Los 'pelotazos' de la reprivatización de Rumasa: Así se forraron los amigos de Boyer y del PSOE

Esta es la verdadera historia de la expropiación y reprivatización de Rumasa. Las urgencias del Gobierno de Felipe González para despojar el conocido holding de la abeja a José María Ruiz-Mateos provocaron errores y omisiones en la redacción del Decreto Ley de Expropiación, al incluir en el texto aparecido en el BOE empresas que no pertenecían al holding y omitir otras pertenecientes a la Rumasa oculta o sumergida. Fue José Luis Llorente Bragulat, como subdirector general de los servicios consultivos del Ministerio de Justicia, quien como abogado del Estado redactó el borrador del proyecto del Decreto Ley de Expropiación de Rumasa.

Los hombres de Miguel Boyer expropiaron empresas que pertenecían ya al sector público desde 1969, como Túneles del Tibidabo, propiedad del Ayuntamiento y de la Diputación de Barcelona. Lo mismo ocurrió con Roca Radiadores, sin vinculación alguna con Rumasa o con el Atlántico de Comercio, un banco inexistente que también se incluyó en el decreto. Por el contrario, se expropiaron empresas que no figuraban en la norma jurídica, como la empresa valenciana Marcol que llegó a ser en su día la mayor empresa de España en venta al por mayor, con un importante equipo de balonmano que ganó en cuatro ocasiones la Copa del Generalísimo, y que acababa de ser comprada por Ruiz Mateos por lo que no figuraba en la memoria del Grupo.

Todo se realizó de acuerdo a un pacto sellado por los socialistas con los poderes económicos. Tanto que “el viejo Botin”, don Emilio Botín-Sanz de Sautuola López, padre del luego todopoderoso presidente del holding del Santander, remitió un telegrama de felicitación a Felipe González por la expropiación. Nadie en el sector entendía como un banquero felicitaba a un gobierno por la expropiación de otros bancos, entre ellos, el Atlántico o el Condal que, por entonces, eran similares al suyo. El coste inicial de la expropiación y reprivatización de Rumasa se financió con una emisión de deuda pública de 400.000 millones de pesetas, al ocho por ciento durante doce años, que suscribió un consorcio de bancos y que fue entregada a la Rumasa pública sin interés alguno. Además, se emitió otra serie de 40.000 millones a un interés del 9,5 por ciento.

Las empresas fuera de España de los Ruiz-Mateos

A pesar del llanto de Ruiz-Mateos, el empresario gaditano logró sacar una ingente cantidad de dinero fuera de España y mantener a salvo, al menos, siete grandes empresas no controladas por Miguel Boyer y el gobierno socialista, que luego fueron vendidas en los cinco años posteriores con importantes plusvalías. Se trataba de empresas situadas fuera de España.

José María Ruiz Mateos.

Ruiz Mateos contaba con una densa red empresarial en Europa y América de la que Boyer no tenía conocimiento oficial. Una maraña de sociedades sumergidas o instrumentales que el gaditano fue creando para dar forma a su emporio empresarial al margen de cualquier norma monetaria establecida y de la legislación económica vigente.

Por ejemplo, se hizo con la segunda bodega de vinos por importancia en Argentina, de nombre Graffigna, ubicada en la provincia de San Juan, la Rioja argentina, que fue vendida una semana antes del famoso corralito a Freixenet por mas de 30 millones de euros; con el Hotel Everglades, en Miami (EEUU), vendido por 40 millones de dólares a un lobby judío; el Union Bank, en Frankfurt (Alemania), al 50 por ciento con el BBV, que fue lo primero que se vendió en 1983 tras la expropiación por 900 millones de pesetas y cuyo presidente era el sobrino materno de Ruiz Mateos, Alfonso Barón Rivero, la persona que manejaba las cuentas de la familia en el extranjero y que poseía una llave electrónica que permitía el acceso a cuentas de dinero en Suiza; con la firma Rodes, la mayor bodega de vinos a granel de toda Europa situada en Ámsterdam (Holanda), traspasada por varios millones de euros; también una cadena de bebidas en Holanda, con más de 150 marcas, que fue vendida por 50 millones de euros; la bodega Da Silva, situada en Oporto y comprada luego por la firma Pernod Ricard por 30 millones de euros; y una gran Bodega en Chile, con viñedos incluidos.

