20 de septiembre de 2019
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FIN DE SEMANA

Dos gallegos, primeras víctimas de esta nueva política, y otros casos en Castilla-La Mancha y Canarias, bajo sospecha

Mano dura con los fiscales: María José Segarra impone la tolerancia cero en la Fiscalía a cualquier conducta sospechosa de corrupción

Fernando Suanzes en primer plano, detrás su antecesor, Carlos Varela.
Fernando Suanzes en primer plano, detrás su antecesor, Carlos Varela.
La Fiscalía General del Estado (FGE), con María José Segarra a la cabeza, ha decidido abrir expediente disciplinario contra dos fiscales a lo grande. Los investigados son el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, máximo representante del Ministerio Fiscal en Galicia, y el fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, por una denuncia interpuesta por la abogada de una exconcejala orensana. Segarra deja claro que habrá mano dura y tolerancia cero con cualquier sospecha de corrupción.

Todo comenzó con la denuncia de Elena Díaz Valverde, abogada gallega de la exconcejala Áurea Soto, que presentó una denuncia contra el exalcalde Manuel Cabezas, que fue alcalde hasta 2007. Áurea Soto acusaba al alcalde de no exigir a los promotores urbanísticos una cesión del 10 por ciento al municipio, tal y como dictaban las ordenanzas municipales.

La letrada Elena Díaz, en una fotografía corporativa.

En 2014, Áurea Soto presentó una querella contra el exalcalde de Ourense, el "popular" Manuel Cabezas, por no haber reclamado supuestamente a algunos promotores que cedieran el 10 por ciento de los proyectos urbanísticos, entre los años 1998 y 2003. Esta práctica habría supuesto que el Ayuntamiento orensano dejase de percibir 1.700.000 euros.

Ambos expedientes se han formalizado después de que la Fiscalía apreciase "provisionalmente suficientes motivos indiciarios de comisión de responsabilidad disciplinaria” en los dos casos que afectan a los fiscales, el de Suanzas y el de Delgado, que están directamente relacionados.

En el caso de Fernando Suanzes,  fiscal superior de Galicia, el expediente se abre por “una falta muy grave de desatención muy grave, o alternativamente una falta disciplinaria grave de infracción de deberes inherentes a la condición de fiscal” y por “muy grave descuido” al dejar de atender las quejas por “abuso de autoridad cometidas” o “por no ejercer las facultades de dirección e inspectoras del cargo de Jefatura”.

En el caso del fisal jefe de Ourense, Florentino Delgado, lo que se dirime es una falta disciplinaria grave por “retraso injustificado” en las diligencias solicitadas por la abogada Elena Díaz. El expediente valorará también una falta disciplinaria muy grave de “abuso de la condición de Fiscal para obtener un trato favorable e injustificado de profesional”, en el expediente gubernativo en el que se analizaba su actuación. Delgado llegó a abrir diligencias contra la abogada que denunció los hechos.

El fiscal Florentino Delgado.

En marzo de 2018, Elena Díaz denunció ante la Fiscalía Superior de Galicia la supuesta “inactividad” del fiscal sobre esa denuncia de 2014, pero el organismo gallego remitió el expediente al propio fiscal jefe de Ourense para que “se investigase a sí mismo”.

"Esta práctica es bastante habitual, y claro, mandar al propio investigado que se investigue a sí mismo parece poco serio", explicó a elcierredigital.com el juez Fernando Presencia, portavoz de la Asociación Contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (Acodap) y añade algo que ya es casi vox populi entre los fiscales españoles y es que María José Segarra, la fiscal general del Estado (FGE) no parece dispuesta a permitir ni un solo caso de mala praxis fiscal durante su mandato.  

“Con esta nueva investigación se pretende desmantelar definitivamente desde la Fiscalía General el entramado de relaciones sospechosas de los fiscales con la corrupción urbanística en algunos lugares, yo creo que la fiscal está sacando ahora todos los casos a la luz pública y va a ser muy seria con esto”, añadió Presencia, que se encontró a su llegada a un juzgado de Talavera un problema con el fiscal jefe de Toledo, Luis Ibáñez Cuesta, que acabó destituido por supuestamente encubrir a Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, fiscal decano de Talavera de la Reina.

Demetrio habría construido su chalet en suelo de dominio público hidráulico “bajo la sospecha de sobornos y blanqueo de capitales” según constaba en la denuncia presentada, que fue resuelta con la demolición del edificio en el año 2009. La acusación pública nunca ejerció en este caso. El juez Presencia fue suspendido de funciones y así continúa a día de hoy.

Después, según Presencia, llegó el caso “del fiscal jefe de Canarias, Vicente Garrido, por tratar de encubrir la responsabilidad civil del exfiscal coordinador de Arrecife, Miguel Pallarés, que tiene construido parte de su chalet en suelo rústico de protección ecológica, lo que ya provocó una primera condena”. Según Presencia “el juzgado de instrucción de Arrecife cometió un error inducido por la propia Fiscalía, que pidió la responsabilidad civil subsidiaria y no la directa, un tema que lleva 20 años sin resolverse".

El juez Presencia, portavoz de Acodap.

El portavoz de Acodap dice que "los fiscales han inventado que no pueden cometer prevaricación, lo que no es cierto porque con su inacción pueden dejar que los casos prescriban, por ejemplo. La Fiscalía es uno de los pocos órganos cuyas actuaciones no son recurribles. Al final, hay una fiscalización de la Justicia que ha aupado a personas como Lesmes o Marchena a los primeros lugares de la Justicia".

Uno de los primeros fiscales expulsado disciplinariamente en España fue Emilio Valerio, por montar una bodega de vinos y varias empresas, incompatibles con la carrera fiscal. "Es extraño que después de más de 40 años de democracia no haya muchos fiscales investigados o expulsados de la carrera. Hay muchos más jueces afectados por casos que fiscales y cuando pasa algo normalmente los ascienden, como ocurrió con el fiscal del caso de Victoria Rosell", recuerda Presencia.

El fiscal Emilio Valerio.

Desde elcierredigital.com se pidió datos a la Fiscalía General del Estado sobre estos expedientes y la respuesta fue que "efectivamente dichos expedientes se han abierto, pero no se facilita información en cuanto a su contenido. Se trata de una materia disciplinaria que debe ser objeto de la correspondiente investigación. En estos momentos es precipitado concretar las posibles sanciones ya que el expediente se acaba de iniciar".

Los expedientes gubernativos abiertos a fiscales en España son recogidos anualmente por la Memoria Fiscal. En 2018 se abrieron tres expedientes, en uno de los casos fue archivado, otro fue suspendido de funciones y el tercero continúa abierto.

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