29 de noviembre de 2021
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FIN DE SEMANA

Galerías Preciados fue vendido al empresario venezolano Gustavo Cisneros amigo de Felipe González y en la de Loewe presuntamente intervino la Preysler

La verdad de Ruiz Mateos (IV): Los beneficiados por la reprivatización de Rumasa

José María Ruiz Mateos.
José María Ruiz Mateos.
Tras la expropiación de Rumasa el gobierno de Felipe González se centró en reprivatizar las empresas del holding de la abeja. Proceso que no estuvo exento de polémica por los presuntos tratos con empresarios cercanos al gobierno socialista. Especialmente polémicas fueron las ventas de Galerías Preciados al empresario venezolano Gustavo Cisneros, íntimo amigo del presidente de ese país, Carlos Andrés Pérez, cercano a Gonzaléz; y la de Loewe, en la que presuntamente estuvo involucrada la Preysler.

Una de las empresas que más polémica suscitó en la reprivatización de Rumasa fue la conocida marca de artículos Loewe. Una venta que suscitó la aparición, hasta en las páginas de los periódicos, del nombre de Isabel Preysler como presunta intermediaria, por cuya gestión se habría llevado al parecer unos 50 millones de pesetas. Sospecha que tuvo incluso que aclarar el director general de Patrimonio del Estado, Francisco Javier Moral Medina, en una comparecencia en el Parlamento.

Loewe fue adjudicada al grupo empresarial francés Urvois Spínola. Esta adjudicación se produjo a pesar de existir una oferta del grupo inglés Jaeger Holdings LTD de 800 millones de pesetas, es decir, 200 millones más que la propuesta de los franceses. Y aunque la Comisión Asesora para la Reprivatización, la famosa CAR, estimó como insuficientes las garantías ofrecidas por estos últimos mostrándose partidaria de la propuesta del grupo inglés, el Gobierno de González optó por Urvois Spínola.

Precisamente, Miguel Boyer se abstuvo en dicho consejo de ministros, en parte por los rumores y suspicacias que ya se habían suscitado en la prensa en torno a la reprivatización de Loewe y a la supuesta aparición en escena de Isabel Preysler.

A raíz de la presunta intermediación de Isabel Preysler, el empresario José María Ruiz-Mateos interpuso ante los tribunales de Justicia una querella contra Miguel Boyer, Isabel Preysler, Javier del Moral y otras cinco personas más, supuestamente relacionadas con la adjudicación de la firma Loewe al grupo Urvois Spínola, por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y estafa . Sin embargo, la Sala Segunda del Tribunal Supremo desestimó y archivó en octubre de 1987 la citada querella.

Ruiz-Mateos recordaba en su denuncia que “el 11 de julio de 1983 la comisión asesora del Gobierno para la enajenación de las sociedades del grupo Rumasa consideró mejor oferta la de Jaeger Holding Ltd, a pesar de lo cual el día 31 del mismo mes y año, el Consejo de Ministros adjudicó Loewe al grupo Urvois-Spínola”. Calificaba a este acuerdo de "absolutamente sorprendente" y lo explicaba así: "la querellada Isabel Preysler, marquesa de Griñón, aprovechando la íntima relación que mantiene con el también querellado Miguel Boyer Salvador, a la sazón ministro de Hacienda, y prevaliéndose de la decisiva influencia de éste, realizó la proposición a Jaeger de que si deseaba resultar adjudicatario, habría de satisfacer 50 millones de pesetas y, al no someterse a su pretensión dicho aspirante, invirtió su oferta dirigiéndola a los que luego habrían de resultar adjudicatarios". Con pruebas basadas en artículos periodísticos, aseguraba asimismo que “los querellados lograron un ilícito lucro y un correlativo perjuicio para el Patrimonio Nacional".

Isabel Presyler y Miguel Boyer el día de su boda. 

Sin embargo, sería la venta de Galerías Preciados la que provocaría el mayor impacto negativo entre la opinión pública por su venta. Este gigante de distribución era por entonces la segunda cadena de grandes almacenes de España, detrás de El Corte Inglés, con cerca de un millón de metros cuadrados construidos en edificios, con una plantilla cercana a las doce mil personas, treinta almacenes de venta al detalle repartidos por veintiuna ciudades españolas y diecisiete tiendas de pequeñas dimensiones, además de la firma Mantequerías Leonesas integrada por Ruiz Mateos en la cadena de Galerías Preciados.