En total, se calcula que los Ruiz Mateos consiguieron por estas ventas B, sin que Boyer se enterara, unos 220 millones de euros, dinero que nunca se ingresó en España y del que no tuvo conocimiento alguno el gobierno socialista ni su todopoderoso ministro de Economía, ajeno a las muchas actuaciones en la retaguardia del empresario gaditano, que burló a sus anchas los nefastos controles gubernamentales.

No hay que olvidar que Boyer no llevaba ni siquiera tres meses al frente de la cartera de Economía y su gente aún no había tomado posesión de sus despachos, ni conocía con exactitud lo que ocurría en el sector financiero-empresarial español cuando lanzó el órdago de la expropiación de Rumasa siguiendo las órdenes dictadas por su amigo Felipe González, que quería dar un ejemplo preciso al poder económico. “Busca los motivos para expropiar”, le dijo. Cuentan los expertos que toda la expropiación del holding de la abeja se hizo en base a una memoria conmemorativa que había realizado y editado la propia Rumasa con motivo de su vigésimo aniversario (1961-1981). 

Para Boyer la expropiación de Rumasa era necesaria. Por aquel entonces el holding de la abeja tenía prácticamente el monopolio del dinero opaco, ya que pagaba a sus titulares intereses varios puntos por encima de los que ofrecían los demás bancos y que llegaron a ser del 18 por ciento neto en operaciones aparentemente aplazadas y que, en realidad, eran a la vista y de disponibilidad inmediata.

El negocio era sencillo y rentable, pero a la vez arriesgado y aventurado, como luego también se demostró con los pagarés de Nueva Rumasa. Pero los escándalos Sofico y Matesa, sociedades financieras quebradas estrepitosamente, aún perduraban en los cenáculos oficiales del poder, donde seguían viendo con temor la irregular forma de proceder de algunos destacados miembros numerarios del Opus Dei, con intereses en el mundo de los negocios y, en concreto, en el sector de la banca.

Imagen del edificio de Rumasa y José María Ruiz-Mateos, Miguel Boyer y Felipe González.

Boyer consideraba que si el negocio bancario se caracterizaba por poseer empresas en las que se invertían recursos y depósitos ajenos, el holding de la abeja era todo lo contrario, un emporio empresarial que poseía bancos principalmente para su única financiación y desarrollo. El crecimiento constante y desaforado del holding de Ruiz Mateos, como más tarde también ocurrió con Nueva Rumasa, provocado por una frenética espiral de compras, precisaba de una pujante financiación, y de ahí la presión sistemática que el Grupo ejercía sobre su división bancaria con el fin de la captación continua de pasivo.

Precisamente, las deudas de Rumasa ascendían a 228.322 millones de pesetas, la mayor parte proporcionada por la división bancaria del holding. Años después, el patrimonio de Rumasa fue valorado en una cifra en torno a los dos billones de pesetas, la cantidad que Ruiz Mateos reclamaba al gobierno socialista en concepto de daños y perjuicios. 

Con el paso del tiempo muchas han sido las voces críticas contra esta expropiación generada quizá por las circunstancias históricas que rodearon aquella decisión en el clima de prepotencia que se vivía por entonces en el seno del PSOE, como consecuencia de la abrumadora victoria obtenida por Felipe González en los comicios de 1982.

Contra la expropiación de Rumasa el grupo de Alianza Popular (luego PP) emprendió una dura batalla, fundamentalmente a través de su diputado pacense Luis Ramallo García, quien presentó una gran cantidad de iniciativas parlamentarias. Ramallo llegó a preguntar al gobierno de González por la presunta intermediación que había hecho Isabel Preysler, ya unida sentimentalmente a Miguel Boyer, en la controvertida venta de tres empresas del holding ya público: la adquisición de la firma de lujo Loewe por los franceses de Urvois-Spínola; la venta de la cadena hotelera Hotasa al empresario mallorquín Gabriel Escarrer Julià; y la compra por parte de la familia Cisneros de los centros comerciales Galerías Preciados.

