15 de abril de 2024
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FIN DE SEMANA

Entre las licitaciones denunciadas figuran las que recibió la empresa RR7, como la afín al 'Clan Ábalos' investigada en la operación Delorme

La Fiscalía Europea investiga por presunta corrupción al SCS del Gobierno canario con el hoy ministro Torres

El Cierre Digital en Comida entre Ángel Víctor Torres y vinculados a la empresa imputada RR7 United S.L.
Comida entre Ángel Víctor Torres y vinculados a la empresa imputada RR7 United S.L.
Elcierredigital.com destapó en 2022 las adjudicaciones a la empresa Soluciones de Apoyo y Gestión de Empresas SL, vinculada al Caso Ábalos, así como la presunta corrupción en la compra de mascarillas por 4 millones de euros a la empresa RR7 United SL por parte del SERVICIO CANARIO SALUD del Gobierno autonómico que lideraba el hoy ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres. La Fiscalía Europea investigó el caso tras una denuncia donde se recogían los reportajes de elcierredigital.com.

Desde marzo de 2022, elcierredigital.com ha venido destapando todas las contrataciones millonarias presuntamente irregulares efectuadas por el Gobierno de Canarias, presidido entonces por el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, del ejecutivo de Pedro Sánchez. 

Entre estas licitaciones denunciadas figuraban las que recibió la mercantil investigada por la UCO de la Guardia Civil en la Operación Delorme y afín al clan Ábalos, Soluciones de Apoyo y Gestión de Empresas SL. Pero también fue señalada ante la denuncia en la Fiscalía Europea la empresa RR7 UNITED SL, adjudicataria de cuatro millones de euros por la compra de mascarillas por parte del Servicio Canario de Salud (SCS) durante la pandemia.

Los responsables de RR7, entre ellos, Rayco Rubén González y el exdirector del SCS, Conrado Domínguez, quien dimitió tras este escándalo, fueron investigados por presunta corrupción por la Fiscalía Europea tras las publicaciones de nuestro diario.

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Rayco Rubén González, el responsable de RR7.

De hecho, elcierredigital.com publicó una imagen que se hizo viral de un almuerzo en el restaurante El cangrejo colorao, en Fuerteventura, entre el expresidente Torres y el cuñado y asesor de Rayco Rubén González.

Tal como reveló El Cierre Digital, la Fiscalía Europea recibió en abril de 2022 una macrodenuncia por presunta prevaricación, malversación, tráfico de influencias, cohecho, prebendas y tratos de favor contra el Gobierno de Canarias, presidido por Ángel Víctor Torres, en relación a 23 adjudicaciones de material anti Covid-19 por el triple de su precio a empresas ajenas al sector sanitario, con un coste de 32 millones de euros.

Esta denuncia, denominada caso ‘PCR Canarias’, interpuesta por el empresario grancanario Juan Manuel Pérez estaba basada en los reportajes de investigación de nuestro periódico, que fueron remitidos ante el organismo europeo por el propio denunciante.

Licitación del contrato público por 4 millones de euros y adjudicación a la empresa RR7 UNITED SL investigada por la Fiscalía Europea.

El resultado de estas diligencias abiertas por la propia Fiscalía Europea, tras esta denuncia, fue un decreto —emitido el 7 de noviembre de 2022 y que obra en poder de elcierredigital.com— por el que se procedió a ‘la incoación del procedimiento de investigación por ejercicio del derecho de avocación’, por lo que la Fiscalía europea reclamó "la competencia territorial, temporal, espacial y personal de este caso para sí, al haber fondos europeos de financiación FEDER afectados".

La Fiscalía Europea y la supuesta “malversación” del SCS 

De esta forma, la Fiscalía Europea asumió, en el marco del caso ‘PCR Canarias’, la investigación a la empresa RR7 United SL por una supuesta estafa de cuatro millones de euros en la licitación de un millón de mascarillas 3M, que nunca fueron entregadas al Servicio Canario de Salud (SCS).

La Fiscalía Europea reclamó, como se ha mencionado, el caso por el uso de fondos europeos y, a su vez, introdujo un posible delito de malversación. También dictó "la abstención del Juzgado de Instrucción Número 7 de Las Palmas de Gran Canaria en esta causa penal", tribunal que dirigía este asunto tras la denuncia de Pérez, ordenando que "este juzgado español no realice ningún nuevo acto de investigación".

