Las pruebas de las donaciones de constructores al PP y las millonarias obras públicas concedidas

La Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de Policía Nacional elaboró un informe para el juez de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que instruía la causa conocida como "papeles de Bárcenas". En este documento, luego incorporado a la causa Kitchen, de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, se explica el modo de operar de esa caja B que manejaban los tesoreros del partido, que se convirtió en la causa de ingreso en prisión de Bárcenas.

Los agentes investigaron "sobre la coincidencia de algunos pagos vinculados a algunos empresarios con determinados periodos electorales y en concreto se mencionan a Manuel Contreras, Villar Mir, Antonio Vilela, Copisa-Sorigue, Ramón Aigue, José Mayor, Fernández Rubio, José Luis Sánchez Domínguez, Ignacio Ugarteche, Cotino, Alfonso García Pozuelo". El mismo documento recoge que "de las diligencias practicadas en sede instructora ha quedado indiciariamente acreditado cómo la formación política Partido Popular (PP) desde 1990 y hasta al menos el año 2008, habría venido sirviéndose de diversas fuentes de financiación ajenas al circuito económico legal (...)".

Esa manera de funcionar fue dividida por los investigadores en varios apartados para tratar de explicar y lo hicieron en dos partes: "Entradas de fondos a la caja B del Partido" y "Salidas de fondos de la caja B del Partido". Respecto a la primera escriben que "Luis Bárcenas Gutiérrez (...) procedió a registrar y anotar llevando a tal efecto unos soportes documentales manuscritos, que entre 1993 y 1996 quedaron registrados informáticamente en las correspondientes tablas Excel, como entregas de dinero efectuadas al Partido Popular y gestionadas por él mismo, en connivencia desde 1993 con Álvaro de Lapuerta Quintero" y añaden que "todas las sociedades que fueron registradas en la contabilidad paralela como aportantes de donaciones al Partido Popular (...) mantenían contratos vigentes de prestación de servicios o realización de obras o suministros para la Administración Pública en el momento de efectuarse las aportaciones, habiendo resultado todas ellas adjudicatarias de contratos por administraciones públicas gobernadas por el Partido Popular durante el periodo temporal comprendido entre 2002 y 2009".

                                Las donaciones hechas por Alfonso García Pozuelo.

Ahora bien, la segunda parte es más larga y está a su vez subdividida en otras seis relacionadas con el destino de los fondos, entre ellas las más interesantes son las "salidas con destino al pago de retribuciones, complementos de sueldo o compensaciones a personas vinculadas con el partido", es decir, sobresueldos en B. También hay "salidas con destino al pago de distintos servicios y gastos en beneficio del Partido" entre los que se mencionan "cuotas de hipoteca por la compra y reforma de la sede regional de Vizcaya, adquisición de nueva sede del Partido Popular en La Rioja (....)". El apartado quinto se destina exclusivamente a destacar "aplicaciones de fondos del Partido Popular ajenos al circuitos económico legal para la retribución de parte de los trabajos de remodelación de las distintas plantas de la sede central de su formación política (...), ejecutados por la mercantil Unifica Servicios Inmobiliarios SL para el PP entre 2005 y 2010".

Todo ello para "concluir la existencia de sólidos y fundados indicios de la realidad de determinadas entradas de fondos dinerarios opacos o en B a favor del Partido Popular en los años objeto de análisis (...) asi como de determinadas salidas de dichos fondos con el destino o aplicación que allí se ha descrito (...)".

Políticos y empresarios

Debido a las investigaciones fueron llamados a declarar Guillermo Ortega Alonso, Luis Vicente Moro Díaz, Arturo González Panero y David Marjaliza como investigado. Pero también declararon empresarios como Alfonso García Pozuelo, dueño de la constructora Hispánica. Así la Udef acreditó entregas por parte de este empresario en enero de 2000 de 30.050,61 euros, en julio 12.020,24 euros y en noviembre otros 30.050,61 euros. Los investigadores comprobaron que el contrato de obras por el proyecto de la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Francia fue adjudicado a una UTE formada por Constructora Hispánica y Copisa al 50 por ciento. El importe de esa adjudicación fue de 28.164.689,81 euros el 23 de junio de 2000.

Otro contrato: La nueva estación de Zaragoza (Delicias) del AVE y sus accesos ferroviarios por importe de 22.916.455,99 euros el 28 de noviembre de 2000, en este caso a la UTE entre Constructora Hispánica y Construccione Paraño al 50 por ciento.

Pero no solo los empresarios estaban al tanto de esas concesiones. El exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega Alonso, reconoció haber recibido una llamada del extesorero Álvaro Lapuerta, ya fallecido, "para interesarse por las sociedades Licuas SA y Coarsa SA en el sentido de indicarle que tenían que recibir adjudicaciones". Continúa el informe relacionando las donaciones con las contrataciones para añadir que "Licuas ha efectuado operaciones con el Ayuntamiento de Majadahonda por importe de 18.607.874,31 euros y Coarsa ha efectuado operaciones con el Ayuntamiento de Majadahonda por importe de 2.452.028,20 euros". Además, Licuas fue adjudicataria de al menos 18 contratos más mientras Ortega Alonso fue alcalde. "Coarsa también resultó adjudicataria de varios contratos públicos por parte del Ayuntamiento o entidades dependientes del mismo", añade el informe.

Los documentos de la Udef también reflejaron el papel de Luis Vicente Moro Díaz, uno de los pocos no condenados por la causa Gürtel y en Arturo González Panero, exalcalde de Boadilla del Monte, que declaró que "en enero de 2005 recibió una llamada telefónica de Luis Bárcenas para pedirle que adjudicara el contrato de mantenimiento de calles de Boadilla del Monte a la sociedad Constructora Hispánica", pero que se negó a hacerlo. "Con posterioridad y en el mismo contexto recibió otra llamada de Francisco Correa Sánchez  quien le ofreció 604.012 euros. A continuación Luis Bárcenas se puso de nuevo en contacto con él preguntándole si le habían llamado, en referencia a la conversación con Francisco Correa (...)".

Adjudicaciones de la constructora Hispánica en 2004.

Los investigadores hablan después de la adjudicación de las obras de construcción de la Ciudad del Deporte y la Salud, en la que Bárcenas  habría pedido que se otorgaran a la empresa Bruesa y Fernández "aduciendo que esta entidad estaba realizando las obras de la sede del PP de Bilbao y además pagaba los alquileres de la sede". Sin embargo, el concurso lo ganó también la Constructora Hispánica y sostiene el ecrito de la Udef que "la comisión abonada en pago de esta adjudicación por valor de 1.050.000 euros fue repartida entre los partícipes en la operación: Por parte de la organización Francisco Correa y Pablo Crespo Sabarís y por parte del Ayuntamiento de Boadilla del Monte Alfonso Bosch Tejedor, Tomás Martín Morales y Arturo González Panero".

Bárcenas se habría dirigido también a la sociedad Begar que "pertenece al grupo empresarial Begar de José Luis Ulibarri, integrado entre otras por las entidades Consell Cabinet, Seralia, Peñalba Servicios Inmobiliarios y Begar Construcciones y Contratas", según el informe de la Udef. Esta empresa resultó adjudicataria de una obra en Boadilla del Monte por importe de 35.028.000 euros sin IVA en el año 2005. En total, medio centenar de páginas destinadas a recoger con pelos y señales las prácticas de Bárcenas para recaudar fondos para el partido.