Polémica por la Ley de activación remota de cámaras en móviles: "Es una dictadura digital"

El miércoles 7 de junio el Senado francés ha aprobado la activación remota de cámaras y micrófonos en teléfonos móviles, disposición que será incluida en el proyecto de ley de Justicia. Este proyecto fue presentado por Éric Dupond-Moretti, Ministro de Justicia de Francia. La autorización para esta activación remota ocurrirá sin el consentimiento ni conocimiento de los individuos involucrados en ciertos delitos o situaciones relacionadas con bandas organizadas y terrorismo. Además, también se ha autorizado que el Estado escuche y vigile las fuentes de los periodistas, lo que pone en riesgo el derecho a la Información en la Unión Europea.

Persona usando su teléfono móvil.

Los objetivos principales de esta nueva medida son la captura de imágenes y sonido en situaciones derivadas del terrorismo o el crimen organizado, y el acceso a la geolocalización en tiempo real de ciertos casos de delincuencia, esto también supondrá la posibilidad de activar ordenadores y sistemas informáticos del coche de forma remota. Con esta medida se está gestando la que para muchos individuos es la “dictadura digital”. Esta nueva medida ha generado el rechazo de gran parte de la población francesa e instaura el miedo en nuestra sociedad ante la posible llegada de medidas de este tipo. 

La preocupación principal radica en el riesgo de abrir la puerta a una vigilancia generalizada y el impacto que esto podría tener en la privacidad de los ciudadanos. Pese a esto se ha argumentado que estas técnicas de activación remota ya son puestas en marcha en la actualidad, pero que requieren la disposición física de dispositivos de vigilancia. Además, Dupont-Moretti argumenta que solo se podrá activar esta medida con previa aprobación de un juez.

El rechazo de los abogados franceses

Ante esto los abogados del ‘Barreau Paris’ emitieron un comunicado el 17 de mayo ante la inminente aprobación de esta medida, en este comunicado señalan que esta medida “deplora la falta de consulta a la profesión por parte del gobierno al proponer reformas sustanciales al Código Procesal Penal fortaleciendo las facultades de los investigadores y del Ministerio Público en detrimento del respeto a la vida privada y las garantías fundamentales de los derechos de la defensa”.

Éric Dupond-Moretti.

“Esta nueva posibilidad de activación a distancia de cualquier dispositivo electrónico, incluido el teléfono móvil, de cualquier persona que se encuentre en cualquier lugar constituye una vulneración especialmente grave del respeto a la vida privada que no puede justificarse por la protección del orden público. Además, el proyecto no prohíbe, a través de su recopilación, escuchar conversaciones en su oficina, entre el abogado y su cliente, aunque esté prohibida su transcripción. Se trata de una infracción inadmisible y contraria al secreto profesional y al derecho de defensa. Estas disposiciones parecen contrarias a la Constitución, al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales ya la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea” concluía el colegio de abogados parisino.

"Esto va a convertir a la sociedad en Gran Hermano"

Elcierredigital.com ha contactado con el abogado Guillermo Rocafort, que señala que “esto es un ataque directo al derecho a la intimidad personal y al secreto de los comunicaciones, porque con la aprobación de esta medida se van a poder utilizar todos los terminales móviles con conexión a Internet. Esto supone que el poder va a tener la posibilidad de activar remotamente las cámaras y micrófonos de los teléfonos móviles, lo que convierte al móvil en una ‘prisión’ para los individuos. Esto va a convertir a la sociedad en un Gran Hermano total. 

Guillermo Rocafort.

Rocafort añade que “con la excusa del interés público van a reprimir a los derechos individuales, en concreto a la intimidad. Que ocurra esto no es un estado de derecho, sino un estado policial. Cierto es que requiere autorización de un juez, pero muchas veces los jueces están sometidos a los partidos políticos. Han permitido que los móviles formen parte de nuestra vida y al final vamos a ser esclavos de los móviles y a través de ellos van a saber absolutamente todo de nosotros. Habría que dejar un espacio íntimo a las personas, donde no podamos ser fiscalizados por un poder cada vez más absolutista”.

“Esto supone toda una restricción del Estado de Derecho, si que es cierto que puede generar beneficios, pero supone todo un riesgo para la privacidad de las personas. Se pueden solucionar problemas sin sacrificar derechos, porque esto ya parece un hábito en la sociedad, introduce las cosas por la vía de la excepción y esto luego se generaliza. Lo que quieren es controlarnos a todos, tanto a los buenos como a los malos”, concluye Guillermo Rocafort.