Anticorrupción pide 29 años de cárcel a ocho acusados de Defex por comisiones en la venta de armas a Arabía Saudí

La Fiscalía Anticorrupción que investiga el caso Defex ha descubierto que los empresarios españoles pagan desde 1991 comisiones a Arabia Saudi por exportar armas al país árabe.

El fiscal Conrado Saiz acusa a ocho personas físicas y cuatro empresas (entre ellas la propia Defex) de cinco delitos: Corrupción en las transacciones comerciales internacionales, delito continuado de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, falsedad documental y organización criminal.

A los principales acusados se les piden penas de 29 años de prisión, aparte de multas millonarias, como una de 45 millones de euros a Defex. La calificación fiscal llegó después de que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata propusiese juzgar a la empresa pública Defex, así como a su expresidente, a varios miembros de la cúpula empresarial, tres intermediarios y otras tres mercantiles por presuntas irregularidades en once contratos de suministro de material militar a Arabia Saudí suscritos entre 2005 y 2014, por importe superior a 48 millones de euros.

La empresa pública Defex, disuelta por el último Gobierno de Rajoy ante la imposibilidad de sobrevivir al escándalo, ya cuenta con unos 220 millones de euros desaparecidos de sus cuentas. Los últimos 100 precisamente se han descubierto hace relativamente poco, en la fase final de una de las ramas que se investigan, los 11 contratos de venta de armamento con Arabia Saudí. Aparte se han investigado contratos en Angola, Egipto y Camerún.

La Fiscalía Anticorrupción ha remitido este pasado miércoles su escrito de acusación por esa pieza relativa a Arabia Saudí en el caso Defex, donde se da cuenta de diversas prácticas corruptas en las transacciones comerciales internacionales desde 2005 hasta el 2014, pero con menciones a un periodo mucho más amplio, que se remonta al año 1991.

Arabia Saudí es uno de los grandes clientes de España en diversos ámbitos, sobre todo en infraestructuras (el AVE a La Meca) y material de defensa (corbetas de Navantia, carros de combate...). Respecto al material de Defensa la empresa semipública española Defex desplegó prácticas oscuras.

Protesta contra la venta de armas por parte de España.

Según relata el Fiscal Anticorrupción, Conrado Saiz, en su escrito dirigido al juez de la Audiencia Nacional Central de Instrucción número 5, José de la Mata, las investigaciones de estos años han acreditado que hubo 11 contratos en los que se pagaron sobornos a funcionarios saudíes, entre los que se ha identificado sin duda al que fue agregado militar en la Embajada de Arabia Saudí en España entre 2005 y 2014, Al Shamuary.

Álvaro Cervera, acusado

Tan claro está, que se tienen perfectamente trazadas las transferencias que recibió en cuentas españolas a su nombre. Esos pagos -y los demás- los realizaba Defex, pero no ya para conseguir contratos, como suele ser la práctica habitual, sino para pagar comisiones en nombre de la empresa privada que consiguió esos contratos a lo largo de los años, según la acusación fiscal.

Los agentes de la UCO de la Guardia Civil, que se han encargado de la investigación de estos 11 contratos, han descubierto una maraña de empresas pantalla repartidas por distintos paraísos fiscales cuyo único fin sólo podía ser despistar. El empresario privado acusado en esta pieza saudí es Álvaro Cervera, junto a los omnipresentes en toda la causa Manuel Iglesias Sarriá, José Ignacio Encinas y Ángel María Larumbe, antiguos responsables de Defex.

Según ha surgido de la investigación, fueron dos empresas las conseguidoras de los 11 contratos: Nytel Global y IKE. De estos 11 contratos que ahora son objeto de acusación, la Fiscalía explica que tres de ellos fueron conseguidos por Nytel y ocho por IKE. Y a esta última, Defence Development, la empresa del acusado Álvaro Cervera, pidió que se desviara dinero. Y ese dinero lo tenía que desviar directamente Defex.

Pero gracias a la figura de Cervera los investigadores han destapado que el fraude ha sido mucho mayor de lo conocido hasta ahora, ya que a raíz de los registros y la documentación examinada, se ha descubierto que desde 1991 Cervera era el agente de Defex en Arabia Saudí.

El juez José de la Mata dictó procedimiento abreviado, poniendo fin a las investigaciones que imputan a nueve personas, entre las que se encuentran el expresidente de la empresa Defex, José Ignacio Encinas Charro, y los exdirectivos Manuel Iglesias Sarria y Ángel Larumbe, la propia Defex y las mercantiles Defence Development, Nytel Global y Metapor delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, corrupción en los negocios, cohecho, blanqueo y organización criminal.

Comisiones no justificadas

De la Mata consideraba que Defex también pagaba comisiones "extraordinarias, irrazonables y no justificadas" a agentes intermediados, concretamente a Álvaro Cervera Pérez, Carlos Ques Blandigneres y Paula Alexandra Olveira y Silva, a quienes propone juzgar, que percibían a través de sus empresas como "meros parapetos para ocultar sus intereses personales".

El auto concluye que los responsables de dichas prácticas en Defex fueron los directivos responsables del contrato, Manuel Iglesias Sarria y Ángel Larumbe, "quienes mantenían el control de las operaciones y suscribieron prácticamente todos los contratos".

Para De la Mata, ha sido clave el papel de los tres intermediarios, que eran "en realidad los conseguidores de los contratos" y que los lograban "para sí y para Defex a cambio de enormes comisiones, absolutamente desproporcionadas (que en ocasiones llegaron incluso al 20% del valor) y que repartían entre los propios agentes y autoridades y funcionarios públicos saudíes".

"DEFEX suscribió contratos con este supuesto agente (Cervera Pérez) durante años y realizó en su favor pagos multimillonarios, sin tener formalmente la más remota idea de a quién estaba transfiriendo tales fondos y por qué razón, más allá de que Cervera Pérez les indicaba que esto era esencial para poder conseguir los contratos o para poder conseguir la ejecución de los contratos", añadía el juez en su auto.