por el contrario, se expropiaron empresas que no figuraban en la norma jurídica, como la empresa valenciana Marcol que llegó a ser en su día la mayor empresa de España en venta al por mayor, con un importante equipo de balonmano que ganó en cuatro ocasiones la Copa del Generalísimo, y que acababa de ser comprada por Ruiz Mateos por lo que no figuraba en la memoria del Grupo.

Todo se realizó de acuerdo a un pacto sellado por los socialistas con los poderes económicos. Tanto que “el viejo Botin”, don Emilio Botín-Sanz de Sautuola López remitió un telegrama de felicitación a Felipe González por la expropiación. Nadie en el sector entendía como un banquero felicitaba a un gobierno por la expropiación de otros bancos.

Donativos Opus Dei

Años después de la expropiación, el presidente de la patronal bancaria Rafael Termes visitó al empresario gaditano en lo que fue durante años su refugio en el exilio de Londres. Allí se sinceró con él:

“Te voy a contar una cosa José María. Siento decírtela ahora, pero para salvar al Banco Popular tuvimos que sacrificarte con la expropiación de Rumasa. La gente del Opus te vendió para salvar su figura y contó con el beneplácito del aparato bancario español que temía que Felipe fuera contra ellos. O le dábamos carnaza o nos nacionalizaba a todos. Había que elegir…”

“Pues yo te voy a decir otra cosa, Rafael, si Monseñor Escrivá de Balaguer me lo hubiera pedido en su día…le hubiera dado Rumasa y mucho más. Lo que él hubiera querido. Pero no se me debió sacrificar sin decírmelo con anterioridad. Si los responsables del Opus me lo hubieran pedido, yo hubiera hecho las cosas bien y hubiera creado otra Rumasa alternativa, y me hubiera guardado un apartado con dinero en el extranjero. Además, utilizasteis a Matías Cortes a quien pusisteis como mi abogado, para ser el urdidor de toda la estrategia para asfixiar a Rumasa. Ese es un verdadero traidor”, le espetó con amargura.

Monseñor Escrivá de Balaguer.

Ruiz Mateos confesó posteriormente haber entregado donativos al Opus Dei en dinero negro por un valor superior a los 4.000 millones de pesetas (unos 24 millones de euros) a lo largo de las más de dos décadas de existencia de Rumasa para financiar diversos proyectos de esta organización eclesial en el extranjero.

Culpaba al Opus Dei de sacar ilegalmente dinero fuera de España. Dinero que, según Ruiz Mateos, él entregaba y que se sacaba en fajos de billetes de mil pesetas en el interior de cajas de zapatos vía Andorra, con la colaboración presuntamente del periodista y comisionista valenciano Antonio Navalón y del intermediario ilicitano Diego Selva, ambos recomendados para la causa a Ruiz Mateos por el banquero Luis Valls. Los dos fueron también imputados años después en otro caso de corrupción económica, el conocido como Argentia Trust, donde fue condenado a seis años de prisión como principal autor el ex presidente de Banesto, Mario Conde.

Miguel Boyer, a pesar de lo manifestado por Ruiz Mateos, lo tenía claro: la situación de quiebra técnica del holding quedaba patente. Para él, el empresario gaditano era un personaje trasgresor que pretendía de entrada ignorar e incumplir las normas de las autoridades monetarias. Y la expropiación de Rumasa era necesaria.