La AN rechaza que la firma de Emilio Saracho en documentos como presidente del Banco Popular no fuese suya

La denuncia afirmaba que la resolución de la JUR puede ser nula de pleno derecho de acreditarse la falsedad de los datos del informe del Deloitte Belgium, el uso de información privilegiada y coordinada para la retirada masiva de fondos del banco que provocaron las crisis de liquidez, y que la firma del presidente del Consejo de Administración, Emilio Saracho, de 6 de junio de 2017, en la que declaraba la supuesta inviabilidad, no fue estampada de su puño y letra.

Posteriormente, amplió su escrito para denunciar que la filtración de información de la JUR a una agencia de noticias provocó el pánico en los inversores, procediendo éstos a retiradas masivas, lo que tuvo como consecuencia la falta de liquidez.

En su auto, la juez María Tardón explica que una vez examinados los hechos expuestos en las denuncias y las diligencias que se piden, resulta que estas últimas ya han sido solicitadas al Juzgado Central de Instrucción 4 en el que el denunciante está personado como acusación particular. La magistrada señala que algunas de ellas le han sido denegada por impertinentes o, como ocurre con la firma de Saracho, ya constan las declaraciones de este último como investigado en ese procedimiento.

Sucursal Banco Popular. 

Por tanto, dice la instructora, los hechos denunciados se refieren a la filtración de información que provocó el pánico en los inversores, las retiradas masivas de capital y la falta de liquidez. En este sentido, dice la juez que estos hechos ya fueron denunciados y por el Juzgado Central de Instrucción 6 se incoaron las diligencias previas 65/219, con lo que está en el mismo supuesto que en dicho procedimiento y, por tanto, ante la incompetencia del órgano judicial para la investigación de los hechos, al no estar entre los supuestos contemplados en la Ley Orgánica del Poder Judicial para atribuir la competencia a la Audiencia Nacional.  

Saracho señalado por Ángel Ron

Tras esta decisión de la juez se complican las cosas parea Emilio Saracho, en el punto de mira después de que, el pasado 30 de octubre, el expresidente del Banco Popular Ángel Ron declarase en la Audiencia Nacional que el responsable de la quiebra de la entidad fue el propio Saracho, su sucesor en el cargo, que llegó a la presidencia aupado por el entonces consejero y accionista Antonio del Valle Ruiz y la también consejera Reyes Calderón, con la única intención de vender el banco.

Las fuentes jurídicas consultadas explicaron que Ron incidió durante su declaración en que Saracho, como experto en banca de inversión y no en banca comercial, llegó a la presidencia del banco con la única intención de venderlo a bajo precio, aunque dijo desconocer a quién y que por eso emitió la reexpresión de cuentas en coincidencia con la salida del consejero Pedro Larena el 3 de abril de 2017 haciendo caer el precio de la acción más de un 10 por ciento en una jornada.

Ángel Ron. 

Además, aseguró que su sucesor no quería gestionar la entidad y que, por eso, ni siquiera puso en marcha el plan trazado que estaba ligado a la ampliación de capital y que, en su opinión, habría salvado el banco porque era solvente. Para apuntalar esta tesis, contó al juez que el propio Saracho le dijo al poco de su llegada que, si no podía ampliar capital, estaba dispuesto a “montar una tómbola” con el Popular.

Sobre la entrada en sí de Saracho, la describió como un proceso tormentoso plagado de maniobras subrepticias y no exento de gritos ni de lágrimas. Según su versión, Reyes Calderón hizo el nombramiento sin tener atribuciones y con el empuje de Antonio del Valle detrás, que se había ido del consejo en noviembre de 2016 pero seguía teniendo apoyos dentro.