La Audiencia Nacional reabre el 'Caso Vitaldent' tras haberlo archivado el pasado octubre

La Audiencia Nacional ha admitido este miércoles el recurso de apelación de la acusación contra el archivo de la causa de Vitaldent, que ha reabierto para que pueda ejecutarse el juicio oral contra el empresario uruguayo Ernesto Colman y medio centenar de personas de la antigua cúpula de la empresa por el presunto fraude de sus clínicas.

Como ha adelantado Efe, un auto de la Audiencia deja sin efecto la decisión del juez Manuel García Castellón que fue quien archivó en octubre una causa por no demostrarse la estafa y el blanqueo de capitales de la que se les acusaba. Todo comenzó en 2013 con una denuncia de una veintena de los franquiciados de Vitaldent a la antigua cúpula del grupo y por la que Colman pasó 15 meses en prisión preventiva por presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad documental, estafa y apropiación indebida.

El caso se archivó en octubre

A pesar de la decisión del juez en octubre, la acusación particular que dirige el despacho Rafael Franco Abogados presentó un recurso de apelación contra ese archivo y ahora la Audiencia ha decidido admitirlo para que el caso y los denunciados puedan juzgarse. De esta manera, devuelve la razón a los recurrentes y considera "atinados" los argumentos de las acusaciones al entender que existe una "concurrencia de sólidos indicios de comisión presuntamente delictiva derivados de la dinámica empresarial protagonizada por el entramado Vitaldent".

Tal y como subraya el auto expedido por la Audiencia Nacional, "en efecto, la larga investigación desarrollada ha significado originar un cúmulo de indicios sobre supuesta perpetración de hechos, posiblemente constitutivos de los tipos penales de pertenencia a organización criminal, defraudación tributaria, estafa, apropiación indebida y blanqueo de capitales".

Aunque el tribunal, la Sección 4 de la Sala Penal, no comparte las consideraciones del juez instructor del caso, reconoce que no termina de comprender "el drástico giro argumental" que se dio en octubre. Por otro lado, cree que la investigación llevada a cabo puso de manifiesto "la existencia de una unidad de propósito y dirección de los investigados que crearon y controlaban una estructura organizada con pretensiones de permanencia, dirigida por los encausados Ernesto Ramón Colman y Bartolo Conte".

Ha señalado también que, en este caso, cada uno de los implicados "protagonizaba un específico rol dentro de una operativa compleja, cuyo objetivo final era la comisión de fraudes masivos (de índole tributaria y contractual) y el blanqueo de los beneficios obtenidos". La Sala ha concluido que las concretas actividades desplegadas por los distintos investigados "pueden tener un evidente contenido jurídico penal". Por ello, cree que debe concederse a las partes acusadoras –la que entonces era la cúpula de la compañía– la oportunidad de acudir a juicio.