25 de junio de 2019
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FIN DE SEMANA

Ignacio Morchón Alonso, de 75 años, propietario de las funerarias El Salvador se encuentra en prisión comunicada y sin fianza

El dueño de la funeraria implicada en la estafa de ataúdes podrá salir de la cárcel bajo fianza de 800.000 euros

La funeraria implicada en el escándalo.
La funeraria implicada en el escándalo.
El empresario funerario vallisoletano Ignacio Morchón Alonso, propietario de las funerarias El Salvador afincadas en Valladolid, está preso desde el día 2 de febrero por el supuesto 'cambiazo' de ataúdes antes del proceso de cremación, aunque podrá salir de prisión si garantiza fianza hipotecaria de 800.000 euros, según ha acordado la Audiencia de Valladolid.

El auto de la Sección Segunda de lo Penal, donde el pasado día 22 de mayo se celebró vista para oír la petición de libertad provisional formulada por la defensa del investigado, modifica la situación del empresario Ignacio Morchón Alonso, de 75 años, quien se encontraba en prisión comunicada y sin fianza, y acuerda prisión eludible bajo fianza de 800.000 euros, según fuentes jurídicas.

La Sección Segunda considera que, en este momento de la instrucción judicial, el riesgo de que el investigado pueda fugarse no ha desaparecido pero "sí se ha diluido", y puede neutralizarse "con medidas menos gravosas para el derecho a la libertad", como es la imposición de una fianza.

A este respecto, el tribunal ha tenido en cuenta el arraigo familiar y social del investigado, el hecho de tener sus bienes embargados, la ausencia de pruebas o indicios de que tenga bienes en el extranjero, su avanzada edad y los problemas de salud que sufre.

La Sala ha valorado, igualmente, la circunstancia de que no exista la posibilidad de que "altere o destruya fuentes de prueba relevantes para la investigación" porque ya se ha intervenido toda la documentación encontrada.

Policías ante una sede de las funerarias El Salvador.

Tampoco existe, según consta en la resolución notificada hoy a las partes, "un peligro fundado y concreto" de que el dueño de la empresa funeraria pueda "influir sobre otros imputados, testigos o peritos o quienes pudieran serlo" ni de que "pueda actuar contra bienes jurídicos de las víctimas" o cometer "otros hechos delictivos".

El letrado de la defensa, Guillermo Ruiz Blay, del despacho Polanco & Seijas, entiende que el tribunal ha valorado "con acierto los motivos expuestos en el recurso interpuesto que establece la fianza", si bien advierte de su disconformidad con la "elevada suma de la fianza", por lo que seguirá luchando por una reducción hasta su desaparición.

La concesión de la libertad provisional se produce frente a la abierta oposición de la Fiscalía de Valladolid, que durante la vista celebrada la pasada semana fundamentó tal postura en el hecho de que las penas hipotéticas que el recurrente afrontaría en un juicio serían graves y, por ello, advertía del evidente riesgo de fuga asociado a su capacidad económica.

Esta misma sala es la que también estudió idénticas peticiones de dos hijos del empresario, Ignacio y Laura, ambos ya en libertad, en el primer caso tras abonar fianza hipotecaria de 800.000 euros y la segunda de 200.000, una vez rebajada la misma ya que había sido fijada en el mismo importe que el anterior.

La investigación de la Operación Ignis desarrollada por la Policía Nacional corre a cargo del Juzgado de Instrucción 6 de Valladolid por la actividad del grupo funerario entre 1995 y 2015, periodo en el que, supuestamente, los veinticinco investigados realizaron el cambiazo de al menos un total de 6.000 ataúdes por otros más baratos con el fin de reutilizarlos para otros sepelios, además de hacer lo propio con las coronas de flores. Tales hechos podrían ser constitutivos de delitos de estafa y falsedad, contra la hacienda pública, blanqueo y organización criminal.

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