Juan Carlos Quer asiste al primer juicio pendiente del asesino de su hija: 'Ésta es también la causa de Diana Quer'

Los días 10, 11 y 12 de abril, José Enrique Abuín Gey, conocido por el sobrenombre de El Chicle, será juzgado como acusado de intento de secuestro cometido el 25 de septiembre de 2017 sobre una joven en la localidad coruñesa de Boiro. La Fiscalía, en su escrito de acusación, sostiene que esperó a la víctima en un lugar con iluminación escasa y sin viandantes y dejó encendido el motor y abierta la puerta del conductor con la “clarísima intención” de abordarla, privarla de libertad de comunicación y movimientos, y conseguir introducirla en el vehículo para, posteriormente, atacar sexualmente a la chica.

Tras "abalanzarse" sobre ella, y con la intención de "agredirla sexualmente", continúa el escrito, "El Chicle" la agarró por el cuello y la amenazó con un objeto punzante, pidiéndole que le entregara el móvil. Sin embargo, al ver que llegaba un vehículo, el procesado trató de "despistar" a la víctima diciéndole que "todo había sido una broma" para, acto seguido, intentar meterla en el maletero de su vehículo a la fuerza. El forcejeo y los gritos de la joven, que logró salir del maletero donde Abuín Gey la había metido, alertaron a dos viandantes, que acudieron en su auxilio, lo que precipitó la huida de "El Chicle". Sin embargo, la descripción de la víctima y de los testigos del coche en que Abuín huyó propició su rápida identificación y detención.

La víctima del caso de Boiro ha pedido amparo para preservar su identidad. Nunca ha hablado ante los medios de comunicación y no quiere ser reconocida ahora tampoco, por lo que el Tribunal Superior de Xusticia de Galicia (TSXG) ha dado instrucciones para preservar su anonimato. La joven pudo librarse gracias a la intervención providencial de dos viandantes que evitaron el intento de secuestro. Después la Guardia Civil, que ya lo seguía de cerca, consiguió que confesara el asesinato de Diana.

El Chicle está acusado ahora de un delito de detención ilegal o, alternativamente, uno consumado de coacciones, así como un intento de agresión sexual, robo con violencia e intimidación en grado de tentativa, aparte de un delito de amenazas y otro de lesiones. La Fiscalía solicita que sea condenado a 15 años y diez meses de cárcel y al abono de una indemnización de 15.750 euros, o alternativamente, a doce años y diez meses.

El órgano competente para el conocimiento y enjuiciamiento de la causa es la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, y el lugar habilitado, ha comunicado el alto tribunal gallego, es la sala de bodas situada en la planta baja. Será, para acudir a este juicio, la primera vez que El Chicle abandone el penal de Mansilla de las Mulas, en León, donde se encuentra tras pasar por los de A Lama (Pontevedra) y Teixeiro (A Coruña), en Galicia.

Juan Carlos Quer y Juan José Cortés piden que no se derogue la PPR.

Juan Carlos Quer, padre de Diana, la primera víctima de El Chicle, confirmó el martes a elcierredigital.com que estará presente en la vista "para apoyar a esta niña y a su familia, porque si mi hija pudiera... seguro que iría ella, pero como desgraciadamente no puede voy a estar yo". Quer aseguró que "ésta también es la causa de Diana, porque se va acreditar que este individuo es un depredador sexual y solo gracias a la intervención de dos ciudadanos valientes evitó acabar como terminó mi hija: muerta. Estaré en el juicio para hacer valer el legado de Diana y que se sepa quién es su asesino".

Este delito por el que ahora se juzga a "El Chicle" no es susceptible de aplicación de la pena de Prisión Permanente Revisable, una ley cuya no derogación defienden Juan Carlos Quer y Juan José Cortés, en contra del gobierno actual que anunció su intención de acabar con ella. "Todos los partidos, pero más PSOE, Ciudadanos y Podemos, deben saber que 7 de cada 10 personas apoyan la permanencia de la ley y que hemos recabado ya 3,2 millones de votos a favor de ella", dice Quer,

El padre de Diana añadió a elcierredigital.com que: "El primer derecho de nuestra constitución es el derecho a la vida y a que nuestras jóvenes puedan sentirse seguras en la calle". A su juicio, las leyes contra la violencia de género se han mostrado insuficientes y "la gente pide medidas penales más efectivas, que manden un mensaje claro a la sociedad y que estos actos sean castigados".