Los beneficiados con la reprivatización de Rumasa

Precisamente, una de las empresas que más polémica suscitó en la reprivatización de Rumasa fue la conocida marca de artículos Loewe. Esta empresa había obtenido en el último ejercicio, antes de la expropiación, beneficios por valor de 118 millones de pesetas. Durante los 17 meses que permaneció en poder de la administración del Estado alcanzó, en cambio, pérdidas por 468 millones de pesetas. Una venta en la que apareció, en las páginas de los periódicos, el nombre de Isabel Preysler Arrastia como presunta intermediaria, por cuya gestión se habría llevado al parecer unos 50 millones de pesetas, sospecha que tuvo incluso que aclarar el entonces director general del Patrimonio del Estado, Francisco Javier Moral Medina, en una comparecencia en el Parlamento.

Loewe fue adjudicada al grupo empresarial francés Urvois Spínola. Adjudicación que se produjo a pesar de existir una oferta del grupo inglés Jaeger Holdings LTD que ofertó la cantidad de 800 millones de pesetas, es decir, 200 millones más que la propuesta de Urvois Spínola. Y aunque la Comisión Asesora para la Reprivatización, la famosa CAR, estimó como insuficientes las garantías ofrecidas por Urvois Spínola y se mostraba partidaria de optar por el grupo inglés, el Gobierno de González no hizo caso a esta recomendación y optó por los franceses. Precisamente, Miguel Boyer se abstuvo en dicho consejo de ministros debido a los rumores y suspicacias que ya se habían suscitado en la prensa en torno a la reprivatización de Loewe y a la supuesta aparición en escena de Isabel Preysler.

A raíz de la presunta intermediación de Isabel Preysler, el empresario José María Ruiz-Mateos interpuso ante los tribunales de Justicia una querella contra Miguel Boyer, Isabel Preysler, Javier del Moral y otras cinco personas más, supuestamente relacionadas con la adjudicación de la firma Loewe al grupo Urvois-Spínola, por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y estafa.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo desestimó y archivó, en octubre de 1987, la citada querella. Ruiz-Mateos recordaba en su denuncia que “el 11 de julio de 1983 la comisión asesora del Gobierno para la enajenación de las sociedades del grupo Rumasa consideró mejor oferta la de Jaeger Holding Ltd, a pesar de lo cual el día 31 del mismo mes y año, el Consejo de Ministros adjudicó Loewe al grupo Urvois-Spínola”. Calificaba a este acuerdo de "absolutamente sorprendente" y lo explicaba así: "la querellada Isabel Preysler, marquesa de Griñón, aprovechando la íntima relación que mantiene con el también querellado Miguel Boyer Salvador, a la sazón ministro de Hacienda, y prevaliéndose de la decisiva influencia de éste, realizó la proposición a Jaeger de que si deseaba resultar adjudicatario, habría de satisfacer 50 millones de pesetas y, al no someterse a su pretensión dicho aspirante, invirtió su oferta dirigiéndola a los que luego habrían de resultar adjudicatarios". Con pruebas basadas en artículos periodísticos, aseguraba asimismo que “los querellados lograron un ilícito lucro y un correlativo perjuicio para el Patrimonio Nacional".

Isabel Preysler y Miguel Boyer el día de su boda.

Sin embargo, sería la venta de Galerías Preciados la que provocaría el mayor impacto negativo entre la opinión pública por su venta. Este gigante de distribución era por entonces la segunda cadena de grandes almacenes de España, detrás de El Corte Inglés, con cerca de un millón de metros cuadrados construidos en edificios, con una plantilla cercana a las doce mil personas, treinta almacenes de venta al detalle repartidos por veintiuna ciudades españolas y diecisiete tiendas de pequeñas dimensiones, además de la firma Mantequerías Leonesas integrada por Ruiz Mateos en la cadena de Galerías Preciados.

La empresa se vendió en diciembre de 1984, siendo Boyer ministro de Economía y Hacienda, al magnate venezolano Gustavo Cisneros Rendiles, amigo personal del entonces presidente socialista de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, y del también expresidente Rómulo Betancourt, ambos grandes compañeros de Felipe González en la Internacional Socialista. Dicen que, sin embargo, Boyer no conocía apenas a Cisneros, quien compró Galerías Preciados en 750 millones de pesetas.