El decreto de la Fiscalía Europea abrió la posibilidad al delito de malversación respecto a la adjudicación millonaria a RR7 por parte del SCS, en los siguientes términos: "De acuerdo con la exposición de los hechos efectuada en la querella —del Ministerio Fiscal de Las Palmas—, y sin perjuicio de ulterior y mejor calificación, teniendo en cuenta lo que en la misma se califica de “íter administrativo abrumadoramente irregular” y la presunta intervención de los funcionarios encargados de la gestión del patrimonio público, tanto en las decisiones de adjudicación a un precio superior al correspondiente, respecto de un material que no necesitaba de forma urgente; como en el pago por anticipado sin haber recibido material alguno; como en la posterior irregular actuación de modificación del contrato con el presunto fin de evitar el reintegro de los fondos, los hechos podrían ser constitutivos de sendos delitos de malversación de caudales públicos y de prevaricación. En estos delitos podría haber participado como extraneus el representante de la entidad adjudicataria, RR7", sostiene el Ministerio Fiscal.

Europa recaba todas las investigaciones realizadas en España 

Entre las actuaciones efectuadas por la Fiscalía Europea, cabe destacar las diligencias requeridas ante la UDEF, el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad organizada de Las Palmas con el objetivo de contrastar la denuncia ejercida por Juan Manuel Pérez, que fue confirmada por todos los organismos públicos.

La denuncia de Pérez por el caso ‘PCR Canarias’ contra el Gobierno de Canarias, la Consejería de Hacienda, el exdirector del SCS, Conrado Domínguez y el Parlamento de Canarias —entre otros—, tuvo entrada en la delegación española de la Fiscalía Europea el pasado 4 de mayo de 2022.

El exdirector del SCS Conrado Domínguez en un encuentro con Sebastián Franquis.

Pérez manifestó que "el fraude en la contratación —23 licitaciones del SCS— afectó a los intereses financieros de la Unión Europea porque se usaron fondos FEDER, y que se había hecho desaparecer cierta documentación del Portal de Transparencia del Gobierno de Canarias, sustituyéndola por otra diferente de la original".

"Tras el estudio de la documentación aportada por el denunciante y el Tribunal de Cuentas, se dirige oficio a la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de Las Palmas —16 de septiembre de 2022—, a fin de que aportase determinada información sobre los hechos, entre ella, la indicación de los fondos europeos afectados", indica el decreto de la Fiscalía Europea, que señala que "en la respuesta del fiscalía anticorrupción, no se incluye ninguna respuesta relativa a la posible afectación de fondos europeos, pero se aportó la denuncia que dio lugar a las diligencias de investigación 9/2022, y la propuesta de decreto de resolución —11 de julio de 2022—, firmada por el Fiscal Delegado y dirigida al Fiscal Jefe de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, querella presentada y decreto de archivo de las diligencias de investigación".

Según los hechos descritos, que recoge el decreto de las fiscales en relación a la querella inicial interpuesta, se esgrime que "podrían ser igualmente constitutivos de un delito de blanqueo de capitales, en relación con la actividad presuntamente desarrollada por el administrador único de RR7, Rayco Rubén González, para ocultar las ganancias derivadas del contrato adjudicado". 

Sostienen que "Conrado Domínguez —exdirector del SCS—, en su condición de miembro del Comité de Emergencia Sanitaria, y Ana María Pérez —como directora general de Recursos Económicos del SCS—, ostentan facultades administrativas, en exceso de las cuales pudieran haber menoscabado el patrimonio público".

A la lista de imputados, habría que sumar a Oswaldo Lastras, el contacto entre el exdirector del SCS, Conrado Domínguez —imputado por prevaricación y tráfico de influencias— y el comisionista Samuel Machín. Todo bajo la lupa en unas "conversaciones por WhattsApp" al inicio de la negociación que originó el pago posterior de los  cuatro millones de euros a RR7 United SL. 

La pista de los 4 millones de euros pendientes de devolución al SCS

Según recoge el decreto de la Fiscalía Europea, "el querellado Rayco Rubén González, a través de su empresa RR7 —con fecha de 10 de marzo de 2021—, importó desde Addis Abeba con destino a Las Palmas de Gran Canaria y sin autorización alguna del propietario legal de la marca 3M Company, 913.200 mascarillas filtrantes de partículas de la marca falsa 3M, por un importe declarado de 2.283.000 euros, siendo probable que pretendiera cumplir el compromiso adquirido con el Servicio Canario de Salud mediante la entrega del material falsificado".

"De la cuenta en la que se recibieron los pagos por parte del Servicio Canario de Salud, se realizan dos transferencias por importes respectivos de 1.590.000 (con fecha de 22 de octubre de 2020) y 1.060.000 euros (con fecha de 12 de noviembre de 2020), cuyo beneficiario es la entidad CHARLES DOUGLAS SOLICITORS LLP C, con los que supuestamente fue abonado el importe de las referidas mascarillas".

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El ministro Ángel Víctor Torres.

