La Guardia Civil registra las sedes de la Autoridad Portuaria de Baleares y detiene a sus directivos

La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) vuelve a estar en el punto de mira de la Fiscalía Anticorrupción por presuntas licitaciones ilegales. La Guardia Civil inició este jueves una operación en la sede del organismo público y tomó declaración a toda su cúpula, encabezada por el presidente, Juan Gual de Torrella, en la Comandancia de Palma, según adelantó en primicia el diario mallorquín Última Hora. Los dirigentes, entre los que se encuentra también el vicepresidente, Miguel Puigserver, y el director, Juan Carlos Plaza, fueron también detenidos e interrogados.

De momento las investigaciones están bajo secreto sumarial y lo único conocido es que la investigación giraría en torno a la adjudicación de amarres en el puerto de Menorca. Además de los registros en Palma la Guardia Civil también impide el acceso a los edificios de la APB en Mahón (Menorca) e Ibiza.

        Agentes de la Guardia Civil en la sede central de la APB de Palma.

La operación judicial se inició hace varios meses y está dirigida por la fiscal Laura Pellón. Durante este tiempo, la Policía Judicial de la Guardia Civil ha tomado declaración a varios testigos, a los que ha pedido discrección para seguir adelante con las investigaciones.

Sin embargo esta semana comenzó a circular la existencia de esta investigación, lo que podría haber provocado que se adelantase el dispositivo para evitar la destrucción de pruebas.

Presidente elegido por Francina Armengol

Juan Gual tomó posesión como presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares (ente público que gestiona un presupuesto anual de 60 millones de euros) tras ser elegido personalmente para el cargo por la presidenta balear, Francina Armengol.  

El de anoche fue el segundo gran registro en la APB por supuestos delitos relacionados con la corrupción. En diciembre de 2010 el Juzgado de Instrucción número 8 de Palma autorizó una intervención policial en la antigua sede de la institución. Aquella operación constó de dos batidas (en días distintos), ya que se habían ocultado pruebas e incluso reseteado ordenadores, según denunció el Cuerpo Nacional de Policía en un informe. 

El caso, bautizado como Mar Blau, se saldó con las condenas del antiguo director de la APB, Angel Matías, y el ex presidente de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, por manipular concursos públicos. La Fiscalía, dirigida en aquella ocasión por Juan Carrau, llegó a un acuerdo de última hora con los acusados tras haber solicitado durísimas penas de cárcel. A pesar de esta contundencia, en el juicio, celebrado en enero de 2019, se acordaron penas sustituibles por multas simbólicas.

El 27 de mayo de 2020 elcierredigital.com ya publicaba que la APB era obloigada mediante sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares a sacar de nuevo a concurso la concesión del Club Náutico de Ibiza.

La Autoridad Portuaria de Baleares concedió al Club Náutico de Ibiza la concesión administrativa de las instalaciones que ya explota actualmente "eligiendo la oferta de mayor interés portuario". A este concurso se presentaron algunas empresas más, como el Club Deportivo Básico 12 millas, que interpuso un recurso contencioso-administrativo ante el TSJB en 2016 contra los criterios de valoración de las ofertas que hizo APB. Como parte codemandada también figuraba el Club Náutico de Ibiza y con la sentencia de 15 de mayo se daba la razón al Club 12 Millas.