La instalación de la mayor granja de vacas de Europa en un pueblo soriano siembra la discordia en Castilla y León

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) en favor de la implantación de macrogranjas en la Comunidad Foral de Navarra está marcando la agenda informativa del sector primario español.

Y es que el Gobierno de Navarra, de la mano de la consejera de Desarrollo Rural Itziar Gómez, salió al paso y anunció que prepara una regulación legislativa para evitar que se expanda una fiebre de macrogranjas.

Un modelo de negocio controvertido

El partido político Euskal Herria Bildu asegura el perjuicio de "este modelo de negocio de estas explotaciones, industrial, intensivo y negativo para la tierra, porque tienen problemas muy graves tales como el alto consumo de agua, posible contaminación de acuíferos por los purines y digestato, expulsión de gases efecto invernadero, malos olores".

Para Podemos, "una macrogranja podría suponer la estocada final para muchos ganaderos y ganaderas navarras, el aumento de la despoblación rural y un auténtico despropósito ecológico". Y la consejera Itziar Gómez ha asegurado que pretende "regular el tamaño de las explotaciones cuando esté directamente vinculado a la reducción de riesgos epidemiológicos".

Caparroso

La empresa Valle de Odieta consiguió en la citada sentencia que el TSJN revirtiera una resolución de 2018 que le impedía que una granja de Caparroso pasase de albergar 3.450 cabezas de ganado a alrededor de 7.000.

Los alcaldes de dos localidades vecinas, Mario Fabo (Marcilla) y Mari Carmen Segura (Villafranca), ambos de Navarra Suma (UPN, PP y Ciudadanos), también han mostrado su preocupación y han pedido al Gobierno navarro la "modificación de la actual Ley de sanidad animal para lograr así la necesaria seguridad jurídica al abordar la ubicación de instalaciones de estas dimensiones en la Comunidad Foral".

Cabe recordar que la empresa Valle de Odieta acumulaba hasta 2019 al menos once procedimientos sancionadores por infracciones medioambientales. Greenpeace aseguró entonces que "la macro explotación de Valle de Odieta en Caparroso es un atentado contra el medio ambiente".

"La nefasta gestión ambiental de esta explotación ha sido uno de los motivos para que el Gobierno de Navarra denegara su ampliación y debería ser más que suficiente para paralizar el proyecto de Noviercas. La cooperativa Valle de Odieta no es trigo limpio y no ofrece ninguna garantía de que vaya a cumplir nada de lo que pone en los papeles", añadía la ONG.

Noviercas

Valle de Odieta no solo pretende duplicar su macrogranja en Caparroso, sino que ha proyectado una instalación siete veces superior a la que tiene en Navarra en la localidad soriana de Noviercas, que cuenta con 154 habitantes censados. La citada empresa pretende construir en esta pequeña localidad la mayor granja de Europa y uno de las cinco mayores del mundo.

Skyline de Noviercas (Soria). Foto: Wikipedia. 

La intención de Valle de Odieta es contar con 23.000 cabezas de res en una nueva instalación. Podemos ha denunciado la falta de agua en la comarca del Moncayo para un negocio de estas características y ha acusado a la Junta de Castilla y León, gobernada por el PP y Cs, de hacer modificaciones legislativas "a la carta" para facilitar la instalación.

Discordia

Este proyecto empresarial ha sembrado la discordia en la provincia de Soria. Y más aún tras saberse que el Ayuntamiento de Noviercas, gobernado por el PP, ha decidido modificar su normativa para facilitar la instalación de explotaciones ganaderas de un tamaño importante.

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) para Castilla y León ha asegurado que llevará esta regulación a los tribunales y ha advertido de las consecuencias de una instalación con más de 18.000 vacas adultas que producirían 200.000 toneladas de leche anuales en una superficie de 154 hectáreas.

Según COAG, la luz verde al proyecto de Valle de Odieta en Noviercas hundirá los precios de la leche por su elevada producción, contribuirá a cerrar más de 400 explotaciones familiares en la región y, aunque creará 250 puestos de trabajo, provocará la destrucción de otros 700 empleos.