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Fachada de un edificio histórico con una bandera ondeando en la parte superior y estatuas decorativas.
INVESTIGACIÓN

3.268 familiares denuncian al Gobierno por la gestión del COVID-19

La querella ha sido presentada en el Tribunal Supremo por once abogados.

Un equipo formado por 80 abogados y 10 procuradores de toda España, seleccionados de entre los 2.266 que, generosamente, se ofrecieron para prestar sus conocimientos y experiencia en esta iniciativa, elaboró la querella contra cada uno de los 23 miembros del Consejo de Ministros de España, que podrían ser autores de miles de delitos de homicidio, dolosos o imprudentes, por su comportamiento frente a la epidemia del virus SARS-COV-2 que, según datos del Ministerio de Sanidad, el lunes 11 de mayo eran de 26.774, cifra que representa el 12,85 por ciento de todos los fallecidos en el mundo, según los querellantes.

Los firmantes de esta querella, que representan a 3.268 personas, explican que "hasta el momento, miles de familias que han perdido uno o más familiares como consecuencia del COVID-19, van a personarse como acusación particular en esta querella, pidiendo para cada imputado una pena de entre tres meses y quince años, dependiendo de la calificación final, por cada uno de los fallecidos".

La imagen muestra un documento dirigido a la Excelentísima Sala Segunda del Tribunal Supremo. En el texto, una procuradora de los Tribunales de Madrid comparece en representación de los querellantes, quienes se relacionan en un anexo. Se menciona que, debido al elevado número de querellantes, se otorgará un poder especial apud acta. El documento también informa que, a la fecha, son 3,268 personas cuyas familias han perdido a 3,274 familiares como consecuencia de la epidemia del Sars-Cov-2. Se indica que las familias restantes no han podido obtener el Certificado Médico de Defunción necesario para acreditar la muerte de los familiares y las causas del óbito. La procuradora comparece ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo en la indicada representación procesal.
La querella presentada este mismo lunes en el Supremo. | El Cierre Digital
 

Adicionalmente, en concepto de responsabilidad civil, se solicita el pago a cada querellante de una indemnizacion de entre 50.000 y 300.000 euros, por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de estos fallecimientos.

 
Los delitos de los que se acusa al equipo de Gobierno de España son homicidio imprudente, prevaricación y omisión del deber de socorro entre otros. Actualmente el equipo jurídico estudia si amplia esta querella contra Fernando Simón, como director del gabinete técnico de lucha conta el COVID-19 y otros asesores de Sanidad como cooperadores necesarios.
 
Los datos de estos afectados se han podido recabar gracias al apoyo gratuito entre otros del Patronato de la Fundación Zaballos y de los 80 abogados y procuradores de los juzgados que se han prestado para colaborar en esta querella.

 

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