La adquisición se realizó a través de una empresa de la organización llamada Elingra Beeleingge Nematschaping B.V., que contaba con un capital minúsculo y estaba registrada en la ciudad de La Haya, entonces bajo régimen fiscal opaco. Todo un chollo. Cisneros supo aprovechar perfectamente la compra de Galerías Preciados ya que, tres años después, en 1987, la vendió al consorcio inmobiliario inglés Mountleigh Group PLC, presidido por Ronald Anthony Clegg, por 30.000 millones de pesetas. Además, se daba la circunstancia de que Cisneros recibió Galerías libre de cargas, totalmente saneada por el Estado, y la transfirió a los compradores ingleses con unas abultadas cargas, cercanas a los 35.000 millones de pesetas.

Dudas sobre la imparcialidad de la privatización de Rumasa

La opinión pública española reaccionó críticamente al conocerse los detalles de la operación. Los Cisneros, amigos de Felipe González, habían hecho en España un rápido y próspero negocio con la reprivatización de Rumasa, ganando muchos millones con las plusvalías de la venta de Galerías.

Pero lo que desbordó todas las críticas fue que el mismo año de la fructífera venta a los ingleses, Miguel Boyer y su entonces compañera Isabel Preysler aceptaron una invitación para pasar unos días del mes de agosto a bordo del yate de la familia Cisneros para navegar por las aguas mediterráneas de las Islas Baleares. Las fotos se distribuyeron por todas las revistas y en ellas se veía a los Boyer en gran armonía con el matrimonio Cisneros. Días después, los rumores sobre la presunta actuación de Isabel Preysler como intermediaria en la privatización de Galerías Preciados, gracias a su amistad con el empresario venezolano Gustavo Cisneros, eran vox populi en todos los cenáculos madrileños.

Este extremo ha sido negado siempre por la Preysler. Precisamente, el Juzgado de Instrucción nº 32 de Madrid archivó otra querella interpuesta por el empresario Ruiz Mateos ante las supuestas comisiones percibidas por Isabel Preysler en la reprivatización de Galerías Preciados. Sin embargo, a pesar del archivo de todas las denuncias, la credibilidad e independencia de Miguel Boyer fue puesta en entredicho.

Ruiz Mateos en Galerías Preciados.

Desde entonces todo el proceso de reprivatización de Rumasa estuvo contaminado por serias dudas de imparcialidad y objetividad. La opinión pública no creyó nunca a Boyer. Y eso que el ministro y Felipe González intentaron desde el principio que no hubiera ningún tipo de sospechas ni favoritismos en la reprivatización de las empresas del holding de la abeja. Por eso decidieron crear la Comisión Asesora para la Reprivatización (CAR), constituida el 1 de agosto de 1983, con el fin de asesorar al ejecutivo socialista en las ofertas más rentables y convenientes para las arcas públicas.

La CAR, con catorce miembros, estuvo presidida desde su fundación por Francisco Javier Moral Medina, en razón a su cargo de director general del Patrimonio del Estado, hasta octubre de 1985, cuando fue sustituido por Prudencio García, un amigo de la infancia y compañero de Miguel Boyer en el Liceo Francés. Como vocales figuraban algunos de los principales compañeros de Boyer en la beautiful people, integrantes activos, como Manuel de la Concha e Isla, entonces síndico presidente de la Bolsa Oficial de Comercio de Madrid; Juan Antonio Ruiz de Alda, subgobernador del Banco de España que falleciera posteriormente en un accidente de automóvil; o Adrián Piera Jiménez, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid; al margen de políticos como Ignacio Fuejo Lago, secretario general de turismo; o José María Martín Oviedo, director general del Fondo de Garantía de Depósitos y antiguo dirigente de la desaparecida UCD. Así se configuraron dos: el oficial y el de los independientes, éstos nombrados por Boyer a título personal en razón de su cargo o significación política y empresarial.

A pesar de los denodados esfuerzos de Boyer para mantener a la CAR fuera de todo tipo de influencias gubernamentales, no se consiguió. La legitimidad, la imparcialidad y la independencia brillaron por su ausencia. Hoy en día siguen manteniéndose grandes sospechas y controversias en el balance de las oscuras concesiones, que hicieron que muchos negociantes obtuvieran sustanciosos y millonarios beneficios gracias a la adjudicación directa generalizada.