Además, según la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción —recogida en el decreto europeo— "Rayco habría ocultado los fondos obtenidos de la adjudicación del contrato de mascarillas, con el propósito de ocultar el origen ilícito de sus beneficios, así como de frustrar las posibilidades de cobro del dinero procedente del contrato de adjudicación por parte de la Agencia Tributaria Canaria. Empleó dos empresas dirigidas por él a fin de, simulando préstamos inexistentes, canalizar el flujo del dinero fraudulentamente obtenido. Así, desde la cuenta titularidad de la mercantil RR7 en la que se ingresaron los cuatro millones de euros, transfirió 811.841 euros en conceptos de préstamos a Yimbo 7 Inversiones SL, cuyo apoderado es Kevin Sánchez Pulido —primo de Rayco—". 

"De esos 811.841 euros, 742.000 fueron destinados a la adquisición de cinco vehículos de alta gama que quedaron bajo titularidad de la sociedad adquirente. Del mismo modo, Rayco, transfirió de la misma cuenta de RR7, 252.000 euros a favor de la mercantil Berabemar 2017 SL, en la que constan como titulares, Adoración Sánchez (madre de Rayco) y María de los Ángeles Arencibia Alemán (madre de los hijos de Rayco). Con el dinero transferido, la sociedad Berabemar adquirió dos vehículos de alta gama. El resto del dinero procedente de los pagos realizados por el Servicio Canario de Salud fue gastado por el querellado en “un elevado tren de vida que satisfizo a costa del erario público”.

La Fiscalía Europea investiga el uso de fondos FEDER

Según explican expertos juristas consultados por Elcierredigital.com, "la Fiscalía Europea tiene la potestad de investigar las licitaciones denunciadas —23 adjudicaciones de material anti Covid-19 por el triple de su precio a empresas ajenas al sector sanitario con un coste de 32 millones de euros—, abrir otras diligencias e indagaciones, e incluso, nuevas piezas separadas en el caso PCR Canarias". 

En relación a las resoluciones administrativas del SCS en 2020, extraídas de los Portales de Transparencia, que fueron objeto de denuncia, la Fiscalía Europea en el citado decreto ha recogido las siguientes empresas: “Tout Espagnol Import- Export S.L.” —300.000 mascarillas FFP3 por 1.938.000 euros—, “ACJ S.A” —50.000 Test PCR por 795.000 euros—, “VALSONS TRADERS EXPORTACIONES SL —50.000 unidades de equipos de protección y 300.000 unidades de mascarillas FFP2 por 1.224.500 euros y 857.150 euros—, “TITERRO INTERNATIONAL SL” —200.000 batas quirúrgicas impermeables estériles por 1.920.000 euros—, “SANITARY TRADERS SPAIN SL” —62.150 mascarillas KN95/FFP2 por 183.342,50 euros—, “Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL” —Mascarillas FFP1 por 2.095.000 euros y otras contrataciones por 447.059 euros—, “Grifols Movaco S.A.” —24 unidades SARS-Cov-2 Kit CE-IVD por 2.880.000 euros-, “Abbott Rapid Diagnostics Healthcare S.L.” —1.000.000 test Panbio Covid-19 Ag rapid test para la detección de antígeno del SARS-CoV-2 por 1.125.000 euros—, “Damco Trading Services S.A.” —diverso material sanitario por 4.981.610 euros—, “RC Thecnology Limited” —2.000.000 mascarillas quirúrgicas por 600.000 euros—, “ONE AIRWAYS SAU MADRID TRANSPORTE DE MERCANCÍAS” —1.125.000 euros—, “Martín e Hijos SL” —321.477 euros y otras contrataciones por 5.710.000 euros’.

Denuncia contra la consejería de Hacienda y Asuntos Europeos 

Por otra parte y en relación a la macrodenuncia interpuesta por Juan Manuel Pérez ante la Fiscalía Europea, se instó a este organismo a investigar las actuaciones del entonces vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez (NC), consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, en cuanto al "uso de los fondos FEDER  en relación a estas contrataciones millonarias de material sanitario durante la pandemia", que figuran en las adjudicaciones aprobadas por la exdirectora de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez, imputada por prevaricación y tráfico de influencias por el pago de los cuatro millones a RR7.

Pero además, en virtud de las responsabilidades respecto al abono de estas licitaciones, fuentes gubernamentales del entonces equipo de Torres, consultadas por Elcierredigital.com, sostienen que "la aprobación y ejecución del pago a la entidad RR7 —entre otras adjudicaciones— a nivel de competencias, al parecer, también debería haber ser remitido a la directora general del Tesoro y Política Financiera, Dunia González (NC) —exalcaldesa de Santa Lucía de Tirajana—, quien debería responder sobre este asunto, al igual que el entonces consejero Rodríguez".

Apuntan estas mismas fuentes que incluso, "según el orden lógico", podría haberse dado la posibilidad de que "el expediente de RR7 podría haber sido examinado por el propio consejero, y la directora general del Tesoro, siendo abonado posteriormente a esta mercantil el montante de cuatro millones, sin exigir previamente el material contratado por el SCS, ni garantías de solvencia económica a esta empresa, que podría pasar a ser investigada por malversación por la Fiscalía Europea".

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