Otoño caliente para el Gobierno: 80.000 funcionarios exigen que Hacienda libere los 39 millones de euros que les adeudan

La norma publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de 22 de enero de 2020 era claro: Las retribuciones de los funcionarios "no podrán experimentar un incremento global superior al 2 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2019", sin contar el 0,25% adicional que se aprobó en junio de 2019. También se especifica que ese límite será "tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo".

A esa subida fija, se debería añadir otra variable -de hasta el 1%- siempre que el incremento del PIB en 2019 del el INE hubiera sido del 2,5% o superior. Algo que no ocurrió, ya que se situó en el 2 por ciento.  Si el crecimiento del PIB fuera inferior a ese 2,5%, el porcentaje máximo previsto (un 1%) se iría reduciendo de manera proporcional: Para un PIB del 2,4%, hubiera sido de un 0,8% de subida adicional; si fuese del 2,3%, se añadiría un 0,6% y así sucesivamente hasta un 2,1%, que sería una subida salarial del 0,2% adicional. Pero la norma no recoge nada en caso de que el alza del PIB fuera del 2% o inferior, algo que exactamente ocurrió. Así que lo funcionarios deberían tener una subida del 2 por ciento este año y punto.

María Jesús Montero, ministra de Hacienda.

El problema, como ha alertado esta semana la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) es que esa subida debía haberse ejecutado desde el 1 de enero, aún no se ha pagado a más de 80.000 empleados de empresas públicas: Paradores, Puertos del Estado, Aena, Navantia y Correos, entre otras. Sólo en empresas de la SEPI hay 70.000 empleados públicos. El otoño amenaza con ser caliente para el Gobierno si los funcionarios deciden convocar protestas para obtener sus justas reivindicaciones.

A todos estos empleados se les adeuda un total de entre 35 y 40 euros anuales, que anualmente significa unos 490 euros de media, que Hacienda debería liberar para cumplir la subida salarial del 2 por ciento pactada en marzo de 2018 para 2020. Este aumento salarial afecta a todos los empleados públicos, pero en las empresas del Estado no se ha llevado a cabo, tal y como vuelve a denunciar la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas.

Manifestación del CSIF.

CSIF entiende que la pandemia no es excusa porque la subida salarial de 2020 está firmada con dos años de anterioridad. De hecho, empleados de otras administraciones públicas ya la cobraron. De ahí que CSIF juzgue esta situación como una discriminación para los trabajadores de las empresas estatales que en muchos casos fueron declarados como esenciales durante el Estado de Alarma y que, "sin embargo, a la hora de recuperar derechos, siempre parecen el plato de segunda mesa", apuntan desde CSIF.

El Ministerio de Hacienda estudiaba ya en julio aplazar la subida de sueldo prometida a los funcionarios y hacerla en el año 2021. El motivo que alega, según denunciaba entonces el sindicato Comisiones Obreras, es que esta subida de sueldo a quien trabaja en un empleo público en la Administración, no estaba contemplada en los presupuestos. Unos presupuestos que todavía no se han aprobado y todos los datos indican que no se aprobarán tampoco y seguiremos con el presupuesto de Cristobal Montoro, último ministro de Hacienda en 2018 con Mariano Rajoy.

Donde dije digo...

Ahora, en septiembre las cosas han cambiado y el Gobierno ha cambiado el discurso. El Ministerio de Función Pública de Carolina Darias ya dice que los presupuestos de 2012 recogerán una congelación del sueldo de los funcionarios o una subida similar a la evolución de los precios que permita a los empleados públicos no perder poder adquisitivo.

La decisión no está tomada todavía y habrá que esperar a la presentación del proyecto de Presupuestos. La baja inflación como consecuencia de la grave crisis provocada por la pandemia —el IPC cerró julio en el -0,5%— permitiría que los casi tres millones de empleados públicos mantuvieran casi intacta su capacidad de compra si no reciben un aumento salarial.

Carolina Darias, ministra de la Función Pública.

Pero los presupuestos deberían llegar antes del 30 de septiembre, según marca la Constituición, pero este año parece una meta imposible de alcanzar. De momento, no hay negociación con los representantes de los empleados públicos para abordar esta cuestión.

No obstante, en el resto de ministerios económicos ya se están haciendo números para cuadrar los Presupuestos de 2021, pero 39 milones de euros en atrasos es mucho dinero. Normalmente, el gasto de personal, que recoge las remuneraciones a los empleados públicos, es una de las mayores partidas de los Presupuestos. En las cuentas de 2018, que aún están vigentes porque han sido prorrogadas durante dos años, esa partida ascendía a más de 32.000 millones si se incluyen los créditos para clases pasivas para financiar las pensiones de los funcionarios.

A favor del Gobierno juega que los precios están muy contenidos debido al parón de la actividad económica y la posterior crisis. Hasta julio, el IPC estaba en territorio negativo (-0,5%) y el consenso de analistas es que la evolución de los precios termine el año sin ninguna variación. En 2010, el anterior Gobierno de Zapatero redujo el sueldo de los funcionarios entre un 5% y un 7%. Durante los años siguientes y hasta 2016, ya bajo el mandato de Rajoy, vieron como su remuneración no mejoraba. Incluso en lo más crudo de la crisis, en 2012, el Gobierno del PP les retiró la paga extraordinaria de diciembre, que devolvió años más tarde.

Los empleados de las empresas públicas, además, arrastran una pérdida del poder adquisitivo de entre el 12,9 y el 17,9 por ciento desde 2010. De ahí la importancia de materializar la subida salarial firmada para este año con carácter retroactivo desde el 1 de enero cuando debía haberse hecho efectiva.

CSIF exige que Hacienda abandone su indecisión y se pronuncie definitivamente acerca de esta situación que afecta a más de 80.000 empleados públicos. Hacienda debería desembolsar algo más de 39 millones de euros para hacer frente a esta subida anual, un dinero que se antoja difícil de cobrar. 

El presidente de Gobierno Pedro Sánchez cobrará 84.845 euros al año, un 2,25% más que en 2019, al igual que el vicepresidente Pablo Iglesias que habrá percibido a finales de año 79.746,24 euros.