EEUU amenaza a España si continúa adelante con la aplicación de la tasa Google al comercio por Internet

El ministerio de Hacienda ha señalado que no cambiará los planes para aprobar la tasa Google sobre la economía digital a pesar de las intimidaciones recibidas por parte del gobierno estadounidense.

El ministerio de María Jesús Montero ha recibido del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, una carta similar a la recibida por sus homólogos de Reino Unido, Francia e Italia donde anuncia que abandonará las negociaciones en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Steven Mnuchin advierte en la misiva que “si los países escogen cobrar o adoptar estos impuestos, EE.UU. responderá con las medidas proporcionalmente adecuadas”, tal y como ha adelantado el diario "Financial Times", lo que supone una amenaza velada a las decisiones económicas de los estados europeos . De hecho, la carta subraya que el gobierno de Donald Trump se opone totalmente a negociar la implantación de este impuesto en plano internacional. “EE.UU continúa oponiéndose a los impuestos digitales y otras medidas unilaterales parecidas”, sustenta Mnuchin.

Por el contrario, la postura de Hacienda española es continuar con la intención de aprobar de forma unilateral el impuesto. La tasa Google se encuentra en estos momentos en el Congreso de los Diputados, donde los grupos parlamentarios están presentando sus enmiendas parciales. Después de que la Cámara Baja aceptó continuar con su tramitación y rehusar las enmiendas presentadas por el Partido Popular (PP), Vox y Ciudadanos.

“Lamento mucho la decisión de EE UU de interrumpir las negociaciones internacionales sobre la fiscalidad de la economía digital. Espero que esto sea un contratiempo temporal más que una interrupción definitiva”, declaró el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni.

En España, María Jesús Montero, ministra de Hacienda defiende que es necesario buscar ingresos adicionales y aplicar una fiscalidad adecuada al sector digital. La ejecutiva cuenta con que a finales del año se llegará a un acuerdo común en la Unión Europea. Además, ratifica que el impuesto no está dirigido a empresas estadounidenses sino a compañías con una actividad tecnológica. De igual forma, Francia tendrá su tasa digital este año, confirmó Emmanuel Macron, presidente del país.

Por su parte el ministro de Economía de Francia, Bruno Le Maire, confirma que España, Francia, Italia y Reino Unido han contestado en una carta conjunta al secretario estadounidense cuando estaban “a un centímetro de un acuerdo”. Los cuatro países europeos validan “que queremos una tasación justa de los gigantes digitales en la OCDE lo más rápido posible”, ha replicado Le Maire.

La Unión Europea sigue con sus planes. Francia, al igual que el resto de socios europeos es partidaria de lograr una acuerdo internacional. “Es una cuestión de justicia y no vamos a ser los únicos. Hoy en día hay muchas países en todo el planeta, en particular en Europa –ya sea en Austria, Gran Bretaña, Italia o España- que quieren una tasa digital y que lo harán” porque “nadie puede aceptar que estos gigantes digitales se aprovechen de los 450 millones de clientes europeos y no paguen impuestos en los Estados en los que operan”, ha añadido Macron. 

El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, advertía un buen camino que aseguraba los trabajos para obtener un marco óptimo internacional. Sin embargo, ante la nueva situación hace un llamado a todos los países implicados a seguir negociando con el objetivo de lograr una solución global para finales de año.

La tasa Google está dirigida a empresas multinacionales tecnológicas. Con ella se busca aplicar una tasa del 3 por ciento a los servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados por información proporcionada por el propio usuario durante su actividad. 

En el año 2017 en España Google, Amazon, Facebook y Apple tributaron 24 millones de euros, cuando sus ingresos fueron evidentemente muchos más altos. Este tributo busca ingresar 800 millones de euros de las grandes tecnológicas, afectando a las empresas tecnológicas con ingresos anuales que superen los 750 millones.