10 de diciembre de 2019
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FIN DE SEMANA

Permanece callada ante los exagerados gastos injustificables de la empresa mixta Abemcla, formada por el AMB que ella preside junto a La Caixa y Agbar

La alcaldesa Ada Colau intenta ahora remunicipalizar el servicio del agua de Barcelona ante los escándalos protagonizados por sus socios privados

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.
Tras lograr formar gobierno municipal con el PSC, la alcaldesa Ada Colau intenta ahora retomar el servicio del agua de Barcelona y los 23 municipios limítrofes, después de asistir en silencio a los escándalos que protagonizan sus socios privados y el uso que hacen de parte del dinero público, todos ellos contados por elcierredigital.com. En total, el servicio afecta a tres millones de barceloneses.

Abemcla es la sociedad mixta formada por el AMB, Área Metropolitana de Barcelona, presidido por Ada Colau, la empresa Criteria y la sociedad Agbar. El 1 de agosto de 2013 inició sus actividades después de que se aprobase la "Memoria y Proyecto sobre la Gestión del Servicio Metropolitano: el Ciclo Integral del Agua mediante la Constitución de una Sociedad de Economía Mixta", documento necesario para iniciar la privatización del servicio del agua, que fue aprobado con los votos favorables de CiU y PSC, las abstenciones de PP y ERC y los votos en contra de ICV-EUiA y Junts pel Papiol.

En ese mismo acto también se aprobó un Convenio entre el Área Metropolitana de Barcelona, AMB, y Sociedad General de Aguas de Barcelona Agbar. Estos dos documentos son los que rigen el servicio de agua de Barcelona.

En marzo de 2016, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en su Sala de lo Contencioso-Administrativo sentenció la nulidad de la Memoria y el Convenio y anuló la concesión realizada de manera directa, pero la sentencia no se declaró firme y Aguas de Barcelona (Agbar) la recurrió en casación ante el Tribunal Supremo en Madrid. Extrañamente el AMB, presidido por la alcaldesa Ada Colau, no recurrió. Quizás porque cobra 20 millones de euros anuales por la concesión del servicio o quizás porque quiere que los tribunales le hagan el trabajo para recuperar el servicio del agua.

Porque es sbido que la alcaldesa Ada Colau intenta ahora retomar el servicio del agua de Barcelona y los 23 municipios limítrofes, después de ver los escándalos que protagonizan sus socios privados y el uso que hacen de parte del dinero público, todos ellos contados por elcierredigital.com. En total, el servicio afecta a tres millones de barceloneses.

La remunicipalización de este servicio supondría un desembolso millonario en concepto de indemnización a Criteria y Agbar, pero además un nuevo gasto en los presupuestos municipales, en nóminas, inversiones, pagos por servicios a terceros y un largo etcétera. Pero la sociedad mixta tiene unos ingresos de 350 millones de euros al año, un pastel demasiado goloso para dejarlo alejarse de las arcas municipales.

Pleitos millonarios

Uno de los gastos millonarios de Abemcla que más llamó la atención de Colau en 2017 fue el destinado a abogados y procuradores, un total de 1.025.000 de euros, una cifra enorme para una empresa de servicio público. Lo cierto es que Abemcla mantiene demandas contra su propio socio, el público AMB, contra las tarifas que se aprueban e incluso contra la Generalitat de Cataluña, por sus resoluciones de la Comisión de Precios, por ejemplo.

La torre Agbar de Barcelona.

La Generalitat también contribuye de manera indirecta a las arcas de Abemcla, puesto que la depuración del agua residual se paga por la Agencia Catalana del Agua, dependiente de la Generalitat. Cierto es que este organismo ya denunció ante los Tribunales de Justicia la formación de esta sociedad mixta.

Los pleitos contra la Generalitat son en su mayoría relativos a las tarifas establecidas para el prestador del servicio de agua en alta, ATLL, una empresa pública de la Generalitat de Catalunya, adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat. Abemcla pagó 80 millones de euros en el año 2017. El Abemcla ha recurrido anualmente esta tarifa.

Tantos litigios cuestan dinero y, por ejemplo, el Abemcla gastó 141.000 euros en el despacho Uria Menéndez Abogados, otros 70.000 euros en Cuatrecasas Gonçalves Pereira, unos 39.000 euros a Ceca Magan, 38.000 euros al bufete Pérez Llorca, otros 21.000 euros en Ramón y Cajal Abogados, 12.000 en Martell Abogados y 10.000 en Vialegis Abogados.

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