05 de diciembre de 2022
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FIN DE SEMANA

El abogado Ramiro Grau ha presentado nuevos datos a Anticorrupción y ha remitido las contradicciones sobre el uso de fondos FEDER entre España y la UE

Amplían la denuncia contra el exministro Ábalos sobre licitaciones de 53,6 millones de material Covid-19

Exclusiva José Luis Ábalos.
José Luis Ábalos. / Exministro de Transportes.
El abogado Ramiro Grau ha ampliado su denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción con motivo "del archivo del Tribunal de Cuentas aún sin investigar sobre las licitaciones de José Luis Ábalos por 53, 6 millones de euros, adjudicados a la empresa –supuestamente afín al ex ministro socialista– Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, durante la pandemia". Grau insiste respecto a la información remitida por la OLAF sobre este caso ante el fiscal: "¿Quién miente sobre el uso de los fondos FEDER?"

La denuncia interpuesta ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada por el letrado Ramiro Grau sobre las licitaciones públicas para adquirir material anti Covid-19, aprobadas por el exministro de Transportes, José Luis Ábalos –y el Ministerio del Interior–, sigue adelante. Según la demanda, estas contrataciones se adjudicaron por un total de 53,6 millones de euros a la entidad mercantil Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL –empresa supuestamente afín al exministro socialista, según indica el abogado ante el fiscal– durante la pandemia.

Ahora, el abogado Grau revela en exclusiva a elcierredigital.com, que "ha remitido una nueva ampliación de denuncia en base a un archivo sin investigar por parte del Tribunal de Cuentas y a un oficio remitido por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), que vendría a ser contradictorio respecto a las informaciones vertidas por España y la Unión Europea sobre el uso de los fondos FEDER durante la pandemia".

Grau explica en una entrevista telefónica mantenida con elcierredigital.com que "esta solicitud de investigación –documento que obra en poder de elcierredigital.com– fue remitida en agosto de 2022 al teniente fiscal anticorrupción encargado del caso –Antonio Romeral– tras la resolución de inadmisión de mi Acción Pública propuesta ante el Tribunal de Cuentas contra las citadas adjudicaciones públicas del exministro Ábalos. Esto acabó en un archivo emitido por la Consejera del Tribunal de Cuentas, María Antonia Lozano, sin nombrar un delegado instructor para que investigara a fondo".

También hace constar "el rechazo de la petición de información a Presidencia del Gobierno que había solicitado, junto a la oposición del Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado a proseguir con esta acción pública, al no encontrar vulneración del patrimonio público respecto a estas licitaciones millonarias denunciadas, según recoge este archivo del Tribunal de Cuentas". 

"Filtraciones para ayudar a Ábalos"

Grau insiste: "No entiendo cómo el exministro Ábalos, la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL y su propio administrador mercantil, han podido tener acceso a esta resolución del Tribunal de Cuentas cuando no son parte en este procedimiento. No han podido ser notificados, ni se ha generado ninguna investigación por este tribunal al respecto. Sin embargo, alguien ha tenido que filtrar este documento, puesto que, a pesar de ser los denunciados, han usado este archivo rubricado por la consejera Lozano para interponer tres demandas contra mi persona por un supuesto caso de honor".

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José Luis Ábalos.

Este aspecto ha sido puesto en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción, según explica Grau, mientras señala "el efecto que algunos tratan de conseguir con las denominadas demandas mordaza que es amedrentar a los denunciantes de corrupción y atascar a los juzgados".

"Ahora, alegan en la demanda de Ábalos que el asunto ya está “sentenciado” por el Tribunal de Cuentas y que no hay nada que investigar, pues queda notoria y palmaria la falsedad de mis imputaciones", dice Grau, que prepara su defensa ante las próximas vistas judiciales. Y aclara que "el Tribunal de Cuentas no tiene competencia en asuntos penales ni administrativos, por lo que su archivo no es vinculante para la Fiscalía Anticorrupción, que continúa con su investigación sobre estas contrataciones públicas aprobadas por 53,6 millones destinados a la supuesta empresa afín a Ábalos".

