22 de mayo de 2022
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FIN DE SEMANA

La sociedad privada que gestiona derechos de autor presidida por Antonio Onetti ha sido señalada por "impedir nuevos operadores entren en el mercado"

Competencia expedienta a la SGAE por su monopolio en las tarifas a radios y televisiones

/ SGAE
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha abierto expediente a la SGAE por las tarifas que cobra a las radios y televisiones. La sociedad privada de gestión de derechos de autor sigue en entredicho después de un rosario de problemas relacionados con la gestión de derechos de propiedad intelectual.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha iniciado un expediente sancionador contra la SGAE al evidenciarse "prácticas restrictivas de la competencia" a la hora de fijar las tarifas que cobra a radios y televisiones, en el marco de la gestión de derechos de propiedad intelectual.

Esta conducta tendría la finalidad y posible efecto de "reforzar la posición monopolística" de SGAE e "impedir tanto la competencia por otras entidades de gestión como la entrada y expansión de nuevos operadores en el mercado", asegura el organismo gubernamental.

La investigación se ha iniciado tras denuncias de las entidades Derechos de Autor de Medios Audiovisuales, Entidad de Gestión (DAMA) y Unison Rights, S.L., y a la vista de la información inicial disponible la CNMC considera que "existen indicios racionales de la comisión, por parte de SGAE, de una infracción del artículo 2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, y del artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por conductas restrictivas de la competencia en el ámbito de la gestión y explotación de derechos de propiedad intelectual".

La CNMC recuerda que "la incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación. Se abre ahora un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución".

Ríos de problemas

El mítico cantante Miguel Ríos escribía en 2011 que SGAE era "probablemente la marca más desprestigiada de España". Y es que las prácticas intrusivas de la sociedad a la hora de cobrar derechos, la falta de cultura de la sociedad a la hora de respetar los derechos de autor y las sombras de corrupción dejaban en mal lugar a esta sociedad fundada en 1941, pero originaria de 1899.

La sociedad presidida por el escritor Antonio Onetti intenta cicatrizar heridas y sufre que los medios de comunicación no recojan que la Audiencia Nacional absolviese en marzo de 2021 al expresidente Teddy Bautista y a otros nueve imputados por un supuesto desvío de fondos de casi 50 millones de euros.

Antonio Onetti. 

El periodista Juan Cruz recuerda que "Bautista también fue exonerado de administración desleal por la compra de los teatros Lope de Vega y Coliseum, también mientras presidía la SGAE (. . .) Otras sentencias anteriores habían absuelto a los músicos Caco Senante y Ramoncín".

Daños

El daño reputacional de SGAE fue rematado por la trama delictiva de 'la Rueda', por el cual socios de SGAE y directivos televisivos se embolsaban 100 millones de euros de forma irregular con conciertos emitidos de madrugada y que nadie veía.

Estos escándalos provocaron que Pedro Almodóvar y otros 120 cineastas se diesen de baja de la misma en 2019.

El PSOE se distancia de la SGAE

El expediente de la CNMC abierto a SGAE, que fue mimada por los gobiernos felipistas, evidencia el divorcio del PSOE con esta sociedad. Cabe recordar que en 2018 el partido liderado por Pedro Sánchez pidió al Gobierno de Mariano Rajoy que interviniera este organismo.

La razón era su gestión "negligente, ineficaz e irresponsable" ya que existía "un conjunto de prácticas impropias, tanto en la gestión de los derechos frente a los usuarios como en el cumplimiento de las normas de gobierno corporativo que presiden el funcionamiento de su Junta Directiva".

El PSOE aseguraba que las irregularidades "en torno al denominado 'caso de la Rueda' y que fueron objeto de dictamen por la OMPI, como las normas de composición y gobierno de su Junta Directiva están siendo objeto de investigación judicial y son generadoras de una grave situación de inseguridad jurídica, desprotección de derechos legítimos y alarma social".

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