La oposición popular consideró que de los catorce miembros de esta comisión, diez estaban vinculados a la Administración socialista y que, además, alguno era ilustre militante del PSOE. La opinión pública echó en falta que no estuvieran representados los sindicatos mayoritarios UGT o CC.OO., que hubieran sido testigos de todo el proceso reprivatizador. Pero la lucha entre Boyer y los sindicatos, luego llevada al gobierno de González, hizo que la brecha se acrecentara y no figurara nadie de ellos, partidarios de que el holding Rumasa pasara a engordar aún más el sector público, algo que no quería Boyer a ningún precio. Por eso reprivatizó a toda prisa el holding de la abeja, creando grandes lagunas y controversias en su reprivatización y castigando duramente la credibilidad del gobierno González.

En esta carrera inusitada se llegó incluso a contratar a empresas intermediarias, como el Fisrt Boston Corporation, que por su labor de broker en la venta de empresas de la Rumasa estatal se ganó la nada desdeñable cifra de 1.416 millones de pesetas, el veinte por ciento sobre los 7.985 millones recibidos por el erario público hasta septiembre de 1986.

Y aunque Boyer y González deseaban que las empresas del holding Rumasa fueran a parar en su mayoría a empresarios españoles, sin embargo muchas de ellas fueron adquiridas por grupos extranjeros. Por ejemplo, la división inmobiliaria de Rumasa fue adjudicada al empresario británico Gerald Maurice Ronson, un personaje procesado y encarcelado durante seis meses por su participación activa en el escándalo del grupo cervecero Guinness. Esto no fue óbice para que el presidente del grupo inmobiliario británico Heron International LTD se hiciera con la división de Rumasa mediante el pago al contado de 10.536 millones de pesetas, dos mil millones más de la oferta que meses antes había ofrecido el empresario español Emiliano Revilla, luego secuestrado por ETA.

También la división bancaria de Rumasa produjo serias controversias por sus adquisiciones. De la veintena de bancos que formaban la división financiera de Rumasa, diecisiete de ellos, Albacete, Alicantino de Comercio, Condal, Comercial de Cataluña, Extremadura, General, Huelva, Industrial del Sur, Jerez, Latino, Murcia, Noroeste, del Norte, Oeste, Peninsular, Sevilla y Banco de Toledo, fueron adquiridos por un consorcio de bancos en el que estaban todos los grandes de la banca privada española. Sólo el Banco Atlántico, del que Ruiz Mateos poseía el 69,15 por ciento de las acciones y que no figuraba dentro del holding, fue vendido por la ridícula cifra de 5.115 millones de pesetas al Arab Banking Corporation, una entidad crediticia de capital público libio que suscribió el 70 por ciento de las acciones, mientras que el resto de las acciones se fueron al Exterior de España y al Banco Árabe Español.

Otras empresas se vendieron a precios aun más ridículos, como Viajes Cristal (10.000 pesetas), Alcoholes y Vinos (9.000 pesetas) y la compañía de vinos Sur-Pérez Barquero (2.700 pesetas). O el Museo de Bebidas de Perico Chicote, un patrimonio histórico artístico, que se entregó por 40 millones al empresario naviero José Manuel Triana Souto, quien luego vendió a precio muy superior alguna de las cotizadas botellas a coleccionistas extranjeros. Otra de las grandes sospechas en las adjudicaciones fue la de Bodegas Franco-Españolas al empresario riojano Marcos Eguizábal Ramírez, un hombre próximo al PSOE que fuera presidente del equipo de fútbol Club Deportivo Logroñés, quien realizó una oferta por menos de 400 millones de pesetas. Otro chollo.

Hoy, con el paso de los años, ya nadie duda de que la reprivatización de Rumasa facilitó las especulaciones y los grandes pelotazos del socialismo de entonces. Con Miguel Boyer a la cabeza, que no quiso asumir responsabilidades, quizá más preocupado de sus amoríos con Isabel Preysler. Pero de esa historia de amor sumergido y clandestino, hablaremos otro día.