La empresa se vendió en diciembre de 1984, siendo Boyer ministro de Economía y Hacienda, al magnate venezolano Gustavo Cisneros Rendiles, amigo personal del entonces presidente socialista de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, y del también expresidente Rómulo Betancourt, ambos grandes compañeros de Felipe González en la Internacional Socialista. Dicen que sin embargo, Boyer no conocía apenas a Cisneros, quien compró Galerías Preciados en 750 millones de pesetas.

Felipe González. 

La adquisición se realizó a través de una empresa de la organización llamada Elingra Beeleingge Nematschaping B.V., que contaba con un capital minúsculo y estaba registrada en la ciudad holandesa de La Haya, entonces bajo régimen fiscal opaco. Cisneros supo aprovechar perfectamente la compra de Galerías Preciados ya que, tres años después, en 1987, la vendió al consorcio inmobiliario inglés Mountleigh Group PLC, presidido por Ronald Anthony Clegg, por 30.000 millones de pesetas. Además, se daba la circunstancia de que Cisneros recibió Galerías libre de cargas, totalmente saneada por el Estado, transfiriéndola a los compradores ingleses con unas abultadas cargas, cercanas a los 35.000 millones de pesetas.

La opinión pública española reaccionó críticamente al conocerse los detalles de la operación. Los Cisneros, amigos de Felipe González, habían hecho en España un rápido y próspero negocio con la reprivatización de Rumasa, ganando muchos millones con las plusvalías de la venta de Galerías.

Pero lo que desbordó todas las críticas fue que el mismo año de la fructífera venta a los ingleses, Miguel Boyer y su entonces compañera Isabel Preysler aceptaron una invitación para pasar unos días del mes de agosto a bordo del yate de la familia Cisneros para navegar por las aguas mediterráneas de las Islas Baleares. Las fotos se distribuyeron por todas las revistas y en ellas se veía a los Boyer en gran armonía con el matrimonio Cisneros. Días después, los rumores sobre la presunta actuación de Isabel Preysler como intermediaria en la privatización de Galerías Preciados, gracias a su amistad con el empresario venezolano Gustavo Cisneros, eran vox populi en todos los cenáculos madrileños. Este extremo ha sido negado siempre por Isabel Preysler.

Precisamente, el Juzgado de Instrucción nº 32 de Madrid archivó otra querella interpuesta por el empresario Ruiz Mateos ante las supuestas comisiones percibidas por Isabel Preysler en la reprivatización de Galerías Preciados. Sin embargo, a pesar del archivo de todas las denuncias, la credibilidad e independencia de Miguel Boyer fue puesta en entredicho.

Comisión Asesora para la Reprivatización (CAR)

Desde entonces todo el proceso de reprivatización de Rumasa estuvo contaminado por serias dudas de imparcialidad y objetividad. La opinión pública no creyó nunca a Boyer. Y eso que el ministro y Felipe González intentaron desde el principio que no hubiera ningún tipo de sospechas ni favoritismos en la reprivatización de las empresas del holding de la abeja.

Por eso decidieron crear la Comisión Asesora para la Reprivatización (CAR), constituida el 1 de agosto de 1983, con el fin de asesorar al ejecutivo socialista en las ofertas más rentables y convenientes para las arcas públicas. La CAR, con catorce miembros, estuvo presidida desde su fundación por Francisco Javier Moral Medina, en razón a su cargo de director general del Patrimonio del Estado, hasta octubre de 1985 cuando fue sustituido por Prudencio García, un amigo de la infancia y compañero de Miguel Boyer en el Liceo Francés.

Como vocales figuraban algunos de los principales compañeros de Boyer en la beautiful people, integrantes activos, como Manuel de la Concha e Isla, entonces síndico presidente de la Bolsa Oficial de Comercio de Madrid; Juan Antonio Ruiz de Alda, subgobernador del Banco de España que falleciera posteriormente en un accidente de automóvil; o Adrián Piera Jiménez, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid; al margen de políticos como Ignacio Fuejo Lago, secretario general de turismo; o José María Martín Oviedo, director general del Fondo de Garantía de Depósitos y antiguo dirigente de la desaparecida UCD. Así se configuraron dos: el oficial y el de los independientes, éstos nombrados por Boyer a título personal en razón de su cargo o significación política y empresarial .

