22 de abril de 2021
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FIN DE SEMANA

La Asociación Caracol del Taxi, de Ignacio Castillo, recabó todos los datos para presentarlos ante Hacienda que ha admitido la denuncia este día 15

Una plataforma denuncia en la Agencia Tributaria el fraude de 700 licencias de taxi y 86 VTC

Ignacio Castillo de la Plataforma Caracol de Taxi.
Ignacio Castillo de la Plataforma Caracol de Taxi.
Ignacio Castillo, presidente de la Plataforma Caracol del Taxi de Madrid, ha denunciado ante la Agencia Tributaria las supuestas "ilegalidades que se están cometiendo en nuestro ámbito de actuación y que tanto daño están generando no solo a nuestro sector, sino también a todos los contribuyentes, ya que son millones de euros las cantidades que circulan en DINERO NEGRO y que por tanto la Agencia Tributaria no puede controlar y fiscalizar".

En este sentido explica Ignacio Castillo que "existe una actividad dentro del sector del taxi, de arrendamiento y subarriendo de licencias que es claramente ilegal, según el decreto 74/2005 de 28 de julio, sobre el Reglamento de los servicios de Transporte".

Argumenta la Plataforma Caracol que las licencias del taxi se otorgan a personas físicas y que, por tanto, deben ser gestionadas y explotadas "por personas físicas y no por sociedades como en algunos casos se está dando. El artículo 17.5 del citado texto prohíbe expresamente el subarriendo, cesión o traspaso de las explotaciones de las licencias, estas deben ser explotadas por los titulares y por los trabajadores que tengan contratados, con su correspondiente contrato, nómina y pago de sus seguros sociales, y no por trabajadores que trabajen a destajo, cobrándoles un porcentaje de sus ganancias diarias, todo esto hace que se trabaje de una manera menos segura tanto para los trabajadores del taxi como para el usuario del taxi".

Castillo nombra en su denuncia a la sociedades "como Tridalagest, que se dedica al arrendamiento ilegal de unas 650 licencias de Taxi y VTC" y explica en su denuncia la manera de operar de estas sociedades: "La actividad comienza con la firma de un contrato de arras con el titular de la licencia, donde Tridalagest S.L. asume la gestión y explotación de dicha licencia. Ese contrato que le vincula con el titular de la licencia, es un contrato privado (de dudosa legalidad en sus clausulas) que no pasa por ningún registro público y por tanto, el acuerdo económico que se establece en él no se registra en ningún sitio. Tridalagest S.L. se compromete a pagarle entre 1.000 y 1.700 euros al mes al titular de la licencia de taxi. Para ello contrata a conductores haciéndoles trabajar más horas de las establecidas por convenio y cobrándoles, a su vez, un porcentaje de las facturaciones diarias. La distribución de la facturación diaria se realiza así: una cantidad se la lleva el titular de la licencia, para el conductor (supuestamente asalariado pero arrendatario en la práctica) alrededor de un 35% y el resto para Tridalagest".

La denuncia interpuesta por Caracol y admitida a trámite este día 15.

Además, la denuncia de la Plataforma Caracol advierte que "esta actividad ilegal, obliga a los conductores arrendatarios a conducir un número de horas muy elevado, (sobrepasando con mucho el máximo permitido por las normas laborales generales y propias del convenio del taxi) más de 16 horas, que no es sólo ilegal , sino peligroso para la seguridad del tráfico y para los usuarios del taxi (...)".

Nacho Castillo señala a los presuntos defraudadores, que serían los titulares de las licencias: "En muchos casos personas jubiladas y que en lugar de traspasar su licencia, dando continuidad al proceso lógico seguido hasta años anteriores, optan por desentenderse de sus obligaciones y ceden a ciertas empresas la gestión y explotación de la misma, favoreciendo las ilegalidades mencionadas anteriormente que, entre otras cosas, dan lugar a la elusión del pago de los impuestos correspondientes a las distintas partes".

También los conductores arrendatarios serían partícipes de este presunto fraude porque "tienen una nómina y base de cotización mínima y estándar, si trabajan (sin control horario) a destajo y cobran un porcentaje sobre su facturación diaria por lo que en la mayoría de los casos la cantidad que figura como salario en sus nóminas suele ser menor de la retribución real percibida, produciéndose con esto un agravio comparativo con el resto de contribuyentes asalariados, además de suponer una minoración de ingresos para la hacienda pública", añade la citada denuncia.

Por último, la tercera "pata" que soportaría el presunto fraude fiscal, serían las sociedades que gestionan los taxis  "al ser ilegal el arriendo de las licencias y que estas se gestionen por sociedades, las cantidades que ellas cobran, son cantidades que no se tributan", explica Castillo.

Las presuntas ilegalidades "han hecho que esta actividad sea muy lucrativa, generándose auténticas familias dentro del sector donde cada vez son menos los titulares de licencia que se dedican a trabajar su coche, surgiendo cada vez con más frecuencia titulares pasivos que son familiares de otros taxistas que se dedican a alquilar las licencias".

Un problema añadido para el sector ha sido la aparición de la COVID 19, ya que "son muchos los asalariados que estando en ERTE han continuado ejerciendo su trabajo, asunto que ponemos en su conocimiento para que inicien la pertinente investigación", añaden desde Caracol, que termina su denuncia exponiendo que "por todo lo expuesto en el presente escrito y en su anexo, solicitamos se tenga por presentado el presente escrito, a los efectos legales oportunos y se investiguen las personas, entidades y actuaciones que aquí se denuncian".

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