Consumo apoya la aplicación de un nuevo impuesto al reparto a domicilio en las compras online

Bibiana Medialdea, directora general de Consumo, cargo que pertenece al Ministerio de Consumo dirigido por Alberto Garzón, ve con buenos ojos la implantación de un nuevo impuesto que grave la actividad del reparto digital. Así lo ha confirmado en una entrevista concedida a EFE, en referencia a la medida que estudia el Ayuntamiento de Barcelona de imponer una tasa a las plataformas de comercio electrónico por el uso que hacen del espacio público al entregar los pedidos. Medialdea se refiere a esta medida “como una buena iniciativa” y como “una forma de visibilizar el coste medioambiental que está teniendo esta nueva modalidad de consumo que recae sobre todos”. Además, añade que “los impuestos sirven, no solo para recaudar, también para modificar los comportamientos nocivos. La fiscalidad verde sería una fórmula estupenda para gravar este tipo de consumo”.

El objetivo de la nueva norma sería favorecer la estructura del comercio tradicional y las pequeñas empresas a la vez que se gestiona el creciente impacto de las ventas online. De hecho, según un informe de eMarketer, durante el año 2020 las ventas a través del comercio electrónico experimentaron en España un crecimiento del 36%, convirtiéndose en el tercer mercado del mundo que más rápido ha crecido en este sentido. El confinamiento ha animado a nuevos consumidores a probar el canal online, al mismo tiempo que ha aumentado la frecuencia de la compra de los que ya lo hacían. Todo ello ha provocado un incremento del reparto de última milla, es decir, de los vehículos y profesionales encargados de hacer la entrega al destinatario final.

Con esta medida se pretendería además frenar la proliferación de automóviles que estacionan en la vía pública para llevar los paquetes hasta los domicilios.

Una furgoneta de reparto. 

Medialdea, además de mostrar su visto bueno al hecho de gravar esta modalidad de compra, ha resaltado la necesidad de potenciar el consumo responsable y sostenible, asegurando que desde el Ministerio ya han empezado a trabajar en campañas de concienciación para impulsar el consumo racional.

El modelo de Barcelona

La norma que prepara el Ayuntamiento de Barcelona quiere gravar el reparto a domicilio de las compras online con un canon a las firmas de venta por Internet por el uso intensivo de la vía pública y de los estacionamientos de carga y descarga. No obstante, el actual marco legal impide que la tasa sea formalmente un impuesto para evitar que sea considerada una ayuda del Estado a los sectores no incluidos.

Por ello, el Consistorio de Ada Colau aplicará a los operadores postales un coste adicional de estacionamiento para vehículos de tracción mecánica de más de dos ruedas que realicen una actividad de entrega domiciliaria de envíos. Asimismo, estudia reservar zonas, previa obtención de licencia.

La tasa, que sería por estacionamiento regulado en la vía pública para la entrega de envíos postales a consumidores finales, eximiría del gravamen la entrega de productos entre empresas, por lo que la medida afectaría directamente a las empresas postales cuando dicha entrega procede del comercio ‘online’.

El precio a pagar todavía es materia de análisis, pero sobre la tarifa se aplicaría una bonificación para los vehículos de cero emisiones, que podría situarse en los primeros bocetos de la normativa en torno al 10%. También se bonificaría el uso de centros de distribución urbana de paquetes.

No obstante, de replicarse este modelo a nivel estatal, resulta probable que, como en otras tantas ocasiones, las empresas terminaran por repercutir el coste de la tasa en sus precios y, por lo tanto, aunque se trate de una medida pensada para las grandes plataformas, finalmente fueran los compradores los grandes perjudicados.