Gustavo Cisneros. 

Pero a pesar de los denodados esfuerzos de Boyer para mantener a la CAR fuera de todo tipo de influencias gubernamentales, no tuvo éxito. La legitimidad, la imparcialidad y la independencia brillaron por su ausencia. Hoy en día, aún siguen manteniéndose grandes sospechas y controversias en el balance de las oscuras concesiones, que hicieron que muchos negociantes obtuvieran sustanciosos y millonarios beneficios gracias a la adjudicación directa generalizada.

La oposición popular consideró que de los catorce miembros de esta comisión, diez estaban vinculados a la Administración socialista y que, además, alguno era ilustre militante del PSOE. La opinión pública echó en falta que no estuvieran representados los sindicatos mayoritarios UGT o CC.OO., que hubieran sido testigos de todo el proceso reprivatizador. Pero la lucha entre Boyer y los sindicatos, luego llevada hacia el gobierno González, hizo que la brecha se acrecentara y no figurara nadie de ellos, partidarios de que el holding Rumasa pasara a engordar aún más el sector público, algo que no quería Boyer a ningún precio. Por eso reprivatizó a toda prisa el holding de la abeja, dando lugar a grandes lagunas y controversias en su reprivatización y castigando duramente la credibilidad del gobierno González.

En esta carrera inusitada se llegó incluso a contratar a empresas intermediarias, como el Fisrt Boston Corporation, que por su labor de broker en la venta de empresas de la Rumasa estatal se ganó la nada desdeñable cifra de 1.416 millones de pesetas, el veinte por ciento sobre los 7.985 millones recibidos por el erario público hasta septiembre de 1986.

Y aunque Boyer y González deseaban que las empresas del holding Rumasa fueran a parar en su mayoría a empresarios españoles, sin embargo muchas de ellas fueron adquiridas por grupos extranjeros. Por ejemplo, la división inmobiliaria de Rumasa fue adjudicada al empresario británico Gerald Maurice Ronson, un personaje procesado y encarcelado durante seis meses por su participación activa en el escándalo del grupo cervecero Guinness. Esto no fue óbice para que el presidente del grupo inmobiliario británico Heron International LTD se hiciera con la división de Rumasa mediante el pago al contado de 10.536 millones de pesetas, dos mil millones más de la oferta que meses antes había ofrecido el empresario español Emiliano Revilla, luego secuestrado por ETA.

También la división bancaria de Rumasa produjo serias controversias por sus adquisiciones. De la veintena de bancos que formaban la división financiera de Rumasa, diecisiete de ellos, Albacete, Alicantino de Comercio, Condal, Comercial de Cataluña, Extremadura, General, Huelva, Industrial del Sur, Jerez, Latino, Murcia, Noroeste, del Norte, Oeste, Peninsular, Sevilla y Banco de Toledo, fueron adquiridos por un consorcio de bancos en el que estaban todos los grandes de la banca privada española. Sólo el Banco Atlántico, del que Ruiz Mateos poseía el 69,15% de las acciones y que no figuraba dentro del holding, fue vendido por la ridícula cifra de 5.115 millones de pesetas al Arab Banking Corporation, una entidad crediticia de capital público libio que suscribió el 70% de las acciones, mientras que el resto de las acciones se fueron al Exterior de España y al Banco Árabe Español.

Otras empresas se vendieron a precios aun más ridículos, como Viajes Cristal (10.000 pesetas), Alcoholes y Vinos (9.000 pesetas) y la compañía de vinos Sur-Pérez Barquero (2.700 pesetas). O el Museo de Bebidas de Perico Chicote, un patrimonio histórico artístico que fue dado por 40 millones al empresario naviero José Manuel Triana Souto, quien luego vendió a precio muy superior alguna de las cotizadas botellas a coleccionistas extranjeros.

Otra de las grandes sospechas en las adjudicaciones fue la de Bodegas Franco-Españolas al empresario riojano Marcos Eguizábal Ramírez, un hombre próximo al PSOE que fuera presidente del equipo de fútbol Club Deportivo Logroñés, quien realizó una oferta por menos de 400 millones de pesetas. Otro chollo. Hoy, con el paso de los años, ya nadie duda de que la reprivatización de Rumasa facilitara las especulaciones y los grandes pelotazos.

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