El letrado, en su día, apuntó hacia un presunto "entramado societario vinculado a la mercantil ajena al sector sanitario ubicada en Zaragoza, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL -cuyo administrador único es la empresa Purdey Investment SL, donde figura como representante José Ángel Escorial-, que resultó beneficiaria de contrataciones millonarias para la adquisición de mascarillas durante la pandemia aprobadas por los ministerios de Transportes e Interior y los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias", como ya contó este diario.

"Relación de la consejera del Tribunal de Cuentas con el PSOE"

"Denuncié los hechos al Tribunal de Cuentas -manifestó Grau en su escrito ante el fiscal- que, aunque es un órgano constitucional, no pasa de ser un organismo administrativo, por mucho que le llamen 'Tribunal'. El asunto recayó casualmente en manos de la Consejera María Antonia Lozano que, escarbando un poco en Internet, resulta que fue nombrada por el propio PSOE, a propuesta de Rubalcaba, gran muñidor de toda clase de apaños, confesables e inconfesables, para el período 2012 a 2021", afirma Grau.

"Pasados unos meses y desconociendo qué pesquisas o investigaciones realizó, pues no he tenido acceso al expediente del asunto en el Tribunal de Cuentas, dictaminó que el precio de dos euros y medio por mascarilla era normal, pues eran los precios de 'mercado'. La resolución era recurrible ante la propia Consejera, mediante un recurso de reposición, por lo que no recurrí al entender que era perder el tiempo", ha manifestado el abogado en su ampliación de denuncia.

"La OLAF dice que España no usó fondos FEDER para la Covid-19"

Por su parte, el abogado ha dado parte a la Fiscalía Anticorrupción de la respuesta que ha emitido la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) tras su denuncia sobre "unas afirmaciones del gobierno de Pedro Sánchez, respecto a una remisión de 1.000 millones de euros procedentes de la Unión Europea para empezar a luchar contra la Covid-19, que aseguraría la gratuidad de las mascarillas", por lo que Grau pide otra investigación.

"Denuncié ante la OLAF estas extrañas operaciones, y tras varios meses y desconociendo también el contenido del expediente administrativo y las alegaciones de España a la queja, contestaron diciendo que todo se había pagado con dinero nacional y que, por lo tanto, no eran competentes para investigar nada", decía el oficio de este organismo firmado por un Capitán de Carabineros.

"Pero, sorpresivamente, si miramos los anuncios de las adjudicaciones de los contratos en el BOE, al final de los mismos se dice que se pagarán a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la UE o el fondo que se cree al respecto, por la citada Unión Europea", expone Grau. "Ergo, ¿quién miente o no dice la verdad, al respecto?", pregunta el letrado al fiscal en su demanda.

El Tribunal de Cuentas archiva el 'caso Ábalos'

En el escrito del Tribunal de Cuentas, al que ha tenido acceso elcierredigital.com, figura la oposición del Ministerio Fiscal a la acción pública de Ramiro Grau "al desprenderse que los hechos denunciados no han supuesto una vulneración de la normativa reguladora de la gestión económico-financiera de los fondos públicos, ni un menoscabo en bienes y derechos de titularidad pública", "no se aprecia desproporción entre el precio pagado y el precio de mercado", pues indica "las alusiones [de Grau] a la fijación máxima de los precios por el Gobierno no puede aplicarse al caso examinado, pues tales límites se establecieron con posterioridad a esos contratos".

En esta misma línea, el Abogado del Estado apela "al precio correcto de las mascarillas, fijado con anterioridad, la legalidad de adquirir mascarillas en el extranjero, y la necesidad de este material que se aplicó el uso sanitario".

Finalmente, el Tribunal de Cuentas concluye que "no se ha originado un menoscabo para el patrimonio público", "ni tiene competencia, sólo jurisdicción contable", respecto a "la presunta trama fraudulenta desarrollada por las autoridades públicas y las empresas intervinientes", denunciada por Ramiro Grau.

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